EscucharLos diputados que conforman la comisión especial para investigar los supuestos actos de corrupción develados con el Caso Cochinilla, acordaron solicitar al presidente de la República, Carlos Alvarado, la destitución “inmediata” del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.
De acuerdo con el documento de 130 páginas, conocido este jueves, los hechos que se indagaron permiten establecer que la presunta red de corrupción creada por empresas constructoras dentro del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) pudo operar por la inacción, omisión, complacencia y negligencia del jerarca.
Específicamente, le reprochan haber engavetado denuncias (relaciones de hechos), lo que habría facilitado que no se señalaran a los responsables y se establecieran sanciones. También le recriminan a Méndez, la desatención o archivo de las recomendaciones de Lanamme-UCR, con graves efectos para la vida útil de las obras viales.
Además, señalan la dilución de responsabilidades entre el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Administrativo de Conavi.
Los legisladores también justificaron su pedido de destitución del ministro en otros aspectos:
- “La confianza ciega” brindada a funcionarios claves de la trama de corrupción, como el exgerente de Conavi Carlos Solís Murillo.
- La instrucción de recortar el presupuesto de obras públicas como la ruta 32 o la carretera a San Carlos, para dar continuidad a obras de mantenimiento vial a cargo de las constructoras MECO y H. Solís, que se habían quedado sin presupuesto.
- La intención de renovar las contrataciones de mantenimiento vial con las empresas MECO y H.Solís, aun después de los allanamientos y las detenciones por el Caso Cochinilla.
Entre las recomendaciones al presidente de la República, también se refirieron a la labor del ex asesor presidencial Camilo Saldarriaga, sobre la cual faltó información, en criterio de los diputados. Según dijeron no tuvo más que un presunto objetivo general y no quedó constancia alguna del desempeño o evaluación del funcionario, ni el cumplimiento de metas y mucho menos ningún informe escrito de rendición de cuentas.
La solicitud de la renuncia o destitución del jerarca del MOPT no es nueva en este foro legislativo, conformado tras los allanamientos del pasado 14 de junio.
El propio Méndez Mata alegó meses atrás que el actuar de dicha comisión se había convertido en un “asunto personal” y posteriormente defendió ante los diputados su permanencia en el cargo, pues dijo que sentía la responsabilidad de “ponerle el pecho a las balas” por lo ocurrido tras los allanamientos.
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Recientemente, en una entrevista con La Nación, luego de nuevas diligencias judiciales en su casa y oficina, el ministro nuevamente insistió en que no dejaría el cargo. Esa afirmación fue respaldada por Casa Presidencial, que en un comunicado enviado ese mismo día destacó que “los resultados del trabajo” de Méndez Mata, en medio de las limitaciones presupuestarias y el impacto de la pandemia, “están a la vista en las múltiples obras públicas que se han concluido, están en construcción o en proceso de adjudicación y ejecución por todo el país”.
No comparte recomendación
Durante la presentación del informe, el diputado oficialista Enrique Sánchez, quien se apartó del documento, aseguró que no compartió esta recomendación debido a que el informe concluye que no se encontraron hechos que evidenciaran participación del ministro en la supuesta red.
“Cuando se reitera en un informe a partir de las declaraciones que se han dado aquí, que no es posible identificar participación del ministro en la red de corrupción (...) Es por lo que no puedo compartir la conclusión a la que llega la mayoría de diputados de esta comisión, de señalar una responsabilidad moral concretamente sobre el ministro de Obras Públicas y Transportes. No la puedo compartir no porque no crea que siempre se puede hacer más en el combate a la corrupción, no porque no crea que el Consejo de Administración está de adorno y que hay que quitarlo y aclarar las responsabilidades y jerarquías dentro del MOPT, sino porque la misma investigación, el mismo desarrollo del documento, señala esa ‘no responsabilidad del jerarca’ en la red que se indica”, afirmó Sánchez.
El legislador del Partido Acción Ciudadana destacó aspectos específicos del documento, como que en este se concluye que “su nombre (el de Méndez) aparece en boca de funcionarios y empresarios miembros de la supuesta red de corrupción, pero no hubo constancia de hechos que registraran un actuar doloso y activo por parte del ministro que lo vinculen como un miembro reclutado por la red.
“Posiblemente, sus acciones si eran funcionales a diversos intereses de la organización en el tanto él mismo, como cabeza de dos instituciones, debe velar por su correcta operación y el alcance de sus objetivos”, añade el informe.
No obstante, advierten, que esta situación podría variar luego de que las autoridades judiciales realizaron diligencias en la vivienda del ministro, el 10 de marzo.
Asimismo, reconocen que haber promovido la recuperación de los presupuestos recortados a Conavi durante su administración, es una función natural que como jerarca debía realizar, pese a que con estas acciones protegiera a su vez los intereses de la supuesta red de corrupción.
En respuesta, el legislador del Frente Amplio, José María Villalta manifestó que “si bien es cierto no se logra demostrar esa responsabilidad penal en la parte que tiene que ver con el manejo presupuestario (por parte del jerarca), el informe está repleto de otras situaciones donde se evidencia un actuar negligente que ha favorecido esa red de corrupción”.
Además de la recomendación de destitución del ministro, el informe también pide que se sancione con la inhabilitación por cuatro años a todos los miembros del Consejo Administrativo del Conavi.
