EscucharSin que se hayan aclarado las dudas respecto a la aplicación de multas a la empresa a cargo de la carretera de Circunvalación norte, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) advirtió que el contratista tiene tiempo hasta el martes 16 de mayo para entregar las primeras cuatro unidades funcionales, las cuales comunican la Uruca con la ruta 32.
Mauricio Batalla, director del Consejo, aseguró el martes que, en caso de que las cuatro secciones no estén listas, empezarán a correr las multas respectivas por los días de atraso. Así lo manifestó en un video y en un comunicado de prensa.
Según el jerarca, la Contraloría General de la República denegó días atrás un pedido de autorización para modificar el contrato entre el Conavi y el consorcio conformado por las empresas H Solís y La Estrella, modificación que, supuestamente, permitiría aplicar dichas sanciones.
“Es criterio de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos de este Consejo, que dicho oficio confiere al jerarca del Conavi, la potestad de llevar a cabo, a lo interno de la institución, las modificaciones a ese contrato en estricto apego a la normativa vigente, y suscribir y refrendar las respectivas adendas que se generen”, indica el comunicado del Conavi.
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Para Batalla, la respuesta de la Contraloría los habilita a incluir una adenda unilateral al contrato para subdividir el proyecto en cinco unidades funcionales.
Dicha adenda deberá ser aprobada por la Junta Directiva del Conavi el 15 de mayo, luego de lo cual comenzarían a aplicar las multas correspondientes a partir del día 16, para el caso de las primeras cuatro secciones.
De acuerdo con esa misma información, para la unidad V, que corresponde a un paso elevado y un túnel que unirá el intercambio de la ruta 32 con el cruce cercano a la empresa Femsa, en Calle Blancos, el plazo de entrega será febrero del 2024.
$50.000 por día
Desde finales de abril, tanto el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, como el director del Conavi, habían anunciado la intención de aplicar las sanciones, aunque el mecanismo no era claro.
El 23 de abril, Batalla declaró a la prensa que la unidad funcional I (tramo de la Uruca a Quebrada Rivera, en León XIII) debía estar concluida en dos días o se sancionaría al contratista con $50.000 por día.
Esas afirmaciones fueron respaldadas por Amador, quien luego se desdijo y aseguró que estaban a la espera de documentos para determinar si se podían aplicar las multas.
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Posteriormente, en conferencia de prensa, el 27 de abril, Batalla achacó la dificultad de aplicar las sanciones a una apelación presentada por el contratista.
Según dijo, la Administración le comunicó a H Solís que no se aceptaron los eventos compensables que había solicitado y que le quedaban dos días para reiniciar los trabajos en esa sección, pero esa resolución fue recurrida por la constructora.
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Otro criterio
El director de esa empresa, Roberto Acosta, manifestó a este diario semanas atrás, que los atrasos que ha enfrentado el proyecto no les son imputables a la constructora, por lo que contractualmente no procedían las multas mencionadas por el ministro.
En tanto, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), ente a cargo de supervisar la construcción de Circunvalación norte, declaró que según un estudio legal solicitado, las condiciones del contrato impiden establecer sanciones por retrasos en unidades funcionales específicas.
Las cláusulas, indicó, solo contemplan penalizaciones por atrasos en la totalidad del proyecto, no en una unidad funcional o tramo.
De las primeras cuatro secciones del proyecto, solamente está pendiente la finalización de los trabajos en la parte inferior de la intersección de tres niveles en la Uruca. La quinta sección tiene un avance superior al 50%.
Desde la semana anterior, La Nación había solicitado al Conavi aclarar la situación respecto al tema de las multas, no obstante, las consultas fueron contestadas hasta este martes, con un comunicado de prensa.
En total, el proyecto de Circunvalación norte arrastra más de 1.500 días de atraso, desde que recibió la orden de inicio, en setiembre del 2017. Las demoras fueron inicialmente justificadas por errores en diseños, expropiaciones y traslados de servicios públicos.
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En el último año, el MOPT ha justificado la no apertura de las primeras cuatro secciones al argumentar problemas que van desde la falta de iluminación, hasta vandalismo, atrasos y defectos en materiales e inquietudes en torno a la devolución de la garantía de cumplimiento.
