La constructora costarricense MECO firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Sexta de Anticorrupción de Panamá, para evitar un juicio en un caso de pago de dádivas a funcionarios de ese país.
Según la Fiscalía, MECO y otras siete constructoras habrían girado $40 millones en sobornos, entre 2011 y 2012, a altos jerarcas del Ministerio de Obras Públicas de Panamá a cambio de agilizar trámites y desembolsos por los avances de proyectos de infraestructura pública.
Los dineros eran depositados, de acuerdo con las autoridades panameñas, en cuentas bancarias de la sociedad anónima Blue Apple Service y, una vez allí, eran transferidos a otras sociedades anónimas en Hong Kong, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas.
El convenio de cooperación entre MECO y la Fiscalía panameña consta en una certificación del 16 de marzo firmada por Yazmina Montoya, fiscala anticorrupción.
El documento indica que Carlos Cerdas Araya, presidente de MECO, llegó a un convenio con las autoridades de ese país el 1.° de diciembre del 2017.
Además, señala que el trato fue homologado por un juzgado del Primer Circuito Judicial de Panamá el 11 de diciembre.
El tercer punto de la nota, en poder de La Nación, menciona que "se dispuso no formular cargos" contra Cerdas Araya y Constructora MECO.
Por último, el Ministerio Público afirma que no se "formularán nuevos cargos" dentro del expediente 138-17 que instruye la Procuraduría General de la Nación contra Cerdas Araya y la compañía costarricense.
Marco Méndez, gerente Corporativo de Desarrollo de Negocios de MECO, confirmó la existencia de dicho acuerdo.
No obstante, rechazó dar detalles sobre el pacto con las autoridades panameñas y las razones por las que decidieron colaborar con ellas.
"Tenemos un mandato de privacidad y reserva que nos obliga a no referirnos a los detalles del caso”, declaró la constructora por medio de un correo electrónico enviado a La Nación.
En enero anterior, cuando Kenia Porcell, procuradora general de Panamá, dio a conocer el caso, la compañía costarricense respondió "que no existe un caso abierto o requerimiento de la Fiscalía en contra de constructora MECO".
No obstante, la resolución indagatoria del caso, emitida por la Fiscalía Sexta de Anticorrupción el 20 de diciembre del 2017, se seguía refiriendo a Cerdas Araya como "imputado".
Este diario obtuvo una copia de ese documento, el cual consta de 80 páginas y hace un resumen de cómo los involucrados habrían girado las dádivas, los mecanismos utilizados para depositarlas, los bancos y los números de cuentas a los que llegaba el dinero.
"El imputado (Cerdas) aceptó haber autorizado la entrega de dinero por solicitud del servidor público; a través de operaciones financieras y estructuras jurídicas", cita el informe de la Fiscalía.
Añaden que "proporcionó el nombre del funcionario Jorge Ruiz Sánchez, alias Churro, director de Administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas, durante la administración pasada, quien lo contactó y con el cual realizó el pacto ilícito para entregar dinero a cambio de la realización de actos propios de su cargo".
La resolución indagatorioa añade que el empresario costarricense declaró que Ruiz lo citó en su oficina y le pidió el 5% del valor de obras adjudicadas a MECO.
Por último, dice que Cerdas Araya "reveló la cifra de dinero a pagar pactada", que, según el documento, llegó a $9,4 millones.
Entre los proyectos involucrados en las supuestas irregularidades están el puente de Las Américas-Arraiján, el diseño y construcción de la vía Las Tablas-La Villa, el nuevo viaducto Ave y la construcción de un túnel en la vía Panamericana, entre otros.
Cerdas dijo, el sábado anterior, durante una breve entrevista con La Nación, que esta situación se "debe a un malentendido" y que nunca ha aceptado haber pagado dádivas a funcionarios panameños.
Ese mismo día, vía telefónica, Méndez admitió que mantuvieron relaciones comerciales con Blue Apple Service entre 2011 y 2012 porque le compraban maquinaria y materiales de construcción.
Al ser consultado sobre quién les recomendó esa empresa para adquirir equipo y materiales, respondió que no lo recordaba.
La constructora expresó este viernes: "No podemos reconocer ni referirnos al documento (resolución de indagatoria) que ustedes mencionan por estar el caso aún en una investigación".
Tres giros identificados
En el documento de la Fiscalía Sexta de Anticorrupción se registran tres supuestas transferencias de MECO a cuentas de Blue Apple Service por un total $1,8 millones.
Se trata de giros por $805.645, $825.536 y 219.895. Esos pagos aparentemente eran solicitados por Jorge Ruiz Sánchez, director de Administración de Contratos del MOP, como "ayudas políticas", según afirma la Fiscalía en la resolución indagatoria.
"De los descargos de los señores Juan Alexis Rodríguez, representante legal de constructora Rodsa S. A. y Carlos Cerdas Araya, representante legal de constructora MECO S. A., ambos son contestes en señalar directamente al funcionario mencionado, como aquella persona que les solicitaba "ayuda política". Estas declaraciones fueron ratificadas a través de declaración jurada receptada posterior a sus descargos", expresa el mismo documento.
De acuerdo con la Fiscalía, el dinero habría salido de cuentas de MECO en el Banco HSBC a cuentas de Blue Apple Service en Banistmo y Banco General.
El 31 de enero, la Dirección de Investigación Judicial detuvo a Ruiz en el aeropuerto de Tocumen cuando el exfuncionario regresaba de Miami, Estados Unidos.
Entre los delitos que indaga la Fiscalía en este caso están blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos.
MECO mantiene operaciones en Costa Rica, Colombia, Panamá, Nicaragua y El Salvador.
En los últimos años la firma ha experimentado un crecimiento que la ha llevado a participar en proyectos tan importantes como la ampliación del Canal de Panamá.
En la actualidad tiene 1.700 empleados en Costa Rica y 7.000 en toda la región.
En Costa Rica
Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción, comentó que están enterados de la situación que enfrenta MECO en Panamá.
"Actualmente no hay ningún proceso abierto sobre este caso. Sin embargo, dada la importancia del tema, estamos valorando la posibilidad de convocar a una reunión con la empresa próximamente", aseveró.
La oficina de prensa de la Cámara informó de que el lunes anterior intentaron tener esa cita con las autoridades de MECO. Sin embargo, la compañía canceló porque tenían otras obligaciones.
En el país, MECO desarrolla el camino de acceso a la terminal de contenedores de Moín, valorado en $77 millones. Esa obra está siendo investigada por el Ministerio Público, pues el precio aumentó por diferencias de hasta 80 metros entre la construcción del camino provisional y la entrada al puerto.
El acceso provisional fue construido por MECO con diseños dados por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
En la causa abierta por la Fiscalía costarricense figuran Germán Valverde, ministro de Obras Públicas y Transportes, y Carlos Villalta, exministro de esa misma cartera.
Además, MECO está a punto de adjudicarse obras claves como la construcción del nuevo puente sobre el río Virilla, en Tibás (puente del Saprissa), y el viaducto en la actual rotonda de las Garantías Sociales, en la vía de Circunvalación.
Esos proyectos son gestionados por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) y la Contraloría General de la República debe pronunciarse, en los próximos días sobre la legalidad de los procesos de contratación.
Además, tiene a cargo la construcción del puente binacional en Sixaola, en la frontera con Panamá.