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La Contraloría General de la República ordenó a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) suspender el plan para construir un muelle flotante de $234 millones cerca de puerto Caldera, Puntarenas, para ampliar los inventarios de gas licuado de petróleo (GLP) o de cocina.
De acuerdo con la información divulgada este viernes, el órgano contralor instruyó a los miembros de la Junta Directiva de la Refinadora a anular el acuerdo mediante el cual aprobaron el estudio de factibilidad para esa infraestructura.
Igualmente, deben dejar sin efecto su decisión de buscar un contratista para la obra y eliminar del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) dicha licitación, en resguardo de la Hacienda Pública.
Para emitir la orden, la Contraloría consideró que el referido estudio de factibilidad conllevaría un aumento en las tarifas de los combustibles. Asimismo, determinó la existencia de una serie de inconformidades.
Por ejemplo, encontró omisiones normativas e incongruencias, que debido a su relevancia, hacen improcedente el desarrollo de actividades en la fase de inversión del proyecto.
Sus descubrimientos sobrevinieron en el marco de una auditoría que tenía en curso sobre la razonabilidad de la etapa de preinversión de dicha terminal.
“Se encontró que los actos referidos adolecen de vicios esenciales y sustanciales de nulidad absoluta, pues se omitió la evaluación del costo-beneficio del proyecto, lo que significa que se promovió una licitación pública sin existir garantía razonable sobre su rentabilidad”, precisó el órgano contralor.
Por su parte, Recope prefirió no emitir criterio sobre la orden recibida, pues, dijeron, van a analizar el documento.
“Para elaborar la respuesta siguiendo el procedimiento que corresponde, dentro del plazo que la ley confiere a los entes sujetos de este tipo de acciones de control”, respondió la oficina de prensa ante consulta de La Nación.
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Ni eficiencia ni seguridad
Según la Contraloría, la auditoría encontró incumplimientos a diversa normativa técnica del Ministerio de Planificación (Mideplán), a normas de control interno para el sector público y a la Ley de Contratación Administrativa y de su Reglamento, entre otras, referidas a los principios de eficiencia y seguridad.
La CGR afirma que no es posible evidenciar el cumplimiento de eficiencia para encaminar la inversión ni la seguridad razonable con respecto a que se deba proceder con su ejecución.
“Aspectos de suma relevancia de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable y la coyuntura fiscal del país, la cual reafirma la importancia del cumplimiento de tales principios”, refiere el oficio DFOE-SOS-0085 del 29 de junio anterior dirigido a la Junta directiva de la Refinadora.
Por otra parte, agrega ese oficio, la Contraloría halló que Recope tampoco analizó el posible riesgo de incumplimiento de la regla fiscal y el aseguramiento de recursos futuros para costear el proyecto antes de proceder a buscar un posible desarrollador.
La CGR le consultó a la empresa acerca de sus previsiones en este sentido y esta le respondió que como la Ley n.° 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) es de reciente aprobación, su análisis de la viabilidad legal nada más se centró en la capacidad de Recope de desarrollar una obra de infraestructura como la Terminal Pacífico y los posibles mecanismos de contratación.
Además, Recope indicó que el Ministerio de Hacienda comunicó el tope de 1,96% para el gasto total en 2022 del sector público el pasado 4 de abril de 2021, pero el equipo a cargo del proyecto no tuvo acceso a dicho oficio y sus alcances con anterioridad a la publicación del cartel en Sicop.
La Contraloría hace notar que, incluso después de la publicación del cartel de licitación pública, Recope también desconocía si hacer la Terminal Pacífico podría haber afectado la ejecución de los gastos de capital en otros proyectos y los posibles riesgos de ello.
La Nación publicó en mayo, que el propio estudio de preinversión de Recope para esa terminal reconoce que aumentar el almacenamiento en sus instalaciones en Moín (Limón) cumpliría la misma meta de más espacio para almacenar GLP en Costa Rica y evitaría a los consumidores un impacto tarifario.
El estudio en cuestión argumenta que el país requiere invertir en más depósitos de GLP, sea en Moín o en Caldera o en cualquier otro sitio por el repunte reciente (y previsto a futuro) del consumo de gas en hogares, restaurantes, sodas e industrias.
