El mantenimiento de los 5.000 km de la red nacional de carreteras se concentra, desde el 2009, en manos de cinco empresas constructoras a las cuales se les han pagado ¢394.000 millones.
Se trata de Constructora Hernán Solís S.R.L., MECO S.A., Quebradores del Sur S.A, Grupo Orosi S.A. y Concreto Asfáltico Nacional S.A.
Estas compañías ganaron en el 2009 una licitación pública para encargarse del mantenimiento vial hasta el 2013.
No obstante, vencido el plazo del contrato, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) renovó de forma directa los convenios, pese a que la Contraloría General de la República (CGR) había insistido en la necesidad de abrir un concurso público para incluir otros oferentes.
Según consta en los oficios 11.093 del 16 de octubre del 2014 y 15.224 del 20 de octubre del 2015 de la CGR, el Conavi ha alegado que múltiples apelaciones de empresarios e imprevistos le han impedido publicar a tiempo la nueva licitación.
Además, en dos ocasiones dijo que por la pronta llegada del invierno se hacía “urgente” recontratar a las compañías.
De acuerdo con una denuncia del diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Vásquez, el Consejo ha dado contratos, desde el 2009, por ¢394.000 millones a las cinco constructoras. Este monto incluye los ¢81.455 millones aprobados por la Contraloría el pasado 20 de octubre.
La queja provocó que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso aprobara, la semana anterior, una moción para llamar a Mauricio Salom, director ejecutivo del Conavi, a dar explicaciones.Vásquez afirmó que los exministros de Transportes Pedro Castro y Francisco Jiménez también deberán comparecer frente a los legisladores, así como los gerentes de las constructoras.
“¿Qué va a pasar el otro año? ¿Va a pasar lo mismo y les van a ampliar los contratos a los mismos?”, cuestionó.
Causas. Carlos Segnini, ministro de Obras Públicas y Transportes, señaló a los empresarios de otras constructoras, que apelan los carteles de licitación y las adjudicaciones, como los principales responsables del problema.
“Las causas siguen siendo las mismas: se montan los carteles y empiezan las objeciones y las interminables apelaciones al cartel y a la adjudicación.
”Esa es la cultura que, como vengo diciendo, hay que cortar, no tiene límite cuántas veces pueden las empresas objetar un cartel, pueden ir cuantas veces les dé la gana a la Contraloría y pasarnos un año en eso”, dijo Segnini.
Reconoció que hay una cuota de responsabilidad del Conavi por la lentitud con que trabaja.
Incluso, analiza iniciar una investigación administrativa para determinar si hay negligencia de parte de ciertos funcionarios.
Incumplimiento. En octubre del 2014, la CGR autorizó al Consejo ampliar los compromisos con las cinco constructoras por ¢70.220 millones, por un año.
La aprobación fue condicionada a tener lista, en un máximo de 12 meses, la licitación de los nuevos contratos. Sin embargo, el Conavi no cumplió la condición. Lo mismo ocurrió este año.
La Nación intentó conversar con Cristian Vargas, gerente de Conservación del Conavi, pero no contestó las llamadas.
Este diario también envió consultas vía correo electrónico a las constructoras seleccionadas, pero al cierre de esta edición solo Hernán Solís había contestado.
Carlos Carmiol, vocero de la compañía, dijo que mantienen “una posición respetuosa para con las decisiones que toma la Administración y a la vez resaltan el esfuerzo y diligencia del Conavi”. Agregó que presentan informes al Gobierno sobre cada obra que ejecutan.