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Un viaducto paralelo a la vía, o un corte profundo en el talud, serían las dos posibilidades para dar solución al punto más crítico de la ruta 27 entre San José y puerto Caldera.
Se trata de los taludes del kilómetro 44, los cuales requieren soluciones urgentes con base en estudios que estarían terminados esta semana. Esos análisis definirían la mejor opción.
“Se estaban terminando unos estudios, determinar si una parte de la montaña no se está moviendo; si no se ha movido, la solución sería meternos hacia la montaña. De lo contrario, tendríamos que hacer un viaducto o una cosa por el estilo, estamos por definir eso y, en enero, tienen que presentarlo porque hay que ver cómo se trabaja en el verano”, afirmó José Manuel Sáenz, secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones.
En caso de que se requiera el terraceo para procurar “acostar” el talud hacia la montaña, se deberían hacer expropiaciones, cuyo costo deberá correr por cuenta del Estado.
Entretanto, la construcción del puente o viaducto, o bien las mismas labores en montaña, deben ser asumidas por Globalvia, empresa concesionaria de la carretera.
En ese punto de la ruta, considerado el más grave, una gran grieta atraviesa la vía. Esa falla sumada a los trabajos paliativos de los últimos años han ocasionado que la situación empeore en cada época lluviosa.
La urgencia de aplicar medidas definitivas surgió luego de que Concesiones le exigiera a la empresa presentar y ejecutar un plan para resolver el problema de los deslizamientos en la carretera, que tiene casi 11 años de inaugurada y casi el mismo tiempo de dar problemas en cada estación lluviosa.
De acuerdo con el secretario del CNC, la empresa entregó un estudio sobre el tratamiento que requerirá cada uno de los puntos inestables de la ruta, que se concentran específicamente en el tramo entre Atenas y Orotina.
“Hicimos una gira para ver los taludes, los calificamos; algunos de esos generan expropiaciones para poder acostar los taludes, así que estamos en el proceso de que nos manden la topografía, identificar en sitio, hacer los planos de catastro para iniciar los procesos de expropiación, para poder acostar esos taludes, la idea es empezar con los más críticos este año (inicios del 2021), para ver si sale del problema”, aseguró.
Las complicaciones se volvieron a hacer evidentes a inicios de noviembre cuando el paso de los fenómenos Eta y Iota ocasionaron derrumbes y el cierre de la vía por lapsos prolongados. Incluso, en uno de estos eventos, se produjo el impacto de un vehículo.
Un informe dado a conocer por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme), el mes pasado, ratificó que la carretera sufre un “deterioro acelerado”.
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De acuerdo con ese estudio, los tramos con superficie de ruedo irregular y la calzada con características deslizantes han aumentado. Además persiste la inestabilidad de taludes en 22 puntos de la vía.
El informe, además, advirtió de que si la empresa no realiza trabajos para estabilizar los taludes, serán más frecuentes los deslizamientos o derrumbes en la carretera.
Retraso en plan de ampliación
El secretario técnico también confirmó el retraso en el proceso de estudios para la ampliación de la ruta.
Aunque se tenía previsto que la empresa entregara en noviembre los estudios y el anteproyecto necesarios para iniciar con las gestiones de la adenda al contrato de concesión, a la fecha no se ha completado esta etapa.
Sáenz dijo que la concesionaria ha ido avanzando con estudios y ya entregaron toda la parte de la geotécnica y diseño geométrico; sin embargo, debieron regresarle el primer avance sobre pavimentos “con varias observaciones”.
La idea, dijo el funcionario, es que la empresa finalice esta etapa en febrero próximo para avanzar según en el plan.
La intención del Gobierno es extender por al menos 15 años más el contrato con Globalvia a cambio de que la empresa realice la ampliación de la carretera, cuya necesidad de aumento de capacidad se detectó apenas cuatro años después de la inauguración.
Dicha ampliación se realizaría en tres etapas. El primer tramo a intervenir iría desde La Sabana hasta el intercambio de Siquiares. En una segunda fase se trabajaría entre Siquiares y Atenas y entre Orotina y Caldera, y se dejaría para la fase final el tramo entre Atenas y Orotina.
La inversión estimada para dicha obra es de $500 millones e implicará un aumento en las tarifas de peajes que aún no ha sido revelado.
Según cifras dadas a conocer en enero de este año, luego de haber consumido el 40% del plazo de la concesión, la empresa ya ha recaudado el 55% de lo estimado para cubrir su inversión por conceptos de peajes.
El contrato vigente tiene una duración de 25 años y finaliza en el 2033.
