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Diputados pidieron explicaciones al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por la multa que recibió al salir perdedor en un arbitraje con la empresa española Acciona Agua S. A., a la que encargó obras del proyecto de alcantarillado sanitario de San José.
Ese fue el objetivo para el cual llamaron a comparecer, este jueves, al gerente de la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento, Marco Fidel Vargas, a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
La disputa derivó en una condena para el AyA de pagar $2,4 millones a esa firma y honrar costas personales y procesales por $2,1 millones derivadas del laudo arbitral del 8 de mayo del 2020, que emitió el Centro de Resolución de Conflictos (CRC) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
El reclamo se originó en la decisión que el AyA tomó en 2017 de suspender el contrato suscrito con esa firma en el 2015, para la instalación de una sección de tuberías de alcantarillado sanitario en San José, como parte del megaproyecto para tratar las aguas residuales de 11 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) en la planta Los Tajos, en La Uruca.
El Instituto detuvo la ejecución del contrato por desacuerdos con la compañía española en la realización de las obras.
Producto del conflicto, el AyA debió pagar a los europeos $2 millones por eventos compensables y trabajos ejecutados que todavía le adeudaba.
En total, el enfrentamiento le costó a AyA $6,5 millones de los cuales están pendientes de cancelar $4,5 millones.
Marco Fidel Vargas aclaró de entrada a los congresistas que no podía referirse a profundidad al resultado del laudo porque en este momento se le sigue procedimiento administrativo en relación con esa disputa.
No obstante, ante cuestionamientos del diputado Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional, Vargas afirmó que cuando llegó al AyA, en el 2017, y asumió las riendas de la Unidad Ejecutora, el contrato con los europeos que era por 18 meses llevaba 13 meses sin ejecutarse.
Descargo
“Yo descubrí una empresa sin voluntad de ejecutar el contrato, es rarísimo hallarse una empresa que firma un contrato y no quiere ejecutarlo, era muy raro, solo interponía excusas y nosotros hicimos grandes esfuerzos por la buenas para negociar, pero fue la empresa la que incumplió todo y, al final, lo digo de esta manera, creo que era el plan de ellos: darle largas al asunto”, expresó el funcionario.
En su resolución, el Centro de Resolución de Conflictos calificó de “temeraria” la estrategia de defensa seguida por el AyA frente a los españoles a los cuales también demandó en el mismo proceso por casi $20 millones.
Asimismo, consideró que el Instituto falló en aportar pruebas e incurrió en valoraciones subjetivas que pudieron confundir al Tribunal.
En su comparecencia, Vargas discrepó por completo de esas conclusiones.
“En ese arbitraje, el Tribunal se dejó decir que interpusimos una demanda temeraria y eso ha impulsado a perseguir a los funcionarios involucrados en el proyecto. No es verdad, no es temeraria y más bien hubo una injusticia. Ahora se fijan en nosotros y no en nadie del Tribunal que tomó esa decisión”, manifestó Vargas.
Errores de planificación e imprevistos ya dispararon el costo del Programa de Agua Potable y Saneamiento del AyA de $250 millones a $600 millones. Actualmente, la entidad tiene un faltante de $140 millones para los cuales gestiona un crédito con el Banco Nacional para poder concluir el megaproyecto que lleva un 76% de avance.
