EscucharLa Contraloría General de la República pidió al presidente Rodrigo Chaves intervenir el proyecto de ampliación de la ruta 32 (San José-Limón), debido a deficiencias que descubrió en la planificación de las obras adicionales que requiere esa vía de 107 km con un costo superior a $465 millones.
En un oficio remitido este lunes, el órgano contralor indicó que a fin de lograr una mejor coordinación entre todas las dependencias que tienen injerencia en el proyecto, se solicita la intervención “al más alto nivel del Poder Ejecutivo”.
¿Por qué la preocupación? La medida adoptada por la Contraloría se da luego de recordar que las obras que se ejecutan entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón no cumplieron con la fase de preinversión, por lo que el alcance de los trabajos no contó con el sustento técnico para garantizar la seguridad de los usuarios y el adecuado funcionamiento de la vía.
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Esa situación obligó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a establecer un nuevo plan para la construcción de obras adicionales que abarquen las necesidades que quedaron fuera del contrato original. Sin embargo, según la auditoría realizada por la CGR, para esta nueva etapa tampoco se ha efectuado un proceso de planificación “siguiendo un orden lógico y sucesivo de conformidad con lo establecido en la norma técnica de Mideplán (Ministerio de Planificación)”.
De acuerdo con el informe, en la fase de inversión se diseñaron 54 obras adicionales sin que se completara la fase de preinversión, por lo que no se demostró la viabilidad de esos trabajos.
“Cabe señalar que para el contrato vigente de diseño y construcción de la RN32 (ruta nacional 32), no se efectuó un estudio funcional integral y de seguridad vial en la fase de preinversión del proyecto, en igual sentido, para el proceso de definición de las obras adicionales tampoco se cuenta con dicho estudio como sustento para definir cuáles son las indispensables para garantizar la correcta satisfacción del interés público, la seguridad vial para todos los usuarios y el adecuado funcionamiento de la vía”, afirmó la Contraloría.
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El préstamo
Asimismo, destacó que la Administración anterior gestiona acuerdos para el financiamiento de las obras adicionales con un organismo internacional sin haber demostrado la viabilidad de los trabajos y sin contar con una definición del alcance, plazo y presupuesto necesario para su ejecución.
A inicios de marzo, el entonces jerarca de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, envió un oficio a los diputados en el cual informó de que el préstamo para las obras complementarias que se comenzaba a negociar con el Eximbank de China (mismo ente que financia el proyecto actual) sería por $150 millones, $50 millones más que lo estimado en un principio. Junto con el crédito, se ampliaría el contrato con la constructora a cargo, China Harbour Engineering Company (CHEC), para que complete todo el proyecto en dos años.
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De acuerdo con el desglose dado a conocer en el documento, del monto total se destinarían $82 millones para construir bahías de autobuses, puentes peatonales, aceras, ciclovías y otras necesidades que han sido incluidas en los paquetes de obras complementarias solicitadas por los gobiernos locales de Pococí, Guácimo, Matina y Siquirres.
Además, se mencionaba un rubro adicional de $48 millones descrito como “obras de la Administración” y $20 millones para “controversias”.
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Apenas dos meses después y a pocos días de concluir su gestión, el gobierno de Carlos Alvarado presentó un proyecto de ley para ejecutar las obras adicionales, entre las que mencionaron construcción de puentes peatonales, muros, marginales y bahías para autobús, por un monto de $150 millones, aunque no se especificó la fuente del financiamiento.
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El 8 de mayo y a pocas horas de ser juramentado, el presidente Rodrigo Chaves anunció que llamaría a cuentas “a mucha gente” en relación con proyectos de infraestructura vial. Entre los proyectos sobre los que dijo, pediría mayor atención, se encuentra la ampliación de la ruta 32 a lo largo de 107 kilómetros.
El proyecto en ejecución tiene un costo de $465 millones e incluye, aparte de la ampliación a cuatro carriles, la construcción de 33 nuevos puentes, 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y en el ingreso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Actualmente, esa obra tiene menos de 60% de avance y recientemente el contratista recibió un plazo adicional para terminarla, con lo que la fecha de finalización se trasladó a febrero del próximo año.
La ampliación de la ruta 32 se inició a finales de la administración de Luis Guillermo Solís Rivera, sin que se contaran con estudios y diseños. Originalmente debía estar lista en octubre del 2020.
