La Contraloría General de la República autorizó al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) a contratar una asesoría para el plan de modernización de puerto Caldera, Puntarenas, por la cual desembolsará más de $3,8 millones.
Los servicios serán encargados a la Corporación Financiera Internacional (que pertenece al Banco Mundial) y contemplan la elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como el proceso de precalificación y licitación para posteriormente seleccionar a la empresa que se encargará del diseño, construcción y financiamiento del proyecto de expansión del puerto. Ese ente también será el gestor en esa última fase.
De acuerdo con el detalle brindado por la Contraloría, la asesoría contratada a la CFI se ejecutará en dos fases:
- En la primera se desarrollarán los planes de preinversión, inversión y pliego de condiciones; tiene una duración de 19 meses y un costo de $1,06 millones
- La segunda etapa comprende la gestión de contratación y adjudicación, la cual se desarrollará en un 24 meses y tiene un costo de $2,8 millones.
Según la Contraloría, tras el refrendo, la CFI tiene como primera obligación entregar un plan de trabajo en los siguientes dos meses.
De cumplirse los plazos anunciados, la nueva concesión para modernizar el puerto que arrastra más de seis años en situación de colapso, comenzaría a ejecutarse hasta inicios del 2027.
El año pasado, el Gobierno anunció un plan que implica ampliar por cinco años el contrato con la concesionaria Sociedad Portuaria Caldera (SPC), a cambio de que esta realice una serie de mejoras en infraestructura, necesarias para hacer frente a la saturación del puerto.
Originalmente, el contrato con SPC vence en el 2026, por lo que no existe claridad sobre cuál sería el mecanismo a seguir para adjudicar a un nuevo concesionario, mientras dicha contratación aún esté vigente.
Hasta ahora, las autoridades no han especificado las condiciones de la eventual adenda o la figura bajo la que se haría esa ampliación de contrato. Cuando se hizo el anuncio, únicamente indicaron que se hará bajo la Ley de Contratación Administrativa y el régimen de concesión de obra pública.
Situación urgente
El único muelle de carga internacional ubicado en el Pacífico costarricense enfrenta un congestionamiento que impide atender con celeridad barcos más grandes, pues solo hay un puesto de atraque con capacidad para recibir barcos de 12 metros de calado, lo que implica que cuando llega más de un buque con ese tamaño, deban esperar en bahía durante varios días.
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Eso, a su vez, se traduce en recargos por demora que son trasladados a los importadores y por ende a los consumidores finales. La estimación es que el colapso en Caldera genera pérdidas anuales por unos $100 millones.
En el 2019, el Incop ya había presentado resultados de un plan maestro por el cual el gobierno anterior pagó $560.000 y en el que se indicaba que para salir del colapso, Caldera requería inversiones por más de $251 millones.