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Los diputados de la comisión especial creada para investigar hechos irregulares en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), pedirán ayuda a la Cancillería para lograr que los trabajadores de la Oficina de la Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS) rindan cuenta sobre sus gestiones en el país, relacionadas con infraestructura vial.
Así lo anunció el presidente de dicha comisión, Pablo Heriberto Abarca, luego de que el director de la agencia en Costa Rica, Alejandro Rossi, no acudiera a la comparecencia programada para este jueves en la mañana.
Los legisladores que integran esa comisión criticaron la falta de colaboración de parte de UNOPS e insistieron en que no se le está llamando a rendir cuentas en un proceso judicial.
UNOPS se escudó en los privilegios e inmunidad de los que goza como organismo internacional, para evitar la interpelación por parte de los diputados que investigan los hechos ventilados en el expediente del Caso Cochinilla.
Mediante una comunicación verbal, la agencia pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores interceder para evitar que se “violaran” sus privilegios.
De igual manera, los legisladores pedirán a la Cancillería que medie a fin de lograr que UNOPS acuda a la comisión para rendir cuentas sobre los proyectos que administra, pues los mismos son financiados con fondos públicos.
El frenteamplista José María Villalta, afirmó que lo actuado por UNOPS deja un “gran sinsabor” y advirtió que la negativa a comparecer podría significar “un abuso de la inmunidad de un organismo internacional”.
Durante la breve sesión de este jueves, la comisión además aprobó una moción para pedir a la Contraloría General de la República un reporte de las entradas y salidas de una serie de empresarios, funcionarios del Conavi y de UNOPS entre el 2019 y la actualidad.
Entre ese listado figuran los dueños de H Solís y MECO, Mélida Solís y Carlos Cerdas, así como el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata y el director de UNOPS Alejandro Rossi.
UNOPS es la agencia contratada por el Gobierno para administrar proyectos como los tres pasos a desnivel, el puente binacional y el puente sobre el río Virilla.
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Algunos de esos proyectos figuran en el expediente judicial, entre las supuestas irregularidades que se habrían cometido para favorecer empresas constructoras.
