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El Consejo Administrativo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) dejó en firme, la noche de este jueves, la decisión de no renovar los contratos de conservación de las rutas nacionales, que en su mayoría tienen las empresas MECO y H Solís.
Así lo confirmó el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez, quien explicó que actualmente dichos contratos están suspendidos, pero en algunos casos todavía les restan algunos días de plazo.
La idea, dijo, es dejar vencer esos compromisos, para que no recaiga ninguna responsabilidad en el Estado.
Méndez añadió que ante esa situación se ven obligados a buscar una “modalidad distinta” para la atención de la red vial.
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“Empezamos a discutir algunas iniciativas, esto lo vamos a superar, vamos a pasar por momentos muy difíciles; el tema es que ya no lo podemos resolver como lo resolvíamos”, aseguró luego de la sesión de este jueves.
Durante la reunión, además, se nombró a tres de los cinco funcionarios que conformarán el órgano interventor del Conavi.
El jerarca del MOPT precisó que uno de ellos es el actual viceministro de Infraestructura y director interino del Consejo, Tomás Figueroa Malavassi; los dos restantes son funcionarios ajenos al Ministerio.
El titular explicó que en el caso de los dos puestos faltantes, se debió dejar el nombramiento para la próxima sesión, debido a que deben realizar ajustes legales en los cargos que desempeñan, para que puedan ejercer las tareas que les exigirá este órgano.
A los que ya integran esta comisión se les pidió informar, en el plazo de una semana, sobre los procedimientos que utilizarán para dar seguimiento a los mandatos establecidos.
Investigación será para todos
El ministro dijo que la pesquisa que está por emprender este grupo abarcará todos los procesos y funcionarios dentro de la institución y no solo aquellos que actualmente figuran dentro de la investigación judicial como parte del llamado Caso Cochinilla.
“Todo va a investigación y hay que revisar inclusive las potestades que se tienen, para actuar con mayor rigidez y menos tolerancia”, aseveró.
Méndez reconoció que la detención de gerentes y jefes dentro del Consejo sí ha afectado la operación en los últimos días, además de que la institución estuvo cerrada toda la semana anterior debido a los allanamientos; sin embargo, dijo que esto es “solo el arranque”, pues la idea es que estas decisiones desemboquen en la “limpieza que hay que hacer, no solo en lo que está en procesos judiciales”.
Las investigaciones que lleva adelante el OIJ por la presunta corrupción que derivó en la malversación de miles de millones de colones de fondos públicos, mantiene a 28 personas detenidas a la espera de que se determinen medidas cautelares.
Entre los sospechosos se encuentran 14 funcionarios; de ellos, 13 son empleados del Conavi.
Los restantes son empresarios y empleados de empresas constructoras, como MECO y H Solís.
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La intervención en el Conavi fue ordenada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, la semana anterior, luego de los allanamientos que se realizaron el lunes pasado, de manera simultánea, en la sede de esa dependencia, así como en empresas y casas de habitación de funcionarios y empresarios.
