EscucharEl Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) aprobó una orden de modificación al contrato mediante el cual se construye la carretera de Circunvalación norte, con el fin de dividir el proyecto en cinco unidades funcionales y fijar un plazo de entrega y costo para cada una.
Anteriormente, el proyecto ya había sido dividido en secciones para evitar atrasos en la orden de inicio, ocasionados por expropiaciones y permisos. Ahora, según explicó a Telenoticias el director ejecutivo del Conavi, Mauricio Batalla, lo que se pretende es exigir al consorcio a cargo entregar cada etapa en una fecha específica.
Ese consorcio está conformado por las empresas H Solís y La Estrella.
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Batalla explicó que la empresa tendrá tres días para presentar recursos de apelación. De no haber impugnaciones en ese periodo, la adenda adquiriría firmeza el próximo lunes y, por lo tanto, empezarían a correr las multas.
Dichas sanciones alcanzarían los $5.000 diarios en las secciones más atrasadas y hasta $150.000 mensuales.
“Más que cobrar multas lo que queremos es abrir a la brevedad la Circunvalación”, declaró Batalla.
El funcionario aseguró que en este momento solo faltan “pequeños detalles”, como señalización vertical y horizontal y sustitución de tramos de asfalto que no pasaron las pruebas de calidad. Esa es la situación en las cuatro secciones que unen la ruta 32 con la Uruca.
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Entretanto, la quinta etapa, que va de la ruta 32 a la intersección de Guadalupe, tiene poco más del 50% de avance y debería estar lista a inicios del 2024. Esta última fase se construyó por otra adenda al contrato.
De acuerdo con Batalla, en los últimos días han notado un incremento en las labores de las constructoras, a fin de completar los detalles pendientes para la habilitación de los primeros 4,1 km.
Anuncio de multas
La semana pasada, el Conavi había anunciado que para esas cuatro secciones, se establecería como fecha límite de entrega este 16 de mayo. Para eso se ampararon en un criterio de la Contraloría General de la República que, según el jerarca, les dio potestad de incluir una adenda unilateral al contrato para subdividir el proyecto en cinco unidades funcionales y aplicar multas por los atrasos en cada una.
Desde finales de abril, tanto el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, como el director del Conavi habían anunciado la intención de aplicar las sanciones, aunque el mecanismo no era claro.
El 23 de abril, Batalla declaró a la prensa que la unidad funcional I (tramo de la Uruca a Quebrada Rivera, en León XIII) debía estar concluida en dos días o se sancionaría al contratista con $50.000 por día.
Esas afirmaciones fueron respaldadas por Amador, quien luego se desdijo y aseguró que estaban a la espera de documentos para determinar si se podían aplicar las multas.
Posteriormente, en conferencia de prensa, el 27 de abril, Batalla achacó la dificultad de aplicar las sanciones a una apelación presentada por el contratista.
La Nación consultó este viernes a Batalla sobre el procedimiento a seguir para aplicar las multas, así como los plazos y montos. Igualmente, se solicitó conocer el acuerdo votado por los miembros del Consejo de Conavi que avaló la orden de modificación, pero se está a la espera de respuestas.
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El proyecto de Circunvalación norte arrastra más de 1.500 días de atraso, desde que recibió la orden de inicio, en setiembre del 2017. Las demoras fueron inicialmente justificadas por errores en diseños, expropiaciones y traslados de servicios públicos.
Hace un año, días antes del cambio de gobierno, la anterior administración anunció que las cuatro secciones quedaban con un avance superior al 90% y podían ser habilitadas en agosto del 2022.
No obstante, en este último año el Gobierno ha justificado la no apertura de ese trayecto por al menos seis razones distintas, sin que actualmente se tenga una fecha precisa de su apertura.
Esta obra permitiría reducir el viaje entre Tibás y la Uruca, de 40 a 5 minutos en horas pico.
