EscucharEl Consejo de Transporte Público (CTP) solo cuenta con cuatro inspectores para verificar que los autobuses que prestan servicio en todas las rutas del país cumplan con la antigüedad permitida, que no debe superar los 15 años.
Así lo indicó la directora de ese consejo, Sidia Cerdas Ruiz, ante los diputados de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, que investiga los hechos que mediaron en el accidente de autobús ocurrido el pasado 17 de setiembre en el cerro de Cambronero, donde perdieron la vida nueve personas.
Aunque la tragedia fue ocasionada por un deslizamiento que empujó la unidad de la empresa Alfaro a un precipicio, los diputados cuestionaron las razones por las que este autobús tenía más años de los permitidos.
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De acuerdo con la directora del CTP, cuando se detectan casos en los que se determina incumplimiento, se alerta a la empresa y, además, a la Junta Directiva para que realice los respectivos procedimientos administrativos.
No obstante, la funcionaria reconoció que la capacidad de inspección en campo es limitada, por lo que también se apoyan en la Policía de Tránsito.
Según detalló, los oficiales de ese cuerpo policial tienen la potestad de retirar las placas y sacar de circulación las unidades.
Sin embargo, cuando se el consultó sobre el número de buses que han sido retirados bajo esa modalidad, la funcionaria dijo desconocer el dato.
Por su parte, la directora del área técnica del CTP, Aura Álvarez, achacó la responsabilidad a la Junta Directiva, pues dijo que sus miembros reciben cada año un listado de las unidades que están por vencer y, en el caso específico del autobús de Alfaro, el oficio únicamente se dio por recibido sin que se iniciaran los respectivos procesos.
La directora del CTP dijo que después de la tragedia se iniciaron las gestiones administrativas en contra de la empresa y se hicieron visitas para verificar las unidades. Debido a que se hallaron algunas no autorizadas, se adoptó un acuerdo de inicio de procedimiento y se está considerando la interposición de una medida cautelar.
El proceso administrativo en este tipo de situaciones puede derivar incluso en la pérdida del permiso para operar.
Otro de los aspectos sobre el cual los diputados llamaron la atención es que, en el caso de la empresa Alfaro, esta opera mediante un permiso de uso en precario, pues nunca recibió el refrendo para la concesión del servicio.
Las víctimas sobrevivientes de la tragedia y familiares de los fallecidos anunciaron, semanas atrás, que iniciarían un proceso legal en contra de los dueños de la empresa autobusera y en contra del Estado, pues a la fecha nadie se ha responsabilizado por el percance.
Previo a la participación de las representantes del CTP, la presidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya, también acudió a la Comisión, donde defendió la atención que se dio a las 36 personas que resultaron heridas en el accidente.
Según dijo, a la fecha, solamente falta por completarse el pago de una indemnización por uno de los fallecidos, debido a que no se ha entregado toda la información del beneficiario.
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Las personas afectadas por la tragedia también aseguraron hace algunas semanas a este medio, que en muchos casos recibieron atención incompleta debido a que se agotaron las pólizas. Sin embargo, la presidenta del INS dijo que 18 personas fueron dadas de alta y otras 18 aún están recibiendo tratamiento y acudiendo a citas en el Hospital del Trauma.
