EscucharEl director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mauricio Batalla, informó este jueves a los diputados de la provincia de Limón, de que una primera fase del proyecto de ampliación de la ruta 32 se entregaría en junio del 2024. Su anuncio, sin embargo, no coincide con la última prórroga otorgada a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) para completar la obra, la cual vence en marzo del próximo año.
Batalla dio a conocer ese nuevo plazo ante una pregunta de la diputada de Nueva República, Rosalía Brown, quien pidió al jerarca precisar cuándo se terminaría “el calvario” que representa la construcción de la carretera para los limonenses.
El funcionario evitó dar un plazo definitivo para completar la ampliación de los 107 kilómetros entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón, pero aseguró que tienen un plan para reducir el número de expropiaciones pendientes.
Según ese plan, que no detalló, la cantidad de terrenos necesarios bajaría de 321 a cerca de 65. De esta forma, dijo, se podría “adelantar el cronograma”.
“Me siento frustrado porque como ingeniero necesito una fecha de inicio y una fecha de fin (...) ahora ya tenemos, con este plan, para hacer algunas modificaciones funcionales, poder disminuir las expropiaciones y poder terminar en junio del 2024 una primera fase que nos pueda conectar desde Río Fría hasta Limón y después, conforme se den las expropiaciones, hacer todos los lazos y entradas a las comunidades para en esta segunda fase seguir trabajando sobre la ruta”, manifestó.
Durante la audiencia en la que también estuvieron representantes de la supervisora Cacisa y la empresa CHEC, Batalla también se refirió a los reclamos económicos presentados por la firma china, estimados hasta ahora en unos $150 millones.
Sobre ese reclamo, el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, dijo semanas atrás al medio digital CRhoy que habían aceptado reconocer un primer pago por $9 millones a la empresa. No obstante, este jueves, el director del Conavi aseveró que aún “no se ha pagado un solo cinco”.
Esos $9 millones forman parte de los $150 millones reclamados por CHEC y corresponden según la empresa a obras que ha tenido que ejecutar sin que estuvieran establecidas en el contrato, como los pasos de fauna y los muros de retención.
El resto del monto que exigen(los $141 millones restantes), dijo Batalla, tiene que ver principalmente a los atrasos ocasionados por la falta de terrenos que aún no han sido expropiados.
Actualmente, afirmó el jerarca, se encuentran en un centro de resolución de conflictos para determinar cuánto del dinero reclamado les corresponde efectivamente.
Contrato ‘deficiente’
Por su parte, el representante de Cacisa, José Ángel Meléndez, confirmó que a la empresa solo se le han aplicado multas por $140.000 debido a incumplimientos en temas de seguridad, pero están pendientes otras sanciones $460.000 por atrasos en la entrega de los diseños. Así lo manifestó ante una consulta de la diputada María Marta Carballo.
Meléndez aprovechó la consulta para criticar el contrato.
“Realmente lo elaboraron de una forma muy deficiente, muy pocas multas, muy pocos controles para poder tener algún poder coercitivo para que las recomendaciones puedan ser acatadas por el contratista, pero es algo con lo que hemos tenido que vivir”, dijo el representante de la supervisora.
El contrato fue firmado con CHEC en 2013, durante la administración de Laura Chinchilla. La orden de inicio del proyecto se dio en noviembre de 2017, en el gobierno de Luis Guillermo Solís.
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Otro de los puntos sobre los cuáles se le consultó al director de Conavi, fue la recuperación de los $9 millones invertidos por la Administración para llevar a cabo el traslado de tuberías del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Según Batalla, actualmente se está en busca de un acuerdo con el AyA, para que dicho monto sea retribuido mediante la construcción de los últimos 3 km de la carretera, los cuales quedarían fuera de la obra que se ejecuta actualmente, precisamente porque dicho ente tiene pendiente la construcción de un acueducto en esa zona al ingreso del centro de Limón.
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Adicionalmente el Conavi deberá buscar los recursos para completar las obras complementarias, aunque a la fecha ni siquiera cuenta con los estudios de preinversión que la Contraloría General de la República le exigió tener para llevar adelante esos trabajos, que son necesarios para la seguridad vial de las comunidades aledañas a la vía.
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La ampliación de la ruta 32, debía estar lista en octubre del 2020, pero ya se le han dado a la empresa más de 1.200 días en prórrogas; el último avance reportado indica que la carretera tiene un 76% de ejecución.
Solución a derrumbes
Los legisladores también cuestionaron al director del Conavi por la falta de una solución definitiva para los problemas de derrumbes en el paso de montaña que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo.
Una vez más, Batalla insistió en que parte de la problemática es ambiental ante la imposibilidad de intervenir taludes o cortar árboles por tratarse de una zona protegida.
Sin embargo, aseguró que ya tiene una “cotización” para estudios y diseños para las labores que se requieren, los cuales costarían entre $60 millones y $65 millones, pero reconoció que se requieren modificaciones legales para llevarlas a cabo.
