CHEC entrega carretera a Limón en tramos aislados

De los 104 km contemplados en el contrato, ya hay 19 km habilitados a cuatro carriles. Sin embargo, no se trata de un tramo lineal completo, sino de tres segmentos de carretera ubicados en el último tramo del proyecto y que presentan cortes abruptos donde el tránsito vuelve a reducirse a dos carriles y la señalización es defectuosa.

Adicionalmente, hay otros 15,8 km ubicados entre el cruce de Guápiles y el puente sobre el río Parismina que están terminados, pero que no existe claridad sobre si están abiertos oficialmente al tránsito o no. Pese a ello, en ese sector ya es común observar vehículos circulando contravía en ambos sentidos.

Dichos tramos se comenzaron a aperturar al tránsito en el pasado mes de mayo, a pesar de que la ruta no cuenta con calles marginales, pasos peatonales, accesos a rutas vecinales ni intercambios en la mayor parte del recorrido, que va desde Río Frío hasta Limón.

Además, a estas alturas la empresa CHEC solo ha completado 25 de los 33 puentes nuevos que debe construir y ha rehabilitado solo 9 de las 33 estructuras existentes en la vía. De acuerdo con el último informe de la supervisora Cacisa, el proyecto tiene un avance del 79%.

Ese documento, entregado a inicios de mayo a la unidad ejecutora, detalla que de los 24 puentes peatonales previstos, hay 20 en proceso pero ninguno se ha terminado, mientras que los pasos vehiculares superiores e intercambios tampoco se han completado. En tanto, se registra un 0% de ejecución en cuanto a los 18 accesos que deben construirse.

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El informe, además, detalla que hay 71 km terminados del lado izquierdo y 85 km del lado derecho, aunque no se especifica cuáles corresponden a rehabilitación de la vieja carretera y cuáles a obra nueva.

Según el cronograma vigente, CHEC tiene plazo hasta el 24 de marzo del 2024 para entregar el proyecto, pero todavía hay 300 expropiaciones pendientes. De hecho, en un recorrido realizado el pasado miércoles 31 de mayo, La Nación observó tramos donde ni siquiera se han empezado los movimientos de tierra.

En la sesión de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), del pasado 4 de mayo, el director de ese órgano, Mauricio Batalla, indicó al ministro de Obras Públicas, Luis Amador, que para ese momento había 15 km habilitados y que en los próximos días se tenía previsto disponer de otros 20 km.

Batalla atribuyó la lenta ejecución de obras a los atrasos en el pago de facturas por parte de la Administración, lo cual según dijo “hace que las obras no vayan a la brevedad como nosotros quisiéramos”.

Peligros acechan a usuarios

Tras conocer el informe sobre el estado del proyecto, la representante de la asociación de carreteras y caminos, Leandra Quesada Alpízar, manifestó en la sesión posterior una serie de inquietudes respecto al tema de las debilidades en la señalización de la ruta 32.

La semana pasada, Quesada dijo a este diario que esas falencias también fueron atribuidas a la falta de recursos por parte de la empresa, pues cuando se hizo el reclamo CHEC se escudó en los atrasos de pagos.

Quesada manifestó que “algunas de las observaciones” han sido subsanadas, pero reconoció que aún existen segmentos de la vía donde no existen indicaciones que permitan a los conductores enterarse de que hay desvíos cercanos o que finalizan los carriles ampliados.

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“Hay tramos donde si usted no es usuario frecuente no se da cuenta si puede ir a contravía o a cuántos metros están los desvíos. También hay problemas con la iluminación, lo cual es un riesgo porque hay diferentes desniveles”, advirtió.

Al respecto, la unidad ejecutora del Conavi aseguró contar con un estudio hecho por Ingeniería de Tránsito, en el cual se establecieron una serie de recomendaciones técnicas asociadas a la seguridad vial.

“Nos estamos dando a la tarea de recopilar esas recomendaciones e identificar qué se requiere para implementarlas mediante un mecanismo de control de campo, así como determinar la frecuencia de las medidas, de forma que podamos conocer cuáles de las recomendaciones necesitan seguimiento diario, semanal o mensual”, indicó la unidad ejecutora.

