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El proyecto para construir el tren eléctrico metropolitano será presentado por Costa Rica ante el Fondo Verde del Clima, para intentar mejorar las condiciones del préstamo aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Así lo dio a conocer este martes el oficial jefe de ese organismo regional, Mauricio Chacón, ante los diputados de la Comisión de Infraestructura, quienes estudian el proyecto de ley de contrato de préstamo por $550 millones con el BCIE, para la construcción del sistema de transporte público.
De acuerdo con Chacón, si el país logra el respaldo financiero del ente, adscrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU), el préstamo quedaría con una tasa de interés efectiva de 1,5% fija anual.
De lo contrario, la tasa de interés establecida por BCIE rondaría el 3,8% anual y se calcularía con base en la tasa libor más un margen de 2,90%.
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“Estamos en conversaciones con el Fondo Verde del Clima que apoya este tipo de proyectos que representan un cambio en el paradigma para el medioambiente. El interés del Fondo en el proyecto se plasmó con una cooperación de $500.000 para hacer los estudios necesarios para presentar el proyecto en sus instancias aprobatorias”, afirmó Chacón.
El Fondo Verde del Clima es un mecanismo de Naciones Unidas para ayudar a países en desarrollo, mediante posibilidades de financiamiento para impulsar prácticas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Condiciones
Más allá del posible rebajo que pueda obtener el país en la tasa de interés, Chacón afirmó a los legisladores que el BCIE aprobó condiciones “excepcionales” en el préstamo a Costa Rica, por el impacto ambiental y económico que tendría la construcción del tren eléctrico.
Entre ellas mencionó que se exoneró el pago de la comisión de compromiso, estimada por el organismo en unos $40 millones. Así como un periodo de gracia de cinco años.
Además, señaló que el repago del préstamo por parte del país comenzará en 10 o 12 años, debido a la estructuración de los desembolsos a la empresa que logre la concesión.
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Según esos parámetros, el BCIE desembolsará los primeros $150 millones cuando entre en operación la Línea 1 Atlántico-Paraíso.
Depositará otros $150 millones cuando se ponga en marcha la Línea 2 Atlántico-Alajuela; otros $150 millones cuando funcione la Línea 3 Atlántico-Ciruelas; y otros $45 millones con la puesta en marcha de las extensiones Alajuela-Ciruelas y Ciruelas-Coyol.
“El concepto de desembolsar recursos del préstamo hasta que el tren entre en operación mitiga los riesgos constructivos y estimula la eficiencia del concesionario en ejecutar lo más pronto posible la obra, y de esta manera asegurar que los recursos van a ser ejecutados de forma responsable”, afirmó Chacón.
Tren eléctrico en datos
FUENTE: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Dudas legislativas
De acuerdo con el funcionario del BCIE, esas condiciones “excepcionales” darían tiempo suficiente para que la economía nacional se recupere y pueda afrontar el pago del empréstito para la construcción del tren.
No obstante, las dudas de algunos los legisladores no se centran en el préstamo de $550 millones con el BCIE, sino en el aporte estatal a la tarifa.
Para la operación del tren eléctrico en la Gran Área Metropolitana (GAM) con una tarifa aceptable para los usuarios, el Estado tendría que aportar entre $50 millones y $150 millones anuales.
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Los legisladores afirman entender que los sistemas ferroviarios requieren de subsidios estatales, pero algunos señalan que el rango es demasiado alto para el estado actual de las finanzas públicas.
En su audiencia, el pasado 2 de mayo, la primera dama, Claudia Dobles, afirmó que no se considera la creación de un nuevo impuesto para financiar los aportes estatales.
Por su parte, ante los cuestionamientos de los diputados, la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Elizabeth Briceño, reconoció que se financiaría con el Presupuesto Nacional de cada año.
Del plan de gastos de ¢10,5 billones aprobado para el año en curso, por ejemplo, solo un 52% proviene de la recaudación tributaria, mientras que el restante 48% se financia con deuda.
Si se aprueba el préstamo y se construye el tren, los aportes estatales recaerían sobre el Presupuesto Nacional a partir del año 2025, cuando se prevé la entrada en funcionamiento de la primera línea.
Según Briceño, el menor aporte estatal se consideraría para la selección de la empresa operadora. Además se ajustaría para que los primeros años se tengan que realizar los desembolsos más pequeños.
Los diputados convocaron a las autoridades de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y de la Procuraduría General de la República (PGR) para las siguientes sesiones de la Comisión que discute el futuro del tren eléctrico metropolitano.
