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Antes de continuar con los planes de construir el tren eléctrico metropolitano, la Contraloría General de la República (CGR) urgió al gobierno a aclarar de dónde provendrán los recursos para hacer los aportes estatales que requeriría la operación de ese sistema de transporte público.
De acuerdo con los estudios de factibilidad del proyecto, para desarrollar un tren eléctrico que se extienda por 84 kilómetros de la Gran Área Metropolitana (GAM), con una frecuencia de viajes de cada cinco minutos, el Estado deberá aportar entre $50 millones y $150 millones anuales a la empresa concesionaria, a modo de subsidio.
Según el tipo de cambio actual, los montos rondarían entre los ¢29.000 millones y ¢87.000 millones anuales.
Esos aportes permitirían tener una tarifa socialmente aceptable de ¢600 por viaje.
No obstante, en medio de las urgencias fiscales que atraviesa el país, la Contraloría considera necesario identificar la fuente de financiamiento de esos aportes, para que los dineros no sean recargados al Presupuesto Nacional de cada año, como lo propuso el Ejecutivo.
“Es preciso enfatizar en la importancia de cuantificar dichos montos adicionales que requerirá el proyecto, con el propósito de evitar generar obligaciones futuras para las cuales no se tenga una fuente de financiamiento plenamente identificada”, indicó el órgano contralor.
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Así lo planteó en el criterio técnico enviado a la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, que discute la aprobación del préstamo de $550 millones, proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Esos recursos serían la primera inyección que realizaría el Estado al proyecto para su etapa constructiva. La empresa concesionaria tendría que aportar otros $1.000 millones.
Una vez que el tren eléctrico entre en operación, etapa proyectada para 2025, el Estado tendrá que empezar a girar los aportes estatales.
El monto exacto dependerá del modelo de subsidio que se elija en la licitación internacional, así como la demanda de pasajeros que tenga el tren eléctrico.
A mayor cantidad de usuarios, menor aporte.
La investigación de demanda del mercado estima que unos 200.000 pasajeros utilizarían el tren cada día laboral.
Préstamo
Aunque la Contraloría señaló que el empréstito con el BCIE ofrece buenas condiciones, pidió a los diputados evaluar el impacto que tendría en las finanzas públicas el pago de los aportes anuales.
Por ello, insistió en la necesidad de encontrar las fuentes de esos recursos.
“Al margen del contrato de crédito en discusión, resulta importante no solo contar con escenarios que permitan cuantificar los montos adicionales que el Estado deberá aportar al proyecto, sino también identificar la fuente de ingresos que los financiará, dada la situación fiscal que afronta el país”, señala el documento.
También urgió al gobierno a evaluar las consecuencias que tendría la pandemia del nuevo coronavirus sobre la demanda del sistema de transporte público, pues cuantos menos pasajeros tenga mayor sería el monto que el Estado tenga que pagar.
“Resulta relevante que se considere en el análisis del proyecto de ley la nueva normalidad poscovid-19, influenciada por los efectos en los hábitos de consumo, incremento del teletrabajo, entre otros aspectos, que podrían tener implicaciones en el proyecto”, sentenció.
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No a nuevos impuestos
Durante su audiencia ante la Comisión de Infraestructura, la primera dama, Claudia Dobles, rechazó la posibilidad de crear un nuevo impuesto para financiar los aportes estatales al tren eléctrico.
No obstante, la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Elizabeth Briceño, reconoció que el propósito del Ejecutivo es incorporar las sumas al Presupuesto Nacional de cada año.
El plan de gastos del Gobierno Central se financia con la recaudación de impuestos y con deuda.
Por ejemplo, el presupuesto actual contempla gastos por ¢10,5 billones. Según las proyecciones iniciales, solo un 52% proviene de la recaudación tributaria, mientras que el restante 48% se financia con deuda.
La crisis generada por la pandemia de coronavirus inclinaría aún más la balanza hacia el endeudamiento.
Ingresos complementarios
El proyecto del tren eléctrico contempla desarrollos que permitirán al Incofer captar recursos frescos.
El alquiler del espacio para que las empresas de telecomunicaciones conduzcan su fibra ópticas por la vía del tren, así como espacios comerciales y publicitarios también contribuirían a generar recursos.
En un escenario conservador, el Estado recaudaría $16 millones (¢9.000 millones) en los servicios complementarios al tren eléctrico.
No obstante, serían insuficientes para cubrir la totalidad del aporte estatal.
