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La atención urgente de la red vial pavimentada se hará mediante pequeños contratos directos con empresas que operen en zonas específicas; serán por un período de seis meses y por montos de ¢152 millones, en los que se incluirán labores de bacheo urgente, chapia y remoción de derrumbes.
Esos trabajos se comenzarán a reactivar hacia finales de año en las rutas en condición más crítica, pero dependen también de que se cuente con recursos para contratar inspección en esas obras, los cuales están contenidos en un presupuesto extraordinario pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.
A diferencia de los contratos que se firmaban con empresas como MECO y H Solís antes de que estallara el escándalo por corrupción del Caso Cochinilla, en junio pasado, estos convenios serán de escasa cuantía, por periodos más cortos y con empresas regionales que atienden áreas muy delimitadas. Precisamente, por tratarse de montos menores, las nuevas licitaciones directas no requerirán la aprobación de la Contraloría General de la República.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad, Hannia Rosales aseguró, sin embargo, que estarán vigilantes para evitar que estos nuevos convenios sean acaparados por grandes empresas o que se presenten irregularidades como las señaladas en el expediente judicial, donde las constructoras reconocidas formaron “empresas hijas” para hacerse también con las contrataciones dirigidas a pequeñas compañías.
“Tengo entendido que el presupuesto extraordinario podría estar saliendo en noviembre, de ese presupuesto se deriva la verificación de calidad, entonces tendríamos en el momento de la orden de inicio el recurso de verificación de calidad y el de inspección con los administradores viales”, explicó Rosales.
De acuerdo con la jerarca desde agosto, se están armando los paquetes de actividades que se contemplarán en cada una de las contrataciones directas, para lo cual se consideraría como un punto a favor la localía de las empresas.
“Nuestra intención es democratizar los contratos, hemos hablado de darle puntaje a la localidad, que demuestre que son locales, vamos a incluir en los carteles alguna limitación legal para evitar que no haya una contratación de pocas empresas, es una cláusula que está en manos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos”, agregó.
Rosales sostuvo que luego de que estallara el escándalo por corrupción, muchas empresas pequeñas han manifestado su interés de participar en la atención de la red vial, por lo que estima que sí hay suficiente mercado para ejecutar las labores en la modalidad de pequeños contratos.
Mientras eso ocurre, este mismo mes reanudarán al menos siete líneas de conservación a cargo de las empresas que tenían aún plazos y montos vigentes, correspondientes a los antiguos contratos, que en su mayoría estaban en manos de MECO y H Solís, ambas constructoras cuestionadas por supuestas irregularidades.
Esas contrataciones no se pueden suspender por razones legales, según explicó Rosales. La idea, dijo, es utilizar esos “saldos” en monto y plazo para reiniciar labores en las zonas y así dejar fenecer por completo los contratos. Conforme vayan venciendo, se utilizarán los contratos directos con otras firmas más pequeñas.
En su criterio, a pesar del abandono en el que ha estado la red vial durante casi todo este año, no será necesario mayores inversiones, pues según el último informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) un 89% de la red se encontraba en buenas condiciones estructurales.
“Eso implica que a pesar de que tenemos varios meses de no atender esas rutas, no han sufrido mayor deterioro. Las que están sufriendo son las rutas que están en ese 11%, que requieren una intervención mayor, por ejemplo en Heredia donde se había dicho que había rutas que estaban para reconstrucción y afortunadamente la línea que atiende estas rutas continúa con monto y plazo y vamos a poder atenderla”, añadió.
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La jerarca no descartó que una vez que finalicen los seis meses por los que se realizarán las contrataciones directas sea necesario extender dichos proyectos, ya que de no contar para ese momento con los nuevos modelos de licitación se deberían ampliar para evitar un impás como el que se ha enfrentado este año.
Además si en este lapso se presentan emergencias o se requiere atender rutas en lastre u otras labores como alcantarillas, también se harían contrataciones directas.
Hasta el año pasado, más del 90% de las 22 zonas de conservación en las que hasta ahora se ha dividido el país para atender las carreteras, estaban en manos de las empresas MECO y H Solís. El monto destinado por el Conavi para esas labores ascendió a unos ¢155.000 millones anuales entre el 2015 y el 2020.
Nuevos contratos
El plan del Conavi para continuar la conservación de la red pavimentada una vez que transcurran los seis meses mencionados, será realizar contrataciones abreviadas, para otras labores de mayor monto, denominadas “de mantenimiento rutinario”.
Asimismo, aseguró que paralelamente se avanzará en los primeros pilotos para la atención de las rutas mediante el sistema de niveles de servicio. Ese mecanismo implica que a las constructoras se les paga un monto previamente acordado, siempre que mantenga las condiciones de la ruta que le corresponde en ciertos niveles fijados en el cartel.
Para hacerlo, también sería necesaria una modificación en la legislación del Conavi, de manera que las contrataciones bajo ese modelo se realicen por plazos mayores y que así sean más rentables.
“La idea es modernizar y agilizar las contrataciones, diferente a como se ha venido manejando (...) en el horizonte final no todo se va a trabajar con niveles de servicio porque no todo es sujeto a eso,va a ver una convivencia entre precios unitarios y niveles de servicio pero con controles más robustos y carteles con base al insumo que ya existe” explicó.
Para esas fases la intención del Conavi también es que se ejecuten contrataciones por regiones.
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