EscucharLas controversias no terminan. A los $465 millones que costaría la ampliación de 107 km de la carretera hacia Limón, la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC) reclama ahora otros $25 millones por aumento en los precios de los materiales.
El encargado de la unidad ejecutora del proyecto, el ingeniero Kenneth Solano, dio a conocer el cobro durante una audiencia ante los diputados que integran la comisión de la provincia de Limón. Aclaró que la situación está bajo análisis, pero desde ya han detectado que su sustento es “débil”.
CHEC alega que el contrato se comenzó a negociar en el 2010, por lo cual ha transcurrido una década desde que hizo la oferta, lapso durante el cual aumentaron los costos para completar el proyecto de la principal carretera que comunica con el Caribe (ruta 32).
El Estado además debe desembolsar $9 millones adicionales por diferencial cambiario, ya que una parte del crédito por $396 millones que otorgó el banco chino Eximbank a una tasa anual del 2% estaba en yuanes.
Solano explicó que esto se debe a que se negociaron dos tipos de créditos: uno para la concesión de la obra que ofrecía condiciones más favorables, pero estaba en esa moneda, y uno comercial que sí se otorgó en dólares a una tasa del 4%.
Ese monto más una contrapartida estatal de $69 millones completan los $465 millones que iba a costar la ampliación de la carretera entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón.
La orden de inicio de la construcción se dio el 20 de noviembre del 2017 y la obra debería estar concluida, de acuerdo con la tercera prórroga, en febrero del 2023. Sin embargo, a estas alturas, el avance es del 64%.
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Durante la presentación ante los diputados, este jueves, Solano y el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, achacaron los atrasos y problemas que ha enfrentado el proyecto desde su inicio a la falta de planificación y falencias en la etapa de preinversión, que ocasionaron que la obra recibiera la orden de inicio en 2017, sin contar con diseños, expropiaciones, ni todos los permisos.
Dichas dificultades se tradujeron en atrasos que a la fecha ya suman más de 800 días compensables que han sido otorgados a la constructora, que debía haber entregado el proyecto en octubre de 2020.
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Incluso, durante el Gobierno de Carlos Alvarado, en varias ocasiones se mencionó la posibilidad de que eventualmente CHEC y el Estado fueran a un arbitraje internacional para resolver controversias como la reconstrucción de los puentes existentes, pues la empresa alega que solo debe repararlos y a criterio de la Administración debe reconstruirlos totalmente. Lo mismo ocurre con la construcción de los pasos de fauna que, de acuerdo con el contratista, no están dentro del alcance del proyecto.
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Sobre los desacuerdos contractuales, el presidente Rodrigo Chaves dijo el miércoles en conferencia de prensa que elevó el tema con el enviado del presidente Xi Jinping para América Latina y expresó las preocupaciones que tiene Costa Rica con respecto al contrato.
Chaves agregó que la respuesta que recibió fue que esos fueron los términos de referencia bajo los cuales se firmó el contrato, por lo cual, habrá que sentarse con los representantes del Gobierno chino a conversar.
Investigación y atrasos
Durante la comparecencia de este jueves ante los diputados limonenses, Amador y Solano también hicieron referencia a los atrasos que enfrenta el proyecto. “Acá hay un tema importante. CHEC tiene mucha responsabilidad en los atrasos porque no entregó diseños definitivos en las fechas finales y además ha sufrido sus propios atrasos”, explicó Solano, quien como director de la unidad ejecutora labora para el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Reconoció que el contrato firmado es “muy débil” en el tema de sanciones, lo que impide presionar a la empresa en caso de incumplimientos durante la ejecución de la obra.
A la fecha, la Administración solo ha podido establecer una sanción por $500.000 por el incumplimiento de la fecha para la entrega de diseños. Según el reporte de la Unidad Ejecutora, actualmente y tras haber consumido el 80% del plazo aprobado, el proyecto tiene un avance físico del 64%.
Asimismo, según el MOPT la empresa dispone de 318 propiedades en las que puede trabajar. Aún hay pendientes de expropiar 258 inmuebles.
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El ministro Amador también dio a conocer que ordenó iniciar una relación de hechos para determinar quiénes fueron los responsables de que no se incluyeran dentro del diseño original las obras complementarias que hoy reclaman las comunidades.
Dichas obras comprenden bahías de autobuses, aceras, puentes peatonales, ciclovías y otras mejoras de seguridad vial que también elevarían el costo del proyecto en más de $186 millones, según el último cálculo.
El ministro dijo esos desarrollos también serán revisados con lupa, para determinar cuáles son necesarios y bajo qué concepto se llevarán adelante. Además, no necesariamente se encargarían a la misma empresa.
“Yo también siento el mismo nivel de indignación de ver cómo está esto, y yo también estoy de acuerdo en que aunque hay que seguir para adelante y tratar de que esto se acelere y se concluya lo antes posible, en paralelo también hay que identificar quiénes son los culpables y eso tiene que salir a la luz pública y ellos tienen que llevarse a los tribunales por haber hecho las cosas mal desde un inicio, porque nos ponen en esta situación (..) Ya la investigación está ordenada para encontrar a esos culpables”, concluyó el ministro.
La diputada limonense, María Marta Carballo, aseguró que dará seguimiento a la resolución que haga el Conavi al reclamo de la constructora, a fin de valorar una eventual investigación desde la comisión de la que forma parte.
La ampliación de la ruta 32 incluye, aparte de la ampliación a cuatro carriles, la construcción de 33 nuevos puentes, 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y en el ingreso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
