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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que a partir del año 2020 implementará plenamente normas contables internacionales que darán transparencia a sus finanzas; sin embargo, no lo hará de manera completa.
La entidad decidió excluir la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de las cuentas ligadas a sus arrendamientos, contratos tipo Built, Operation and Transfer (BOT) y fideicomisos que tiene hoy. Es decir, seguirá sin conocerse con claridad el peso como deuda que representan todos esos contratos de proyectos de generación eléctrica, entre esas la megaplanta Reventazón.
Con la decisión, quedará excluido de las NIIF un saldo global de ¢813.570 millones derivado de esos contratos, según sus estados financieros a diciembre de 2017.
La decisión de aplicar las NIIF atiende las llamados de atención de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos del Congreso.
¿Por qué dejar fuera los contratos anteriores?
Si se aplicaran las NIIF a los arrendamientos, contratos tipo BOT y fideicomisos, todos dejarían de estar registrados como contratos operativos y pasarían a recalificarse como contratos financieros.
De tener esa última calificación pasaría a ser parte de la deuda y, por lo tanto, elevarían el porcentaje de cuentas por pagar del Grupo ICE.
Además, al estar bajo la modalidad operativa como es hoy, todo gasto de las plantas se traslada a las tarifas de los consumidores. En cambio, si pasaran a contratos financieros, no podrían trasladarse a la factura de luz.
Todas esas inversiones se mantendrán así con la normativa contable vigente en el momento cuando se firmaron esos contratos y hasta su finalización. Solo se aplicarán las Normas Internacionales para los futuros contratos, según le informó el ICE a la Superintendencia General de Valores (Sugeval), el 25 de setiembre pasado.
No obstante, según el anuncio que hizo el propio ICE en agosto, no proyectaba “endeudamientos adicionales en el mediano plazo para proyectos de generación eléctrica” para “garantizar su sostenibilidad financiera”.
En la práctica, las NIIF sirven de marco regulador para elaborar estados financieros y presentar la información de cualquier entidad económica, pues evitan o reducen discrepancias de criterio que pudieran conducir a diferencias sustanciales en los datos que muestran los estados financieros.
Aplicar las NIIF ha sido una obligación pendiente del ICE que se había comprometido a hacerlo al 100% a partir de enero del 2017.
Ante consultas de este medio, autoridades del ICE respondieron, por medio del área de prensa, que la decisión de mantener los contratos anteriores como financieros se tomó con fundamento en un criterio de la Procuraduría General de la República; el C-095-2018 del 9 de mayo de 2018.
Conforme este criterio, los contratos que se estén ejecutando y fueron formalizados bajo condiciones derivadas de otras normas vigentes en el momento, no podrían modificarse de manera negativa o perjudicial para la institución por virtud de la implementación de las NIIF, emitidas con posterioridad a la formalización de esos contratos.
Obras fuera de NIIF
La planta hidroeléctrica Reventazón, en Siquirres de Limón, es uno de los contratos de generación que quedará libre de las normas contables NIIF.
En los estados financieros del Instituto se refleja el peso de ese proyecto: para el 2015, el saldo en todos los arrendamientos del ICE era de ¢26.546 millones. Al año siguiente, cuando se incluyó el arrendamiento del ICE, la cifra se disparó a ¢509.368 millones, o sea, un 1.818% más. Reventazón entró a operar en setiembre de 2016.
El grupo posee además fideicomisos correspondientes a las hidroeléctricas Cariblanco, en Sarapiquí de Alajuela y Toro 3, en Venecia de San Carlos. Así como la planta térmica Garabito, en Miramar de Puntarenas. A diciembre del 2017, el saldo en fideicomisos era de ¢227.430 millones. Todas excluidas de las NIIF.
En julio del 2017, la contralora Marta Acosta explicó a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que la planta Cariblanco tuvo problemas de liquidez por variaciones en el precio del dólar y, en el 2016, presentó un 63% de endeudamiento, según una auditoría del órgano contralor, del 2013,.
En relación con Garabito, este fideicomiso presentó el año pasado un endeudamiento del 87% y una caída en utilidades por pérdidas debido a diferencial cambiario.
Los efectos de todas estas variaciones en la globalidad de las finanzas del ICE únicamente los conoce el Instituto y así seguirá en tanto esos contratos estén vigentes.
Advertencia de problemas
En julio del 2017, el intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Mario Mora, explicó que si el ICE hubiese aplicado al 100% las normas NIIF a todas sus inversiones, las tarifas de electricidad deberían disminuir. Así lo afirmó durante una audiencia ante los diputados.
Esto ocurriría porque, luego de recalificadas, el ICE solo podría trasladar a la tarifa, por ejemplo, la tasa de interés de sus fideicomisos pero no la amortización de sus proyectos de generación.
En su comparecencia en la Comisión de Ingreso y Gasto, Mora señaló además que, Aresep ha descubierto en el ICE “serios problemas de gestión en los proyectos de generación en todas las etapas: pre-factibilidad, factibilidad y ejecución”.
"Hemos descubierto serios problemas de gestión en todas las etapas: prefactibilidad, factibilidad y ejecución. Esto es clave porque la mayor parte de estas obras del ICE tienen plazos de financiamiento inconsistentes con la vida útil y el ciclo de los proyectos. Hay obras cuya vida útil es de 40 años pero se pretende pagarlas en 12 años, lo cual impacta mucho las tarifas", mencionó.
Mora afirmó que incluso el ICE ha tomado decisiones de inversión con base en informes técnicos y de rentabilidad “de alcance parcial”.
Casi en límite que permite ley
Si el ICE hubiese aplicado las normas NIIF a todos sus contratos se podría conocer el nivel de endeudamiento real de la entidad, pues solo se conoce en términos porcentuales y ya está cerca de superar el límite máximo.
El nivel de la deuda del Grupo ICE llegó a 41,8% de sus activos a diciembre del 2017, según confirmó el Instituto ante consultas de La Nación.
El artículo 14 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones —Ley N.° 8.660— dicta que el límite de deuda para la compañía y sus subsidiarias es del 45% de sus activos.
Esta la segunda vez, tras la apertura del mercado de las telecomunicaciones, en el 2008, que se detalla el nivel de deuda del conglomerado.
El Grupo ICE lo integran el Instituto y sus subsidiarias: la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Radiográfica Costarricense (Racsa), la Compañía Radiográfica Internacional Costarricense S. A., Cable Visión de Costa Rica y Gestión de Cobro Grupo ICE S. A.
A junio del 2015, el endeudamiento total del Grupo ascendía a 39% mientras que en el año 2011 era de 32%.
En los seis años que van de finales del 2011 a diciembre de 2017, el Grupo ICE sumó 9,8 puntos porcentuales a su endeudamiento total.
A raíz de la protección legal de la información financiera que cubre a la entidad, no es posible saber con exactitud cuál empresa del Grupo ICE tiene el mayor nivel de apalancamiento en su deuda.
La Nación solicitó a la entidad detalle de cómo evolucionó el porcentaje de endeudamiento permitido por ley entre el 2012 y 2017 pero esta declinó responder.
