EscucharLos diputados cuestionaron este miércoles lo que consideran “inacción” del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como las decisiones que a su criterio terminan encareciendo, paralizando y atrasando proyectos claves de infraestructura vial, como lo son el tramo Barranca-Limonal, en la carretera Interamericana Norte, y la ampliación de la ruta 1 entre San José y San Ramón.
Durante el debate reglado, los legisladores criticaron que el Ejecutivo dispusiera de los fondos del proyecto Barranca-Limonal e iniciaran de cero la búsqueda del financiamiento para esa obra, así como los pasos dados durante el proceso de finiquito con el actual contratista.
Diego Vargas, diputado del Partido Liberal Progresista, afirmó que la mala gestión del jerarca del MOPT Luis Amador, se tradujo en un aumento del pago que ahora el Estado tendrá que realizar a la constructora, tras darse por finalizado el convenio.
Según el congresista, el MOPT tuvo la oportunidad de poner fin a ese contrato a inicios del año pasado, cuando solo se debía pagar a la empresa $3,9 millones. No obstante ese proceso se alargó, al punto que se debió acudir al Centro de Resolución de Conflictos, en donde el monto acordado para ese pago es de $13 millones.
Otro de los aspectos criticados, fue que la vía recibirá inversiones en mantenimiento que, afirmó el legislador, superan los $18 millones, para conservar una inversión de poco menos del doble de ese monto, en referencia a los $34 millones que ejecutaron durante los dos años que el consorcio H Solís-La Estrella estuvo al frente de las obras.
“Tenían un proyecto blindado con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) donde estaba la plata, los $175 millones para hacer esta obra, y se llevan la plata para San Carlos y se meten con el BCIE. Ya se dieron cuenta que con el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), será una contratación asociada a la nueva Ley de Contratación Pública, donde si no tiene el 100% de las expropiaciones no van a poder hacer nada”, aseveró.
Vargas afirmó que su temor ahora es que el MOPT pretenda reemplazar los pasos a desnivel que incluía el proyecto original por rotondas (como ocurrió en la ruta 32), para así disminuir el número de terrenos que se requieren para ejecutar la obra.
El liberacionista Luis Fernando Mendoza se sumó a la crítica. Se refirió a la decisión de trasladar los recursos remanentes del préstamo del BID para la construcción de la carretera a San Carlos y optar por un préstamo “más caro” con el BCIE para iniciar de cero en Barranca-Limonal.
El verdiblanco expuso que desde mediados de agosto pasado se realizó la consulta ante la Procuraduría de la República sobre la legalidad de trasladar los recursos aprobados por el BID a la nueva carretera sin necesidad del visto bueno del Congreso. A su criterio eso no es posible, ya que el financiamiento aprobado para el tramo de Barranca tenía un destino específico.
Además, añadió Mendoza, se está optando por cambiar fondos de un crédito con condiciones más favorables a uno que resulta más costoso al país.
“Al buscar el finiquito el MOPT llegó a intentar la cesión con otras constructoras pero eso no prosperó y solo logró la parálisis y el encarecimiento del proyecto, ahora el costo ascendió a $217 millones (...). No entendemos por qué trasladar los recursos desde la fuente más barata por la fuente más cara de los empréstitos (...) Estos empréstitos los pagamos todos, aquí uno se pregunta qué hay detrás del interés de cambiarse del BID por el BCIE ¿Por qué tanto favoritismo con el BCIE?”, cuestionó.
La también liberacionista Alejandra Larios, por su parte, se refirió a la afectación que enfrentan desde hace más de tres años los vecinos y comerciantes de la zona.
La diputada guanacasteca del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Melina Ajoy, agregó que las obras abandonadas no solo ocasionan que el viaje a esa provincia actualmente sea hasta de ocho horas, sino que ha sido la causa de múltiples accidentes.
En tanto, Fabricio Alvarado, de Nueva República, aseguró tener datos de la Cámara de Transportistas de Carga, según los cuales los tiempos de viaje han aumentado entre un 15% y 20%, lo que se traduce en mayor consumo de combustible. Recordó que por ese sector se mueve alrededor del 19% de las exportaciones del país.
Las obras de Barranca-Limonal recibieron la orden de inicio en agosto del 2020 y debían estar listas a inicios de este año, sin embargo, enfrentaron una serie de atrasos que el Gobierno achacó a la constructora, al tiempo que la empresa alegó problemas en diseños, expropiaciones y otros atribuidos a la Administración.
Esa situación, sumada a las intenciones de la empresa de buscar el finiquito, llevó al MOPT a intentar la cesión del contrato a otras constructoras, pero esa opción no prosperó.
Al final, ambas partes debieron acudir a un Centro de Resolución de Conflictos, pues la firma reclamaba el pago de $23 millones por la suspensión del contrato. El monto acordado tras ese proceso fue de $13 millones, que según el ministro Amador deben ser validados por el Banco que financiaba el proyecto.
El proyecto quedó con un 18% de avance tras haber consumido más de dos años del cronograma y unos $34 millones del presupuesto.
Ahora el MOPT gestiona un nuevo crédito, pues la obra costará unos $63 millones más de lo que inicialmente se había estimado y los fondos que quedaban del préstamo original se usarán en la vía a San Carlos, el pago a la empresa y obras de conservación en el mismo tramo. Además, se debe realizar una nueva licitación.
Adicionalmente, las autoridades anunciaron que esta semana se lanzaría una nueva licitación para contratar labores para evitar que las obras ejecutadas se deterioren aún más, tras más de un año en abandono.
El ‘calvario’ de San José-San Ramón
Los legisladores también manifestaron sus inconformidades por el nulo avance que ha tenido el proyecto de ampliación de la ruta 1 en el tramo de 60 kilómetros entre San José y San Ramón, luego de que el Gobierno tomara la decisión de romper el contrato de fideicomiso con el Banco de Costa Rica, hecho que se concretó en agosto del año pasado.
Los diputados Priscila Vindas y José Pablo Sibaja, del Frente Amplio y del Nueva República, respectivamente, señalaron los atrasos que enfrenta esa obra y la incertidumbre que reina sobre el futuro del proyecto.
Sibaja aseguró que actualmente quienes viajan entre la capital y los cantones de Occidente pierden hasta siete horas diarias en presas, pues los ¢600 millones que se recaudan en peajes cada mes no han servicio para tomar medidas, mientras la respuesta del Ejecutivo ha sido “postergar”.
“Se ha convertido en un monumento a la ineficiencia”, aseveró.
En tanto Vindas, calificó como “un calvario” el recorrido que deben realizar quienes transitan a diario por esa vía que los usuarios han esperado por décadas.
De acuerdo con las previsiones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el proceso de transición que pondría fin al finiquito se completaría al finalizar el 2024. Se estima que las obras comiencen en el 2026, si se cumplen los plazos de consecución y aprobación del crédito, expropiaciones, licitación y adjudicación del proyecto, y serían entregadas a inicios del 2030.
