‘Decisiones precipitadas’ llevan al país hacia una parálisis en infraestructura vial

Así lo advierten especialistas consultados por La Nación, quienes consideran como “claro signo de alarma” algunas “decisiones precipitadas” como el cierre del Fideicomiso San José-San Ramón, el estancamiento en las negociaciones para ampliar la ruta 27 y el rechazo a la iniciativa privada para ampliar la congestionada vía entre San José y Cartago.

A ello, suman una deficiente gestión de otros proyectos viales que ya estaban en marcha.

El ingeniero civil Olman Vargas Zeledón, exdirector del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), apuntó a que parte de la preocupación surge porque la mayoría de los proyectos que se estaban ejecutando han sido detenidos y no hay un plan B claro en cada uno de ellos.

“Cuando se toma una decisión de estas, usted tiene que tener una opción que es la que va a seguir adelante. Pero, uno lo que siente es que se están tomando decisiones duras y radicales sin tener ninguna opción de cómo se van a seguir desarrollando los proyectos”, agregó.

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En tanto, el ingeniero civil y diputado del Partido Liberal Progresista, Luis Diego Vargas Rodríguez, quien además preside la Comisión de Infraestructura, calificó lo que ocurre como una “parálisis por análisis”.

Eso en referencia a proyectos como el de la carretera a San Carlos, o el de la ruta 1 ente San José y San Ramón, donde las medidas adoptadas apuntan a repetir estudios y diseños que ya se tenían hechos, y empezar de cero las obras, sin tener cronogramas claros.

El congresista aseguró, que un año después de haber asumido el cargo, es hora de que el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el también ingeniero civil, Luis Amador Jiménez, presente con claridad los planes que se seguirán en cada proyecto y comience a dar resultados.

“No necesitamos culpables, necesitamos que se ejecuten las obras”, insistió. También criticó el hecho de que, en distintas comparecencias ante comisiones legislativas, el ministro suele hacer recuentos de lo ocurrido en cada proyecto, pero no presenta cronogramas claros.

En esa misma línea, Mario Durán Ortiz, ingeniero civil y miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), agregó que la principal preocupación como usuarios es que los proyectos que tenían ya algún tipo de estructuración son desechados sin siquiera valorar eventuales ajustes.

Ruta 1 más cara

En el caso del Fideicomiso para la ampliación de la ruta 1 entre San José y San Ramón, el anuncio de terminar el contrato con el Banco de Costa Rica, se dio hace casi un año, a pocas semanas del inicio de la actual Administración. La justificación fue el alto costo administrativo que representaba la unidad ejecutora y el poco avance que había tenido el proyecto.

En los meses siguientes hubo vaivenes sobre el futuro del proyecto. Incluso, Amador llegó a decir que el anuncio solo pretendía ser un “jalonazo de riendas”, hasta que finalmente, en enero, se anunció la intención de sacar a concurso una licitación para la realización de nuevos estudios y diseños a fin de optimizar el proyecto y reducir el costo que debe cubrirse con tarifas de peajes.

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No obstante, dicho cambio más bien podría traducirse en un aumento de costos. Eso, si se toman en consideración los términos de referencia contemplados en el cartel para los nuevos estudios que se financiarán con una cooperación no reembolsable del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Mario Durán explicó: “Acaba de sacar los términos de referencia para hacer el concurso para realizar todo. $1 millón no alcanza para hacer todo. Pero el plan haría inviable el proyecto porque el alcance es amplísimo y el costo es muy bajo para poder hacer todo lo que están poniendo ahí. Segundo, están poniendo unas normas de diseño tan altas que hacen que el costo de la carretera se suba mucho (...) Entonces, están sacando un estudio que va a subir los costos, no a bajarlos”.

El diputado Luis Diego Vargas añadió que uno de los principales problemas en ese proyecto radica en la nula comunicación entre las unidades ejecutoras del Conavi y del Fideicomiso.

“Estamos en un proceso de parálisis por análisis. Me preocupa un tema del ministro y es que uno de los principales retos que tiene la gestión de proyectos, en cualquier etapa, es la comunicación, y la comunicación ha quedado demostrado que ha sido pésima”, indicó.

De acuerdo con el legislador, mientras se envía un mensaje a la ciudadanía de que se busca optimizar el proyecto, “en el mundo real no va a salir más barato”, pero sí va a costar más vidas por los accidentes que se presentan en la ruta y la pérdida de calidad de vida que representa para quienes invierten a diario hasta cuatro horas en ir y volver desde los cantones de Occidente a la capital.

Mientras eso ocurre, el MOPT sigue esperando que el BCR acepte una adenda al contrato del Fideicomiso, con la cual llevarían a cabo el proceso de transición y ejecutar las obras impostergables (que serían realizadas por el MOPT y Conavi) hasta finiquitar el acuerdo.

