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La Contraloría General de la República (CGR) abrió un procedimiento administrativo a cuatro exfuncionarios y un trabajador actual del ICE para investigar el gasto de ¢88.557 millones (unos $146 millones) en la fallida planta hidroeléctrica El Diquís.
Se trata de Carlos Manuel Obregón Quesada, quien fue presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de 2014 a 2018; al exgerente de Electricidad, Gravin Mayorga Jiménez; así como a un extrabajador de apellidos De la Cruz Malavassi, quien laboró en la Unidad Estratégica de Negocio del Centro Nacional de Planificación Eléctrica del Instituto; y otro de apellidos Ávila Pérez, que estuvo a cargo del proyecto.
La lista de investigados la completa un funcionario de apellidos Varela Ramírez del área de Ingeniería y Construcción del Instituto, de acuerdo con el expediente CGR-PA-2019008654, publicado en el Sistema de Consulta de Sanciones de la Hacienda Pública de la CGR.
No trascendieron las razones por las cuales las pesquisas se dirigen contra estas personas, pues el proyecto se impulsó a lo largo de tres administraciones.
Todos los implicados deben comparecer el lunes 2 de noviembre dicta la notificación realizada la segunda quincena de setiembre.
El órgano contralor resolvió abrir procedimiento administrativo luego de concluida una investigación preliminar, en la se hallaron elementos de posibles irregularidades. En la nueva etapa, se pretende determinar la verdad real de los hechos.
Del procedimiento administrativo pueden derivar sanciones como inhabilitación para ejercer cargos públicos y, de confirmarse responsabilidad patrimonial, la CGR puede ordenar al ICE la recuperación de recursos.
La construcción de la planta Hidroeléctrica El Diquís, en Buenos Aires de Puntarenas, fue anunciada en 2008 como la obra más grande del Istmo con 650 megavatios (MW) de generación. También sería la más cara en la historia nacional. Se estimaba en $1.850 millones, en aquel momento.
Diez años más tarde, el 2 de noviembre del 2018, el Instituto dio a conocer la cancelación, luego de años de complicaciones y de obras varadas, pero también de gastos. Para ese año, además, las estimaciones del costo se habían duplicado: $3.694 millones.
La mayor traba fue la dificultad para cumplir con la consulta indígena que era obligatoria debido a que se ocuparían territorios de estos pueblos, específicamente del territorio China Kichá y del Térraba. Así lo ratificó una resolución de la Sala Constitucional de agosto de 2011 a una acción presentada por la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba.
El fallo dejó en suspenso los trabajos, mientras se buscaba el mecanismo para la consulta establecida por la Ley Indígena y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Pasaron los años sin que se realizara la consulta, pero el plan seguía en pie con la idea de que sería necesario para asegurar la demanda eléctrica futura, aunque al final se hablaba de convertirlo en una “gran batería” para venderle electricidad a países de la región.
Así se sostuvo el proyecto sin avance, pero con erogaciones que ascendieron a ¢88.557 millones, sin que nunca llegara a concretarse.
Luces de alerta
Dos días después de que el ICE divulgara la cancelación de El Diquís, el geólogo Allan Astorga Gättgens solicitó a la CGR investigar supuestas irregularidades en la tramitación de la viabilidad ambiental del proyecto y pedirle más explicación del ICE sobre el gasto por ¢88.557 millones acumulado incluso durante el tiempo de parálisis de obras.
El geólogo alertó de que el ICE obtuvo de la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (Setena) diversas viabilidades ambientales para distintos componentes de la planta desde el año 2008 con lo cual, dijo, se habría segmentado la evaluación de impacto ambiental de la totalidad de la obra.
Según Astorga, las obras iniciales implicaron daño ambiental en la zona que pudo evitarse, de haber mediado un visto bueno de impacto ambiental para la totalidad de la planta y no secciones de esta.
El 20 de diciembre del 2019, la CGR respondió a Astorga en su oficio DFOE-AE-0614 que no halló irregularidades de parte de Setena en brindar los permisos al ser trabajos temporales, entre investigaciones y estudios de campo en áreas previstas para la planta.
Sin embargo, la CGR sí confirmó al geólogo que el ICE gastó los ¢88.557 millones entre créditos otorgados por entidades bancarias nacionales y por organismos internacionales, emisiones de bonos y dineros propios; estos últimos de carácter público.
