EscucharEl Consejo Nacional de Concesiones (CNC) tiene presupuesto para operar hasta el 30 de abril.
A partir de esa fecha, todas las operaciones de esa dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se verían paralizadas, incluso no se tendrían recursos para cubrir el pago de los salarios de sus 39 empleados.
Así lo confirmó el Secretario Técnico a.i. del CNC, Mauricio Fernández, quien explicó que el faltante se debe a que el MOPT solo les asignó ¢1.285,4 millones para cubrir los gastos de este año.
"El monto solicitado al MOPT inicialmente fue de ¢6.609,9 millones. Este monto contemplaba gastos operativos y gastos de inversión y debía provenir de la transferencia de recursos que realiza el Ministerio hacia el CNC; sin embargo, por las limitaciones derivadas del déficit fiscal y por disposiciones presupuestarias, el MOPT pudo asignar únicamente la cifra de ¢1.285 millones” , explicó Fernández a La Nación vía correo electrónico.
De acuerdo con el funcionario, esa suma permite cubrir gastos de los primeros cuatro meses del año.
"A partir de esa fecha (30 de abril) todas las partidas presupuestarias se verían afectadas por la falta de presupuesto. Dejaríamos entonces de poder realizar gestiones administrativas, financieras y legales asociadas con el cumplimiento de las funciones y desarrollo normal del CNC", añadió Fernández.
Para cubrir gastos operativos para el resto del año se requieren ¢900 millones.
El CNC tiene entre sus funciones regular yfiscalizar, así como administrar los fondos en contratos de concesión de obra pública y obras con servicios públicos.
Actualmente, dentro de esos proyectos se encuentran la ruta 27 o carretera San José- Caldera y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) que se encuentra en construcción.
También evalúa el desarrollo de obras como el Canal Verde Inteoceánico y el Tranvía Eléctrico de San José.
Límite de gasto
El faltante de recursos se deriva del establecimiento del límite de gasto por parte del Ministerio de Hacienda, lo que implica que gran parte de los recursos requeridos por esa dependencia queden clasificados en el extralímite del presupuesto del MOPT.
“Es un claro reflejo de la situación fiscal que enfrenta el país”, indicó el secretario de Concesiones.
De acuerdo con la Ley de Presupuesto 2018, al MOPT se le asignaron para este año ¢474.116 millones, monto que representa un 2,4% más que el periodo anterior.
De este total, el mayor rubro es el de las transferencias de capital, donde se incluyen los traslados a municipalidades, Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), la Dirección General de Aviación Civil, así como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Consejo de Transporte Público (CTP) y el de Concesiones, siendo este último el que recibió menos recursos.
Se le consultó al Ministerio de Hacienda sobre la situación de Concesiones, pero mediante la oficina de prensa dijeron que eran temas de competencia del MOPT. Entre tanto, las consultas planteadas al MOPT fueron redirigidas al Consejo.
Otras consecuencias del recorte por déficit está en el Ministerio de Educación, que redujo en un 45% las transferencias a las juntas de educación para la infraestructura.
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Tampoco se incluyó en el plan de gastos de este año el pago del alza del 0,66 puntos porcentuales en al aporte del Estado a las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Igualmente, al MOPT le redujeron el presupuesto para conservación y señalización de carreteras.
Durante el 2017, además, hubo atrasos en giros para ayudas sociales como becas, red de cuido y comedores escolares, por problemas de liquidez.
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Asignación de recursos
De acuerdo con la información contenida en el Presupuesto Ajustado 2018 del CNC, esa entidad tiene ¢486 millones para la partida de remuneraciones, con los cuales podrán cubrir el pago de salario base y los pluses de las 43 plazas (Fernández aseguró que son 39 empleados), y servicios especiales para el pago de un puesto autorizado para la Gerencia del Proyecto San José-Caldera y suplencias. Todo esto hasta abril.
Ahí también se contemplan recursos para cubrir horas extra, recargos de funciones y dietas, así como cargas sociales.
En la partida de Servicios se incorporó la suma de ¢195 millones. En ese rubro se incluyen los gastos de arrendamiento de las oficinas que ocupa ese consejo, en Montes de Oca, así como el alquiler del Datacenter Administrado, equipos de cómputo y servicios públicos, así como contratos de limpieza y se prevén sumas para cubrir "alguna contratación en el ámbito jurídico, ingeniería, ciencias económicas y desarrollos".
En ese apartado también indican requerir recursos para asistir a congresos y actividades atinentes, tanto en el interior del país como en el exterior, visitas a terminales con similar sistema de operación de la Terminal de Contenedores de Moín.
En el rubro de Materiales y Suministros, CNC presupuestó del monto asignado, ¢29,7 millones.
A esta se suman una partida llamada Intereses y Comisiones en donde se presupuestaron ¢4.322 millones para los dos pagos semestrales de los intereses de un préstamo firmado en el 2008, para financiar el estudio de factibilidad del Tren Eléctrico Metropolitano.
Y por último, hay una partida de Bienes Duraderos, por ¢18,9 millones, otra de Transferencias corrientes que requiere ¢118,7 millones y una de amortización del préstamo mencionado por ¢81,5 millones.
Posibles soluciones
El secretario técnico del CNC aseguró que actualmente trabajan con el Ministerio de Hacienda en una opción para solucionar el problema del faltante del presupuesto asignado.
Esa medida consiste en un decreto ejecutivo que habilite al CNC a hacer uso de parte de su superávit para este año.
Además, agregó Fernández, se le enviará una solicitud a Hacienda para que en adelante se incorpore dentro del límite de gasto la totalidad de los recursos requeridos por esa entidad.
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En el 2015, el exministro Carlos Segnini había anunciado que el CNC sería incluido dentro del proyecto del Instituto Nacional de Infraestructura Vial, el cual también albergaría las funciones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Sin embargo, este no se incluyó en el plan de ley que fue presentado por el Gobierno en el 2016.
