EscucharDiputados miembros de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa consideran contraproducente que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) extienda el permiso de uso en precario a la empresa Dekra mediante el cual da el servicio de revisión técnica vehicular en el país. Así lo manifestaron Carolina Delgado y Diego Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN) y Liberal Progresista (PLP), respectivamente.
La empresa alemana presta servicio bajo ese modelo debido a que, precisamente, cuando feneció el contrato con el anterior operador, Riteve, no se había completado un proceso de licitación adecuado, por lo que se otorgó dicho permiso por dos años a fin de que las autoridades tuvieran tiempo de estructurar una contratación. El plazo se vence en noviembre.
Sin embargo, a 10 meses de que eso ocurra, el proceso de selección se encuentra en punto muerto. El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) debería iniciar de cero una nueva convocatoria para la licitación, luego de que la anterior se declarara infructuosa, pues solo una de tres empresas que participaron cumplía los requisitos. La nueva concesión debe otorgarse a dos compañías.
Dekra fue precisamente una de las firmas interesadas que no avanzó en la fase de precalificación porque no cumplió tres de cuatro requisitos financieros.
Esa situación encendió las alarmas de los legisladores. Su temor es que si se alarga el plazo a la empresa mientras se concreta el nuevo concurso, podría implicar un aumento en los costos o una interrupción del servicio en caso de que la firma se vea imposibilitada de sostener su operación.
“El Cosevi y el MOPT no están acelerando el proceso; lo que más preocupa es que teniendo prisa para que se asigne la empresa, ellos hayan descartado este proceso porque no calificó más de una firma (...). A pesar de que existen muchas barreras legales y procedimentales, no se está haciendo de la mejor manera para garantizar a los costarricenses el servicio de buena calidad y el costo como corresponde”, aseveró Delgado.
Por su parte, el legislador del PLP recordó el cambio en el reglamento aprobado por el Gobierno a tres días de que la empresa iniciara. Esa modificación obligó a los propietarios de vehículos a pagar la reinspección completa cuando presentan más de dos fallas graves, con el fin asegurar los ingresos a Dekra, pese a que inicialmente el Gobierno había ofrecido que no se cobraría.
Vargas agregó que además de la diferencia financiera evidenciada en la oferta, la empresa “se está dando cuenta de que ciertos supuestos” que pusieron en su análisis cuando concursaron para el permiso de uso en precario, no se están cumpliendo, lo cual eventualmente se convertirá en un mayor costo para los usuarios.
Tanto Delgado como Vargas, tienen dudas sobre las razones por las que este nuevo proceso no logró una mayor convocatoria. Para ellos, entre otros aspectos, obedeció a las aparentes irregularidades que hubo durante la selección del operador, cuando se asignó el permiso de uso en precario, las cuales están siendo investigadas por la Comisión de Infraestructura.
Los parámetros
De acuerdo con el análisis financiero de la comisión evaluadora del nuevo proceso, contenido en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), bajo el oficio CSV-DF-EST-ANA-FIN-0004-2023, Dekra incumplió tres de los parámetros establecidos en el cartel.
Estos se relacionan con el total de activos y pasivos circulantes; con la “prueba de ácido”, que en contabilidad consiste en evaluar la capacidad de una empresa de pagar en un corto plazo sin contemplar sus inventarios o activos fijos; el capital neto de trabajo y la capacidad de endeudamiento, siendo solo el último rubro el que cumplía a cabalidad con los términos cartelarios fijados.
Consultada al respecto, la empresa alemana indicó que “confía plenamente en su capacidad financiera” e informó de que sus ingresos anuales superan los 4.600 millones de euros.
La firma sostuvo que tienen la solidez necesaria para continuar prestando el servicio, al tiempo que aseguran que con las condiciones actuales no contemplan la necesidad de solicitar un aumento tarifario este año.
Este medio también solicitó el criterio de la directora del Cosevi, Cindy Coto, quien fue la primera en acudir en la Comisión Legislativa de Infraestructura, el lunes anterior, para referirse al tema de revisión técnica. No obstante, vía correo electrónico, manifestó que estaba gestionando las respuestas.
Durante su audiencia ante los diputados, Coto reconoció que no puede asegurar que vaya a haber un nuevo operador seleccionado para noviembre próximo, pues, actualmente, el proceso se encuentra en suspenso luego de que se declarara infructuoso y debido a que dos de las empresas presentaran recursos contra esa decisión ante la Contraloría General de la República.
A inicios de diciembre, el ministro Amador aseguró que la figura de permiso en precario que se le dio a Dekra, les da la potestad de “ampliarlo discrecionalmente” mientras se logra completar la adjudicación.
Precisamente la selección de Dekra como operador, se realizó mediante una decisión discrecional, luego de que la empresa obtuviera el segundo lugar en el análisis de las ofertas presentadas para el contrato como permisionario.
