En una conferencia de prensa llena de contradicciones, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, y el exasesor legal de esa entidad, Eduardo Mora, defendieron la legalidad del proceso que le costó el puesto al ahora exministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador Jiménez y al director de Aviación Civil, Fernando Naranjo.
Aunque el presidente Rodrigo Chaves Robles citó las irregularidades en el proceso de contratación para reparar la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia, como la razón para remover al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ; el exabogado de la CNE, quien tuvo a cargo la revisión de la licitación, aseguró que en este tipo de procesos siempre se trabaja en conjunto entre ese ente y la unidad ejecutora del ministerio o institución correspondiente.
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Mora admitió que, si bien la unidad ejecutora (en este caso, Aviación Civil) es la que determina los detalles de las obras, a la CNE le compete gestionar el proceso de contratación. Durante la ejecución, enfatizó, el trabajo es conjunto.
“No hay un divorcio ni hay una autonomía completa de la unidad ejecutora sino que la unidad ejecutora debe trabajar con la unidad de gestión de procesos de reconstrucción”, dijo.
En la primera parte de la conferencia de prensa convocada por la CNE, el abogado señaló que los términos de referencia de la contratación fueron redactados por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y el MOPT y, posteriormente, reconoció que estos términos eran conocidos “desde el inicio” por la CNE.
A pesar de que Mora aparece como responsable de la revisión del contrato, el abogado dijo que “partieron de la base de que los términos eran los correctos” porque los suministró el ente competente.
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En relación con los cuestionamientos sobre los requisitos elaborados a la medida para favorecer a la empresa MECO, el exasesor legal aseguró que las apelaciones realizadas por las empresas que quedaron fuera del proceso, nunca estuvieron dirigidas a refutar ese requisito y fue por esas razones que tales recursos fueron rechazados.
Durante la hora que duró la conferencia, Mora y Picado insistieron en la validez de incluir las obras en el aeropuerto guanacasteco en el decreto de emergencia pese a los cuestionamientos e informes que refieren que el daño en la pista no fue causado por la tormenta tropical Bonnie. Además, aseguraron que el proceso de contratación estuvo apegado a la legalidad en cada una de sus etapas.
Sin embargo, a pesar de que los términos de referencia que supuestamente favorecían a MECO forman parte del proceso, Mora aclaró que el elemento que generó controversia no invalidaba la adjudicación, ya que estaba dentro de las condiciones establecidas por la Administración.
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Ni Mora ni Picado reconocieron tener responsabilidad política en el caso e insistieron en separar las consideraciones legales del proceso de la responsabilidad política atribuida por Chaves a Amador y Naranjo.
“No nos estamos apartando de la responsabilidad que nos ha tocado en este proceso. Por eso, viendo a los costarricenses a los ojos, somos transparentes y asumimos la responsabilidad que nos correspondía en este proceso y lo hemos hecho de manera excelente, lo hemos hecho como nos ha correspondido hacerlo”, concluyó el jerarca de la CNE.