Según detalló, mientras se definen las medidas, personal realiza recorridos durante el día y la noche para verificar el adecuado funcionamiento de las barreras colocadas en la vía y banderilleros manejan los pasos peatonales. No obstante, admitió que se han dado inconvenientes.

“Tenemos el reto de estarlos colocando una y otra vez los dispositivos de seguridad ya que los mismos vecinos los quitan para transitar por pasos o zonas no habilitados”, añadió.

Un equipo de La Nación constató, el miércoles anterior, el caos vial que se genera en algunos de los tramos del proyecto. Por ejemplo, en el trayecto a cuatro carriles entre Guápiles y Parismina se observaron vehículos que viajaban contravía en ambos sentidos de la vía, ante la falta de señalización.

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Durante el recorrido, se observó también a vehículos “devolviéndose” varios kilómetros por el carril contrario a la circulación, para acceder a fincas y negocios del otro lado de la ruta, o bien atravesando los cuatro carriles para cruzar de un lado a otro de la vía.

Tal situación fue advertida por el jefe de Tránsito de Siquirres, Henry Avendaño, quien apuntó que actualmente no solo se enfrentan a las deficiencias en señalización, sino también al irrespeto de la ley y falta de cultura de parte de los usuarios.

“La gente no acata, algunos por pereza, otros por ignorancia o costumbre; ya hemos tenido accidentes porque es común encontrar vehículos en contravía”, manifestó Avendaño.

El funcionario también cuestionó la ubicación de los puentes peatonales pues sostuvo que en algunos sectores fueron colocados lejos de los centros de población, lo cual hace que muchas personas prefieran arriesgarse a cruzar la carretera por otros puntos.

“Ya hemos tenido varios atropellos y muertes de peatones. Antes, para la gente era muy sencillo cruzar porque eran dos carriles; hoy en día son cuatro carriles y cada uno es más amplio que los que existían”, indicó.

Una de las comunidades más afectadas por el tema de la falta de puentes es Pocora, donde las estructuras para el paso de peatones quedaron a más de 800 metros del centro del pueblo, el cual quedó dividido por la carretera.

Victor Cubillo, representante de la asociación pro-puente peatonal, relató la lucha que han llevado en los últimos meses para exigir la instalación de otro paso más cerca.

“Se han presentado cartas y videos sobre la gran problemática que tenemos. La ruta 32 pasa en el puro centro; tenemos escuelas que quedaron divididas, colegios, la clínica está del otro lado. Es indispensable que la gente cruce de lado a lado porque unos servicios quedaron del lado norte y otros del lado sur y en ambos sectores hay poblaciones”, explicó.

Indicó que hasta ahora lo único que han logrado es la presencia de oficiales de Tránsito en la hora pico para ayudar a cruzar a los estudiantes y una banderillera durante el resto del día.

María Calero, vecina de Pocora, cruza a diario por la carretera para llevar a sus dos hijos a la escuela y luego para regresar con ellos a la casa. Su preocupación es grande.

“Siempre me la tengo que jugar con los chiquitos a ver si me dan paso, es muy peligroso. El puente se necesita más aquí porque uno tiene que cruzar para todo”, aseveró Calero.

De parte de los conductores, una queja recurrente tiene que ver con la falta de retornos en la vía, pero también critican la falta de señalización. Brandon Villalobos, quien es transportista de carga, aseguró que la ausencia de demarcación y rótulos eleva el riego cuando se conduce bajo lluvia o por la noche.

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“Hay lugares donde no está marcada la raya amarilla en la calzada y es difícil, no hay señales que anticipen el cierre”, agregó.

El proyecto de ampliación de la ruta 32 dejó por fuera del contrato original una serie de obras complementarias que buscaban, precisamente, asegurar la seguridad vial de las decenas de comunidades que son atravesadas por la carretera.

Se estima que dichas obras representarían una inversión de $150 millones. El gobierno actual realiza una serie de estudios y rediseños en la infraestructura que fue planteada por las mismas comunidades a fin de bajar ese costo.

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En repetidas ocasiones, tanto el jerarca del MOPT, como el director del Conavi han indicado que el proyecto se encuentra desfinanciado. Estimaron que para terminar la obra y cubrir los reclamos presentados por la empresa se requieren entre $300 millones y $350 millones. Hasta ahora no se ha indicado de dónde saldrían esos recursos.