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El próximo 30 de setiembre el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) decidirá si la empresa Grupo Orosi sigue al frente de los trabajos de asfaltado de la carretera a Monteverde.
El director del Conavi, Mario Rodríguez aseguró que si para esa fecha la empresa no cumple con un cronograma de trabajo al que se comprometió, ese consejo iniciará inmediatamente el proceso de rescisión del contrato.
“Con el contratista tenemos un factor que nos puede llevar a romper el contrato con él, que es que estaba atrasado con el pago de impuestos (...) la empresa nos dijo que el problema ha sido un problema de flujo de caja”, explicó Rodríguez.
De acuerdo con el jerarca la empresa presentó certificaciones de arreglos de pago con Tributación y garantías de que dos bancos les facilitarían el capital de trabajo y el dinero para ponerse al día.
Además, se comprometió a terminar para abril el asfaltado de los 17 kilómetros de la carretera entre Guacimal y Santa Elena de Monteverde.
“Él tenía plazo para terminar el proyecto la primera semana de enero del año entrante, entonces nos trae un plan de trabajo que dice yo no termino en enero, termino en abril, si él cumple cada una de las cosas que dice, yo tengo un riesgo calculado, él sabe que Conavi le va a cobrar multas a partir de la primera semana de enero hasta abril por sus atraso.
“Me presenta un plan muy agresivo con un importante movilización de equipo de construcción en la obra desde el martes (de la semana pasada)” y una constancia de que había resueltos sus problemas”, dijo el funcionario.
Según Rodríguez, el consejo valoró los pros y contras de dar este ultimátum a la empresa y el tiempo que podría llevar de más el romper el contrato.
“Iniciar un proceso donde quito un contratista y tengo que empezar un nuevo proceso de licitación, eso me lleva cierto tiempo (...) a juicio de nosotros si él de veras saca la musculatura constructiva que dice que va a sacar el martes, empieza a trabajar con esa intensidad para terminar en abril, eso es preferible a hacer una rescisión que no se sabe cuanto se nos lleva”, añadió.
El director del Conavi fue enfático en que la administración llevará un estricto control mes a mes para verificar que se cumpla lo programado.
“En setiembre tiene que mostrarnos dos cosas radicales, empieza a mostrarnos que hay la cantidad de maquinaria que me ofreció con operadores y con el diésel que requiere y que a final de setiembre ha hecho la cantidad de obra que nos dijo que iba a hacer. El consejo decidió que si eso no se cumple asumimos el riesgo de que el proceso de liquidación del proyecto se tiene que dar, no hay más allá que el 30 de setiembre”, recalcó.
José Luis Vargas, representante de la comisión pro carretera, aseguró que todavía hay cierto nivel de incertidumbre sobre si la empresa va a cumplir, por lo que están atentos al avance prometido.
Añadió, que durante esta semana han visto una ligera reactivación de las obras.
“En consideración al atraso grande que puede haber para la obra al seguir el otro camino, nosotros estamos de acuerdo con que se le dé esta oportunidad, pero si no es así nosotros vamos a poner toda presión ante el Conavi para que se proceda con la finalización del contrato”, dijo.
Vargas coincidió en que las siguientes dos semanas serán críticas para el proyecto.
Actualmente la empresa Grupo Orosi trabaja en tres frentes: la construcción de cunetas y aceras, la colocación de materiales de subbase y la preparación de materiales de la base.
El mes pasado, se dieron a conocer los inconvenientes con la empresa, así como problemas con los materiales que fueron detectados por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
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Ese ente detectó que el material que se colocaba en la subbase de un tramo de la vía presentaba carencias de durabilidad y resistencia.
Ante esto el Conavi le ordenó a la empresa retirar el material.
Los trabajos de asfaltado iniciaron en junio del año pasado y debía estar listos al finalizar este año.
El asfaltado de los 17 kilómetros de carretera tiene un costo de ¢6.300 millones e incluye el pavimentado de la vía, la construcción de muros de estabilización, colocación de base de carpeta asfáltica, señalización horizontal y vertical y sistemas de protección de seguridad vial.
Además, se deben intervenir 23 puntos con problemas de inestabilidad de taludes, incluida una falla geotécnica que se activó en el kilómetro 13, tras el terremoto de Sámara del 5 de setiembre del 2012.
Un problema de varios años
Los vecinos de Monteverde llevan esperando por la carretera más de una década.
Anteriormente el proyecto había sido ofrecido en el 2014 cuando el entonces ministro de Obras Públicas, Carlos Segnini, prometió que se licitaría en el 2015.
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Una promesa similar se hizo en el 2013, cuando el jerarca del MOPT del momento, Pedro Castro, aseguró que para lograr el tan ansiado asfalto buscaría variar un contrato de ¢1.000 millones para relastreado de la vía y aumentarlo a ¢4.700 millones necesarios para el pavimento.
En el 2011, el exministro Francisco Jiménez fue más cauto y ante constantes manifestaciones vecinales, aseguró que harían las mejoras necesarias a la vía para que los vehículos livianos pudieran transitar sin problemas, eso sí manteniéndola en lastre.
En el 2008, durante la gestión de Karla González también se prometió a los vecinos que la carretera sería completada hasta Monteverde en el 2009.
