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El auditor general del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Reinaldo Vargas, aseguró que desde el 2013 las distintas administraciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) conocían sobre presuntos actos irregulares de algunos funcionarios.
Vargas también afirmó que a pesar de las sospechas y las alertas, nunca se concretaron despidos.
El funcionario se refirió al tema, este jueves, durante una comparecencia ante la comisión especial legislativa que investiga presuntos hechos de corrupción con obras viales.
Dicho foro fue conformado luego de que trascendiera la causa judicial por el llamado Caso Cochinilla.
El auditor se refirió a las situaciones específicas de dos gerentes que ya están pensionados, sobre los cuales él había presentado relaciones de hechos sobre irregularidades.
Tales informes, detalló Vargas, fueron trasladados al Consejo de Administración del Conavi y a la Contraloría General de la República.
Uno de los casos se relaciona con el ahora exgerente de Contratación de Vías y Puentes, Johnny Barth Ramírez, a quien el expediente del Caso Cochinilla señala como uno de los funcionarios que habrían favorecido a empresas para obtener contratos de conservación y agilizar trámites de facturas.
Vargas incluso aseveró ante los funcionarios que recibió amenazas de ese funcionario, aunque no quiso profundizar en su denuncia.
Barth, según el auditor, llegó a ser despedido, pero luego fue reinstalado por orden del Tribunal Contencioso Administrativo. Fue así como siguió en el cargo hasta que se pensionó en el 2019.
Tampoco prosperaron investigaciones contra el ahora exgerente de Adquisiciones y Finanzas, Carlos Solís Murillo, mencionado en informes de auditoría desde hace casi una década.
Según el expediente judicial, Solís Murillo era la línea directa con las constructoras para agilizar el pago de facturas, facilitar información y otros ilícitos dentro del Consejo, mediante el pago de dádivas.
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“Desde el 2013 hemos venido con relaciones de hechos donde figuran la mayoría de personas que, dice la prensa, han estado (siendo investigados) por situaciones de contratación o por situaciones administrativas”, afirmó el auditor.
Sin embargo, reiteró, estos funcionarios solo han recibido sanciones administrativas.
“Para mí los procesos tienen que ser más rápidos (...). Siempre hacemos las advertencias de que se tengan presentes las prescripciones, pero muchas de esas relaciones de hechos, por lo menos dos donde se han abierto los procedimientos, se han caído por prescripciones o por inacción de las administraciones”, sostuvo.
De acuerdo con Vargas, por normativa, el único que puede dar trámite a los procesos disciplinarios es el jerarca del MOPT, pero en ocasiones los documentos demoran hasta un año, desde que son remitidos a ese despacho hasta que se les comienza dar trámite.
Desvío de recursos
En julio del 2020, la Auditoría del Conavi advirtió al Consejo de Administración de faltantes presupuestarios y atrasos en trámites presupuestarios.
Así se desprende de uno de los documentos que leyó el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, durante el tiempo que tenía asignado para hacerle consultas al auditor Vargas.
Según indicó Villalta, en ese oficio se hace referencia a los desvíos de recursos correspondientes al superávit específico de la institución. En el documento, dijo, figuraba en varios párrafos el exgerente de adquisiciones Carlos Solís Murillo.
El auditor confirmó que ese oficio se remitió luego de que detectaran movimientos presupuestarios que no se apegaban a la normativa.
“Dentro del documento que remitimos al Consejo indicamos la normativa que podía estarse violentando y le indicamos que procediera con acciones disciplinarias”, aseveró.
Sin embargo, dijo no tener conocimiento de que se tomaran acciones correctivas por parte de ese órgano superior.
El auditor también reveló a los legisladores que ha enfrentado dificultades para tener acceso a la información, lo cual obstruye su labor.
Sobre este hecho, indicó que el 90% de los problemas están relacionados con contratos de conservación.
Al consultársele directamente si la persona que no les daba la información es el gerente de conservación de vías y puentes, Édgar Meléndez Cerda, el auditor contestó afirmativamente.
Meléndez también aparece mencionado en el Caso Cochinilla.
Frente a esas y otras declaraciones del auditor, los diputados criticaron las acciones insuficientes o débiles para frenar las anomalías detectadas.
Tobías Arce pasaba 8 horas al día en el Conavi
En la comparencia, también se mencionó la situación de Tobías Arce Alpízar, quien es señalado en el expediente judicial del Caso Cochinilla como el supuesto intermediario entre las empresas constructoras y el Conavi.
Según las investigaciones, él permanecía más de ocho horas al día en la sede del Consejo. Eso ocurría desde el 2011.
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De acuerdo con Vargas, ese año se hizo una advertencia sobre el uso de carné, precisamente porque a su llegada notó que Arce Alpízar pasaba todo el día en las oficinas de la institución.
Sin embargo, a pesar de las recomendaciones de que se limitara el ingreso solo a personas con carné y que se registraran los visitantes, Arce Alpízar pasaba como uno más, pues hasta tenía una relación de confianza con los guardas de seguridad.
“Tratamos de convencer a los directores ejecutivos del momento que eso no era conveniente, el caso más claro era este señor Arce (...). La Administración decía que no tenía la potestad legal para impedir el ingreso.
“A uno le llama la atención que alguien pase tanto tiempo en la institución y específicamente cuando tratamos de minimizar ese ingreso, teníamos cierta aversión a ese tipo de situaciones”, añadió.
Otros hallazgos
El funcionario del Conavi citó, además, una serie de hallazgos sobre los cuales se ha llamado la atención en los últimos años.
Por ejemplo, dijo, a su criterio los programas de trabajo no están siendo una herramienta de control efectiva, pues lo que se indica en los documentos no refleja la realidad de lo que se encuentran en las inspecciones.
También han detectado que inspectores de campo de los administradores viales se presentan en proyectos de obra nueva, cuando su función está limitada a fiscalizar los contratos de conservación.
Asimismo, añadió que han identificado personas que trabajan un año como administrador vial, al año siguiente con un contratista y luego se convierten en funcionarios del Conavi.
