Las dudas crecen en torno al abandono del complejo turístico Marina Golfito Village por parte de la empresa de capital estadounidense Hacienda El Dorado Sociedad Anónima.

Una firma constructora nacional, que pidió mantener en reserva su razón social, acudió el pasado 6 de agosto a los tribunales del Primer Circuito Judicial de San José, a interponer una demanda contra el grupo extranjero por una supuesta deuda de ¢350 millones.

La firma habría sido contratada por los norteamericanos para el desarrollo del lujoso atracadero de yates y la elegante zona comercial, que cerraron sus operaciones en junio pasado.

Unos 40 trabajadores perdieron su empleo por el abandono y cierre de la Marina de Golfito.

La empresa costarricense afirma que los norteamericanos empezaron a tener problemas de pago desde enero de 2017, cuatro meses antes de que se inaugurara oficialmente la primera etapa.

Ese acto inclusive contó con la presencia del expresidente de la República, Luis Guillermo Solís y otros representantes de su Administración. Para esa fecha, según la constructora, la Marina ya le adeudaba ¢90 millones.

El complejo turístico era de especial atención para las autoridades, debido que, además de que prometía generar empleos, dinamizar la economía y atraer inversión turística a la zona sur, la Marina de Golfito se construyó gracias a una concesión otorgada por el municipio, la cual tuvo que contar con el aval del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), según establece la legislación.

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La concesión de zona marítimo terrestre entregada a Hacienda El Dorado, representada por el estadounidense Noam Schwartz, utilizar el espacio para el desarrollo de la Marina y sus otros componentes por un plazo de 20 años con posibilidad de prórroga.

El Banco Nacional fue otro de los actores que facilitó el desarrollo del prometedor complejo turístico pues financió el 70% de la obra, que incluía un restaurante flotante y el desarrollo de un hotel de la mano con una cadena cinco estrellas en etapas posteriores del proyecto.

La inversión total superaba los $50 millones, sin embargo se desconoce cuánto es el monto que habría desembolsado la entidad bancaria hasta junio anterior, cuando los empresarios comunicaron que perdieron el interés en el proyecto, que no continuarían al frente de la Marina de Golfito y que buscaran otro grupo de inversores.

El Banco Nacional sostiene que no puede entregar información acerca del estado del crédito por secreto bancario. Tampoco indicó si existe algún proceso de cobro contra Hacienda El Dorado, ni si se investigan posibles anomalías entorno a este crédito.

Los administradores costarricenses que quedaron al mando tras la salida de los inversionistas mayoritarios del grupo, prefieren guardar silencio.

El director ejecutivo de Marina Golfito Village, Carlos Fernández, no contestó ante los mensajes y preguntas de La Nación. Para una nota anterior había mencionado que recibió la indicación de no dar declaraciones, sin precisar quién le ordenó mantener esa posición.

De acuerdo con el sitio web oficial www.golfitomarinavillage.com, el proyecto ubicado en Golfito formaba parte de otros 16 atracaderos de lujo que pertenecen al grupo internacional IGY Destination, con sede en Fort Lauderdale, Florida.

Actualmente tiene marinas en lugares como Sardinia, Italia; Sète, Francia; Cabo San Lucas, México; Isla Marina, Panamá; Santa Marta, Colombia; y otros varios en Estados Unidos y las islas del Caribe.

Facturas pendientes

La demanda presentada ante los tribunales, incorpora las facturas que el grupo extranjero todavía adeuda, según la versión de la empresa nacional.

La firma asegura que por la construcción del atracadero de yates, la firma dejó sin pagar ¢59 millones y $52.000 como parte de ese proyecto.

Mientras que reclama $243.000 por el desarrollo del área comercial Fisherman Village, el cual según los demandantes se debe en su totalidad. Así como otros $101.000 en gastos que incurrió la constructora por subcontrataciones para esa obra.

Finalmente la constructora reclama $55.000 en obras adicionales que tampoco se habrían cancelado, además de los intereses por mora.

La suma total de la demanda sobrepasa los ¢350 millones.