EscucharEl Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) pretende cobrar $446.501 al consorcio Cacisa-Camacho y Mora debido a pagos supuestamente improcedentes por trabajos que estaban fuera del contrato de supervisión de la ruta 32, tarea que esa empresa tenía a cargo.
Para recuperar esos recursos, el Consejo de Administración del Conavi aprobó el pasado 11 de julio descontar ese monto de la garantía de cumplimiento presentada por la firma, dinero que aún está en manos del Estado.
La decisión se tomó tras conocer el resultado de una investigación realizada por un órgano director, el cual determinó que la Administración incurrió en “pagos indebidos” al cancelar un 5% adicional no establecido en el contrato, producto de servicios eventuales realizados por la firma, más el pago de los intereses respectivos.
En una sesión previa, realizada el 24 de junio, los miembros del Consejo también acordaron realizar una investigación preliminar para determinar si existió responsabilidad administrativa, “culpable o dolosa”, por parte de los funcionarios o exfuncionarios de la unidad ejecutora de la ruta 32.
“Sin perjuicio de cualquier otra valoración por actos u omisiones que pueda poseer una connotación típica que constituya una infracción de la ley penal, responsabilidad civil o administrativa, mediante la cual hicieron incurrir a la Administración en error al realizar un pago indebido en afectación a la Hacienda Pública, específicamente en el uso de recursos del erario público, generando un pago indebido y un enriquecimiento sin justa causa al contratista”, indica la resolución incluida en el acta CACONAVI-028-2024.
La Nación consultó al Conavi sobre dicha investigación interna, así como por los rubros a los que correspondían los pagos que, según la investigación, se realizaron de forma improcedente, pero no se obtuvo respuesta.
En junio del año pasado, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, anunció que una auditoría externa que analizó todas las órdenes de servicio contratadas a la supervisora había revelado pagos de más por alrededor de ¢2.000 millones, entre los que se incluían el pago de 5% adicionales en subcontratos, así como servicios de comunicación y jurídicos. Sin embargo, el documento donde se incluía el resultado de esa investigación nunca fue presentado.
Trabajos fueron aprobados por directores de Conavi
La empresa Cacisa aseguró que el monto que el Conavi busca descontar corresponde a trabajos solicitados por la misma unidad ejecutora del proyecto y aprobados por cuatro distintos directores ejecutivos del Conavi, quienes ocuparon ese puesto entre el 2018 y el 2023.
Gerardo Prada y Rodolfo de León, socios de esta compañía, aseguraron a este medio que el cobro corresponde a un 5% de utilidad por servicios contratados, que estaban fuera del alcance original del proyecto.
“Son actividades, estudios adicionales que no estaban incluidos en el alcance y que fueron aprobados por la unidad ejecutora que emitió las órdenes. Nosotros cotizamos el trabajo, ellos lo aprueban y emiten el documento con la firma de la unidad ejecutora y el director ejecutivo”, detalló Prada.
Los representantes de la empresa aseguraron que algunas de esas órdenes incluso fueron firmadas por el gobierno actual. “Fueron aprobadas por cuatro directores ejecutivos, las órdenes se dieron entre el 2018 y el 2023, cuando terminamos el contrato”, agregó Prada.
Al ser consultado directamente si en la actual gestión hubo órdenes de ese tipo, de León respondió afirmativamente.
De acuerdo con Prada, la garantía de cumplimiento presentada por la empresa fue de $3,5 millones, los cuales aún no han sido reintegrados. Según dijo, los asesores legales de la firma están analizando la notificación que recibieron apenas este lunes para presentar el recurso de revocatoria correspondiente.
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En setiembre del año pasado el Conavi acordó no extender el contrato a Cacisa, debido a las supuestas irregularidades halladas en la auditoría contratada por el MOPT. En noviembre de ese mismo año, la supervisión del proyecto quedó en manos de la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS).
La fiscalización del proyecto debe encargarse del seguimiento y control de ejecución de la obra, revisar diseños de los puentes y otras estructuras, hacer pruebas de laboratorio para verificar la calidad de los materiales utilizados, controlar la gestión ambiental, fiscalizar los recursos invertidos, informar de incumplimientos a la Administración, llevar controles de las bitácoras y sanciones, entre otros.