En su oficio, la CGR agrega que ya mantenía en estudio “aspectos relativos a algunas actividades efectuadas para el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y los recursos utilizados para financiarlas", acerca de las cuales el ente contralor aclaró que no iba a anticipar criterio.
“Sobre estos aspectos no procede adelantar criterio, en tanto la información actualmente se emplea en un análisis que se mantiene en proceso y que reviste carácter confidencial. Por lo tanto, los resultados que se obtengan serán comunicados en el momento oportuno”, concluyó la CGR al respecto.
¿En qué consistía?
El Diquís fue un proyecto declarado de conveniencia nacional e interés público el 6 de febrero del 2008, mediante el Decreto Ejecutivo N. 34312-MP-MINAE.
La planta proponía una represa de 172 metros de altura localizada a cuatro kilómetros aguas arriba del puente sobre el río General (conocido por vecinos de esa cuenca como Térraba) entre las comunidades de Térraba y Paraíso.
El agua del embalse habría tenido una altura variable de 300 a 260 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) que inundaría 6.081 hectáreas entre territorios indígenas y no indígenas.
El cuarto de máquinas iba a ser subterráneo, en una caverna a 10 m.s.n.m lo cual implicaba que el agua del embalse sería desviada por derivación, por medio de un túnel de 11 kilómetros atravesando la Fila Brunqueña.
Según un informe del Equipo del Área Social del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED) del ICE, una vez hecha la planta se habrían afectado 150 sitios arqueológicos en el área de influencia de la obra e impactaría por variación de la dinámica ecológica, al menos 1.800 hectáreas del área del Humedal Nacional Térraba-Sierpe.
Además, la inundación del embalse habría borrado 2.105 hectáreas de bosque primario y secundario; entre las cuales había 734 hectáreas de territorios indígenas.
Ello habría ocasionado consecuentes impactos en la flora y la fauna de los ecosistemas relacionados y el respectivo desplazamiento y relocalización de más de 1.550 personas y comunidades indígenas y no indígenas afectadas, quienes no habían sido formalmente consultadas de estos cambios en su entorno y modo de vida.
Línea de tiempo
El 6 de febrero del 2008. Decreto Ejecutivo N. 34312-MP-MINAE declaró de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís.
Abril del 2011. Ese mes se detuvieron obras iniciales de las fases de investigación, exploración y experimentación geológica de la planta por conflictos con comunidades indígenas. Todavía en ese mes, el ICE mantenía un campamento de trabajadores en la zona para desarrollar la planta.
30 de agosto 2011. La Sala IV falló a favor de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba, que se opuso a la declaratoria de interés público de la obra, porque no se les consultó sobre el impacto a sus territorios. La Sala reafirmó que la consulta por parte del ICE a esas comunidades es obligatoria y le dio seis meses para realizarla.
16 de julio 2014. La Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba demandó al ICE y al Estado por $200 millones, debido a los presuntos daños ambientales causados por las obras iniciales.
20 de diciembre 2014. Luego de tres años de controversias, el gobierno conformó un comité para la consulta indígena. Ese grupo lo integraron jerarcas de 13 carteras y entidades públicas. Sin esa consulta y la aprobación de las comunidades, no era posible completar el estudio de impacto ambiental de la megaobra.
25 noviembre 2015. El Tribunal Contencioso Administrativo desestimó la demanda contra el ICE por presuntos daños ambientales en unas 20 hectáreas de la reserva indígena de Térraba.
6 de marzo de 2018. El gobierno se comprometió a consultar a los pueblos indígenas cualquier actividad que pueda afectar sus derechos en alguno de sus 24 territorios, mediante el decreto 40.932 que pone en marcha el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas.
14 de mayo del 2018. La Sala Constitucional acogió para estudio una acción de inconstitucionalidad contra Decreto Ejecutivo N. 34312-MP-MINAE del 2008 que declaró de conveniencia nacional e interés público la construcción de la planta.
24 de mayo 2018. El entonces ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, confirmó su oposición a construir la planta porque no existían estudios u otras valoraciones de impacto social y económico que justifiquen la declaratoria de conveniencia nacional dada una década atrás.
2 de noviembre del 2018. La presidenta del ICE, Irene Cañas, anunció la cancelación del proyecto como parte de serie de ajustes para mejorar las condiciones financieras de la entidad. Dijo que los ¢88.557 millones gastados ya se habían trasladado a gastos del ICE debido a la parálisis de El Diquís en el tiempo y que no impactarían las tarifas.
Fuente: Archivo La Nación.
