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La Contraloría General de la República (CGR) ordenó la destitución de Carlos Alonso Rueda Segura, director de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por la llamada pifia en la construcción de la ruta 257, que une la carretera a Limón o ruta 32 con la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), en Limón.
La pifia consistió en un desfase de 80 metros en el diseño, lo que obligó posteriormente a realizar un gasto adicional de fondos públicos de $14 millones, que para entonces eran casi ¢8.000 millones. El error era de conocimiento de la Administración.
La Contraloría comunicó la orden en la resolución 10388- 2021 (DJ-0972) del 13 de julio de 2021, que puso fin al procedimiento administrativo CGRPA-2019004987. La decisión quedó en firme, según comunicó el órgano contralor en el diario oficial La Gaceta de este lunes 7 de marzo.
De esta forma, se declaró responsable administrativamente al funcionario en grado de culpa grave “razón por la cual se se dispone de forma vinculante sancionarlo con la separación del cargo de conformidad con el artículo 41 inciso c) de la Ley General de Control Interno, así como con el impedimento previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”.
Esto último consiste en una prohibición de ingreso y reingreso para ejercer cualquier cargo en la función pública por un plazo de cuatro años cuya vigencia quedó comprendida del 12 de febrero anterior hasta el 12 de febrero de 2026. En este caso, la CGR señaló que Rueda Segura era el funcionario entre cuyas responsabilidades estaba lo relativo a la localización geográfica del punto de conexión de las obras entre la terminal portuaria y la carretera.
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A Rueda Segura se le achacó responsabilidad porque la vía provisional se levantó con un error de cálculo, por el cual el MOPT debió luego rediseñar una ruta definitiva. Todo se remonta al 2015, cuando el Ministerio abrió la vía de lastre de 2,8 kilómetros entre Sandoval de Limón y Moín para el ingreso de camiones con materiales de construcción y obreros de la terminal portuaria.
La Dirección de Recursos Humanos del MOPT confirmó a través de la oficina de prensa, este miércoles, que ya se notificó el despido al funcionario a partir del 16 de marzo.
Coordenadas erróneas
Como la obra se diseñó con coordenadas geográficas equivocadas, hubo una diferencia de 80 metros entre el punto donde finalizaba el acceso temporal y el ingreso del puerto. Sin embargo, el error fue adrede.
Tan planificado estuvo el error que el Gobierno había rechazado una oferta de un grupo constructor cuyo diseño sí conectaba la ruta 32 (San José-Limón) con el punto exacto de entrada a la terminal. Aquella propuesta le habría ahorrado $26 millones a esa cartera, pues era $12 millones más barata que la escogida y evitaba el pago de los $14 millones adicionales por el “error”.
La institución introdujo datos falsos en el cartel al indicar que la vía de cuatro carriles debía terminar en un punto a 2,047 kilómetros de la ruta 32, sin salirse de una franja de 60 metros de ancho, para que conectara perfectamente con la Terminal de Contenedores. Ese punto en realidad estaba a 80 metros de la conexión verdadera.
Ante los diputados y bajo juramento, Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y presidente del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) entre 2016 y 2018 reconoció que la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018) sabía que el proyecto licitado no llegaba al punto requerido en realidad. Así lo declaró en una comparecencia realizada el 23 de marzo del 2017.
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“Cuando yo digo que no hay error es porque ya sabíamos que había una diferencia de 80 metros de longitud y seis metros de elevación entre el punto que salió en la licitación y la Terminal de Contenedores, o sea, eso de que sea una pifia dijimos que no, porque ya sabíamos de previo que, por medio de esa licitación, no se podía hacer la conexión. A eso es a lo que yo me refiero, de que no hay error ni pifia, nosotros no sacamos la licitación pensando que donde iba a terminar iba a pegar con la Terminal de Contenedores”, manifestó Villalta ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso.
‘Mea culpa’ oficial
El ahora exfuncionario también lo había reconocido dos semanas antes en un correo electrónico remitido a Roberto Mora, conocido como el cobrador de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el cual también copió al entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y a varios ministros, altos jerarcas públicos y diputados de entonces.
“Esta administración tomó la decisión de lanzar la licitación conociendo que el proyecto definitivo no termina en la conexión sino con 80 metros de desfase horizontal y seis metros de desfase vertical”, redactó Villalta en dicho mensaje electrónico, del cual La Nación tuvo copia.
Incluso, reveló que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) tenía de antemano una reserva de $8,6 millones para subsanar la pifia premeditada mediante una ampliación de contrato con el consorcio escogido, por lo que alegó que la diferencia por pagar era solo de $5,4 millones para cubrir los $14 millones exigidos por el grupo constructor.
Villalta dijo a los diputados que la responsabilidad de lo sucedido la tenía la administración anterior. Argumentó que, en octubre del 2013, el Conavi tramitó el estudio de impacto ambiental del proyecto sin que la empresa holandesa APM Terminals, que hizo la TCM, hubiese revelado el punto de acceso al megapuerto. Según Villalta, eso provocó que el permiso ambiental se solicitara para una franja que terminaba en el centro de los terrenos concesionados a APM Terminals, pero el acceso se abrió a 80 metros del sitio pensado.
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La diferencia para detectar que la vía no conectaría con el megapuerto fue de solo dos meses, pues la compañía holandesa inscribió su plano definitivo ante el Centro de Catastro Nacional en diciembre del 2013. El entonces ministro alegó que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) otorgó así un permiso ambiental sin incluir todos los terrenos requeridos en febrero del 2014. Sin embargo, en ese momento, faltaban más de dos años para que el Conavi sacara a concurso el contrato para construir la ruta 257.
En junio del 2019, la Contraloría había inhabilitado para ejercer cargos públicos, por dos años, al exministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini Villalobos (2014-2016) al hallarlo responsable administrativamente por la misma pifia.
