EscucharEl Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ya acordó dejar fuera del proyecto integral de ampliación de la vía a San Ramón, al Fideicomiso Ruta 1 del Banco de Costa Rica (BCR), que hasta ahora venía desarrollando una serie de obras impostergables a lo largo de ese corredor, las cuales eran consideradas como la fase previa a la ampliación de esa carretera.
Así lo dio a conocer el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, quien aseguró que ya se tiene el borrador de la adenda tres de este proyecto, en la cual se incluye, una reducción de honorarios para la unidad administradora, así como el ajuste en el alcance de la obra, en la cual se elimina la parte del proyecto integral. Además se quita el monto de estructuración del proyecto, el cual fue estimado en $10,5 millones.
De acuerdo con el ministro, la adenda únicamente debe ser ratificada por la dirección jurídica del Conavi para posteriormente enviarla al Banco de Costa Rica, donde espera tener respuesta en unos diez días.
Amador adelantó que los acuerdos incluidos en la adenda ya fueron discutidos verbalmente con representantes del banco estatal.
El finiquito
A finales de junio, el jerarca, acompañado del presidente Rodrigo Chaves, aseguró en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que buscaría finiquitar el fideicomiso con el Banco de Costa Rica, alegando los altos salarios de los funcionarios de la unidad ejecutora.
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En esa ocasión, el jerarca del MOPT sostuvo que en la unidad administradora hay personas que ganan salarios de ¢1 a ¢11 millones ($16.000). y añadió que el BCR recibe un pago por honorarios de $75.000 mensuales y, además, en una adenda al contrato, se le permitió $38.000 más por ese concepto, así como otros $150.000 por constituirse en Unidad Administradora de proyecto.
Sin embargo, de acuerdo con el Fideicomiso Ruta Uno, el salario más alto entre sus 23 empleados es de ¢6,4 millones ($9.300) y en total los costos administrativos corresponden a un monto mensual fijo de $147.438.
Un mes después de ese anuncio, el jerarca bajó el tono a ese plan y aseguró ante los diputados de la comisión de la provincia de Alajuela, que solo quería “jalarle las riendas” a ese ente y que había acudido a esa advertencia del finiquito, para lograr sentarse a negociar con el banco.
“No se quiere retrasar la obra, lo que se quiere es jalarle las riendas (al Fideicomiso) y que se ajusten las cosas, pero si ellos no quieren hacer eso entonces el plan B es que ellos terminen la fase preoperativa, sacar todas las expropiaciones, seguir con todo tal y cual, y no sé si la figura de concesión será la adecuada, pero en paralelo buscar otra figura para hacer las cosas. Yo no quiero afectar la obra, pero el finiquito fue el jalonazo de riendas para que ellos reaccionen y estén dispuestos a negociar”, dijo Amador en esa comparecencia.
Durante esa audiencia, el jerarca también reconoció que el finiquito podría representar penalizaciones económicas, por lo que a su criterio la adenda resultaba más viable.
Hasta ahora, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no ha detallado cuál sería el modelo a seguir en caso de concretar el finiquito. Es decir, se desconoce si se volvería a procurar concesionar la carretera, crear un nuevo fideicomiso o realizar una contratación tradicional con un financiamiento externo.
La intención del Ejecutivo es que el Fideicomiso concluya la fase preoperativa que incluye la construcción de las llamadas Obis, entre las que se contempla la ampliación de puentes a lo largo de la ruta, así como la construcción de varios intercambios.
Obras hechas
Hasta ahora, el Fideicomiso ha entregado las obras del lote uno: el Conector Barreal – Castella, el paso a desnivel Firestone y la ampliación de tres puentes en la General Cañas, las cuales costaron $23 millones.
Además se mantienen contratos suscritos para la construcción de un segundo lote donde se incorporan la ampliación del intercambio con la Circunvalación, a su paso por el Monumento al Agua y el puente sobre el río Torres.
Los estudios de factibilidad elaborados por el BCR arrojaron que para completar la ampliación de los 60 km de carretera se requería una inversión de $740 millones, de los cuales $110 millones serían considerados como aporte estatal, pues es lo que se está invirtiendo en las llamadas obras impostergables.
Según lo estimado por ese ente, viajar de ida y vuelta entre San José y San Ramón costaría al menos ¢3.600 en peajes.
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