EscucharAunque el costo de construir la carretera entre San José y puerto Caldera, fue estimado en $301 millones, a la fecha el país aún debe $650 millones a la concesionaria, debido a las fórmulas de deflactación y otros cálculos que se consideraron en el contrato que el país firmó para ceder la operación de la ruta por 30 años.
Así lo indicó el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, Eduardo Chamberlain, ante las consultas de La Nación y luego de que ese consejo conociera el último informe sobre los montos recaudados por peajes entre el 2009 y mayo de este 2022.
De acuerdo con el documento generado por la supervisora Getinsa Gabinete S. A., desde la entrada en servicio de la carretera, la empresa Ruta 27 (antes llamada Globalvia) ha recaudado en peajes $778,7 millones, lo que representa más del doble del costo inicial de la ruta.
Según ese mismo análisis, con esa cifra traída a los valores presentes, el país ya amortizó un 75% de la deuda. Es decir, pese al monto bruto recaudado, lo amortizado a la fecha es de $226,9 millones.
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A pesar de que esos datos podrían representar que el país finalice la concesión antes de lo pactado (el contrato vence en el 2033), el secretario de Concesiones aseguró que de acuerdo a las proyecciones que han realizado, llegar al valor presente indicado, sucederá “más o menos” al mismo tiempo que se acabe el plazo contractual.
Esto se debe porque además de llevar los montos al valor del dólar en el año 2000 (cuando se firmó el contrato), se debe aplicar una tasa de descuento de un 11,68% mensual por la depreciación de esa moneda.
¿Ampliación costaría lo mismo que el finiquito?
Desde antes del inicio del actual gobierno, la ampliación del contrato que la Administración pasada dijo haber dejado avanzada en un 80%, aún está en veremos.
Según la negociación que se llevaba adelante con la empresa, la ampliación de la carretera de 77 km requería una inversión de entre $550 millones y $600 millones e implicaría extender el contrato al menos 15 años más.
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Sin embargo, el ministro Luis Amador aseguró semanas atrás, que todo ese proceso sería sometido a revisión e incluso no descartó la posibilidad de finiquitar el acuerdo y encargar la ampliación a otra empresa, aunque eso implicaría indemnizar a la concesionaria y pagar el monto que aún se debe.
“¿Es justo que se lo demos a la misma empresa? No sé. ¿Es factible que abramos una licitación? Creo que sí”, indicó.
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Consultado por el cálculo de esa indemnización ahora que se cuenta con estudios actualizados, el jerarca del CNC, Eduardo Chamberlain declinó dar una cifra e indicó que dicho monto se estimaría “en su momento” y de acuerdo a los criterios estipulados en el contrato.
“Requiere contractualmente que se cumpla con la indemnización de una serie de elementos a la empresa concesionaria, algunos de ellos detallados puntualmente en el contrato de concesión, y otros que deberán ser acordados o solucionados mediante arbitraje o procesos judiciales”, afirmó.
La valoración que pretende hacer el MOPT es determinar si aún sumando la indemnización y el monto de la ampliación, la oferta presentada por alguna otra empresa que se interese en concursar resulta inferior a la planteada por Ruta 27.
Por etapas
La ruta 27 se puso en servicio a inicios del 2010 (el peaje de Escazú se cobra desde el 2009) y apenas cuatro años después se evidenció la necesidad de ampliarla, pues llegó al tope de su nivel de servicio óptimo.
La propuesta planteada por la concesionaria para hacer frente a ese colapso es realizar la ampliación por etapas y, conforme se vayan poniendo en servicio los nuevos trayectos duplicados, se irían incrementando las tarifas de peaje.
La empresa dividió el proyecto en cuatro secciones: la primera va del Gimnasio Nacional a la intersección de Siquiares; la segunda etapa en intervenir va de Siquiares a Balsa de Atenas; posteriormente se intervendría el trayecto entre Atenas y Orotina, en donde se requieren las obras más complejas para atender la inestabilidad de taludes y, para el final, se dejaría el tramo entre Orotina y Caldera.
Una de las principales trabas que enfrentó el proceso que llevaba adelante la anterior administración, tenía que ver precisamente con el tema de costos, los cuales eran considerados por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) como elevados, e incluso se había pedido la intervención de especialistas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para certificar los montos asignados a varios de los ítems planteados por la concesionaria.
De acuerdo con la propuesta planteada, de iniciar los trabajos en el 2023, la ampliación se completaría en cinco años. No obstante, ese plazo podría retrasarse en caso de que se abra un nuevo concurso internacional.
Solo por el tramo entre La Sabana y el peaje a Escazú pasan a diario más de 100.000 vehículos.