Cartago sin rumbo claro

En el caso de obras como la ampliación de la carretera entre San José y Cartago, en donde la iniciativa privada presentada por la constructora MECO fue rechazada por el CNC, con el voto de tres ministros, la principal preocupación surge por la falta de alternativas.

Carlos Trejos Rivera, ingeniero y presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, sostuvo que detener proyectos sin tener un plan de acción definido o una propuesta que brinde solución al problema, podría intensificar aún más el rezago en infraestructura que arrastra el país.

“Consideramos que lo que corresponde es buscar soluciones ágiles y efectivas. Sin embargo, lo que se percibe es que las decisiones que se toman complican aún más la pronta ejecución de los proyectos, con el costo que esto implica en materia de competitividad y calidad de vida de los habitantes”.

Y agregó: “La ejecución de obra pública no se debe paralizar y preocupa que no se ve una línea clara de acción por parte del Gobierno, además de la notoria falta de planificación que arrastramos desde hace muchos años”.

Por su parte, el diputado por Cartago del Frente Amplio, Antonio Ortega Gutiérrez, quien también es parte de la comisión de Infraestructura, agregó que lo que han visto en ese proyecto por el que llevan años esperando, es que en cada gobierno se busca culpar al anterior y empezar de nuevo con estudios cada vez más costosos. Calificó la gestión del MOPT como “mala” y sostuvo que, aunque no esperaban que en un año se resolvieran los problemas que se arrastran, lo cierto es que a la fecha no ha cambiado y tampoco se está avanzando en las metas anunciadas por el presidente Rodrigo Chaves en el Plan Nacional de Desarrollo.

Ruta 27 con futuro incierto

En relación con la ruta 27 (hacia Caldera), cuyas negociaciones habían quedado en un 80%, según el gobierno anterior, el tema ni siquiera ha sido discutido en la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones y hasta ahora lo único que han conocido es que la negociación se haría directamente en Presidencia, afirmó Mario Durán.

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“El problema es que hay dos opciones. Si el Gobierno no está contento con el concesionario actual puede terminar la concesión y hacer una nueva licitación y con esa nueva licitación hace la ampliación, pero tiene que indemnizar a Globalvia (actualmente Ruta 27) y son más de $300 millones. Es la mitad de lo que cuesta la ampliación”, agregó.

Olman Vargas, exdirector del CFIA agregó que más allá del desacuerdo que exista en relación al contrato de concesión, la decisión de ponerle fin afectaría a los mismos usuarios a quienes se recargarían los costos de la eventual indemnización que habría que pagar al concesionario. Además, dijo, deberán seguir soportando por varios años más del colapso de la vía.

Débil gestión

Sobre las obras que el Gobierno encontró en ejecución como la ruta 32 o la Circunvalación norte, Mario Durán dijo que la Administración ha fallado en diligencia y por deficiente supervisión.

A modo de ejemplo, citó los múltiples imprevistos que han retrasado un año la apertura de las cuatro etapas de la Circunvalación, las cuales se han ido atendiendo “en fila” conforme se van descubriendo y de forma improvisada.

Actualmente, todos los proyectos en ejecución por parte del MOPT y Conavi arrastran atrasos en sus cronogramas.

Otros como el de Taras-La Lima, que originalmente debía estar listo en el primer cuatrimestre de este año, tiene menos del 30% de avance y la ampliación de la ruta 32, pasó de un 58% de avance en mayo del 2022 a un 70% según el último informe. Adicionalmente, la empresa recibió una ampliación de 400 días en el plazo que trasladó la fecha de entrega a mayo del 2024.

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El actual director del CFIA, Guillermo Carazo, agregó que es urgente revisar la legislación en temas de expropiación que permitan agilizar los procesos de ejecución de las obras, así como las normativas para el desarrollo de concesiones y fideicomisos que permitan tener las reglas claras.

Sobre Barranca- Limonal, los expertos señalaron que este proyecto está suspendido desde octubre y quedó con un avance de menos del 20%, sin que a la fecha se haya logrado la citada cesión contractual, la cual Amador anunció como posible salida al atraso de la obra.

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“El proyecto sigue navegando en malas decisiones (...) Esas decisiones, que a mí me parecen precipitadas, sin pensar en consecuencias, van a paralizar el desarrollo de infraestructura súper importante por cuatro años. Significa un retroceso y me llama la atención cómo los diputados no tienen un pensamiento crítico”, apuntó el diputado Diego Vargas.

La actual Administración solo ha dado orden de inicio a dos obras importantes: La Galera y el puente sobre el río Virilla en la ruta 32. Ambos fueron citados como logros durante el informe de gestión presentado por el presidente Rodrigo Chaves, el 2 de mayo.

Sin embargo, en el caso del puente sobre el río Virilla (junto al estadio Saprissa), pese a que se giró dicha instrucción en enero, los trabajos no han comenzado debido a que la orden se giró sin que la adenda contractual entre la supervisora (UNOPS) y el contratista se hubiera suscrito.