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El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) reclamó a la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) por negarse a dar cuentas a la Contraloría General de la República sobre cómo administró las obras de construcción del paso a desnivel de las Garantías Sociales en Zapote, uno de los proyectos que además está incluido en el expediente judicial de Caso Cochinilla.
La gestión se realizó luego de que este martes, en sesión ordinaria, el Consejo de Administración del Conavi acordó prevenir a la agencia sobre los requerimientos del órgano contralor, que consisten en los documentos base del contrato y las variaciones que se hicieron para esos trabajos.
Asimismo, la Contraloría solicitó detallar los controles de calidad que realizó durante la construcción, las modificaciones a los diseños o cambios en materiales y otras evaluaciones al proyecto.
UNOPS ha rehusado entregar los datos con el argumento de que solo la Organización de Naciones Unidas (ONU) la puede auditar, al tiempo que pidió la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores para que “haga valer” sus “privilegios e inmunidades” al ser una agencia adscrita a un organismo internacional.
A pesar de esos alegatos, Conavi fue claro este martes al comunicarle a UNOPS que debe responder al órgano contralor. Así procedió al ser el ente público que contrató a UNOPS para la administración del proyecto de infraestructura valorado en $17,6 millones e inaugurado en marzo de 2020.
“Con base a lo dispuesto por la CGR, se solicita a UNOPS a observar plenamente los términos acordados en el Memorando de Acuerdo suscrito en lo relativo a la transparencia, rendición de cuentas y el suministro de la información requerida tanto por esa Contraloría General como por otras autoridades públicas competentes”, advirtió en su aviso de acuerdo ACA 2-22-553 (74).
La Contraloría dio plazo hasta este viernes 16 de setiembre para recibir los datos, según el oficio No.14340 enviado al director de UNOPS en el país, Alejandro Rossi, así como al canciller, Arnoldo André, Tinoco y a los miembros del Consejo de Conavi.
Fondos públicos
La solicitud de información por parte de Contraloría se dio desde el 2 de marzo, pero hasta la fecha no se ha concretado la entrega de datos, pese al recordatorio de que el proyecto de infraestructura se construyó con fondos públicos, por lo que existe el deber de dar cuentas.
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El órgano contralor también reprendió al Conavi porque al contratar a UNOPS, a mediados de 2018, había garantizado un compromiso de transparencia. De hecho, según la CGR, Conavi justificó la escogencia de UNOPS por utilizar mecanismos formales para asegurar la transparencia en los procesos de adquisiciones.
Incluso, en aquel momento, el Consejo aseguró que el acuerdo suscrito con UNOPS en el 2018 permitiría que los dineros se administraran de la manera más conveniente para el Estado costarricense.
No obstante, dijo ahora la Contraloría, eso no se puede lograr sin la garantía de un acceso a la información.
El proyecto de paso a desnivel de las Garantías Sociales fue entregado con defectos, los cuales, presuntamente, habrían sido encubiertos por la constructora MECO y la empresa supervisora de la obra, con la supuesta ayuda de funcionarios del Conavi y sobornos a laboratorios de materiales. Todos estos hechos están en investigación dentro de la causa judicial por aparente corrupción conocida como Caso Cochinilla.
