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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no incluyó en el contrato para la habilitación del tramo entre La Abundancia y Alto-Sucre, en Ciudad Quesada, la reparación del pavimento existente, el cual presenta grietas y hundimientos.
Según el contrato por $12 millones otorgado a la empresa Santa Fe, únicamente se le pidió al contratista elaborar un diagnóstico y presentar una propuesta de solución a los problemas de deterioro y agrietamiento que presenta ese trayecto de 7 km, el cual forma parte del llamado tramo central de la carretera a San Carlos y que quedó en abandono desde el 2018.
La noche del lunes, en la Comisión de Infraestructura, el gerente de proyecto por parte de la empresa Santa Fe, Alexánder Moya, confirmó ante los diputados que el alcance del contrato para la habilitación de ese trayecto no contempla los arreglos del pavimento en ese tramo. Incluso, dijo, se les ordenó pintar y poner la vía en operación con el deterioro que presenta.
“Sobre lo que hay, en el deterioro que hay, vamos a pintar, a señalizar y se pone en operación, ese es el alcance en nuestro contrato en la ruta 35″, aseguró el ingeniero.
Según explicó, el proyecto de $12 millones por el que fueron contratados, únicamente contempla la estabilización de 14 puntos de taludes y entregar “un diagnóstico” de la situación del pavimento en la parte de la obra que corresponde a la ruta 35 (tramo central de la carretera a San Carlos).
El gerente de esa misma constructora, Mauricio Rodríguez, añadió que, precisamente, como parte de ese diagnóstico que se les encargó, se presentó una propuesta para resolver el problema que tiene la ruta, no obstante, esa eventual intervención está fuera del contrato.
La aseveración del gerente de proyecto alarmó a los representantes de la Asociación Pro Carretera a San Carlos, quienes aseguraron que no van a aceptar que se entregue algo “mal hecho”.
El presidente de esa organización, Rafael Solís, afirmó que lo expuesto por los encargados de la obra confirma lo que hace tiempo venían advirtiendo respecto al estado del pavimento. Agregó que eso también les hace prever que la misma situación podría presentarse en el resto de los 22 km del tramo central.
“Estamos muy alarmados de que eso no lo hubieran incluido, cómo van a hacer una licitación donde se ve que el asfalto está deteriorado y no toman medidas correctivas o no lo suman al precio del contrato (...) Eso sería una obra a medias, el deterioro ya es grande, va a perjudicar el tránsito que pase por ahí, simplemente si van a hacer una obra mal hecha, lo rechazamos. No estamos de acuerdo en aceptar que nos den algo que está sin terminar”, afirmó el presidente de la Asociación.
Por su parte, el diputado del Partido Liberal Progresista, Diego Vargas, también cuestionó que no se incluyera ese aspecto en la licitación desde el inicio.
“Los diagnósticos del pavimento debían haber sido parte del diseño y la construcción desde la etapa, pero no para seguir perdiendo tiempo y plata (...) Aquí algo está mal hecho, si esto es así tan mal gerenciado, a ustedes (la empresa Santa Fe) no les va a ir tan mal cuando hagan la réplica al MOPT. Me preocupa mucho, me queda en el imaginario que aquí hay una pésima gestión”, dijo durante su intervención, la noche del lunes.
El proyecto de la ruta 700 pretende unir los últimos 7 km del tramo central entre La Abundancia y el cruce de Sucre con la ruta de 3,3 km entre Alto Sucre y Ron-Ron, a fin de descongestionar el centro de Ciudad Quesada.
Originalmente, esa obra debía ser entregada en el primer trimestre del próximo año, sin embargo, a la fecha los trabajos ni siquiera han comenzado debido a que hay expropiaciones pendientes.
Daño encarecería proyecto principal
La situación del daño en la estructura del pavimento ya había sido advertida en un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de 2015, cuando el tramo central se encontraba en construcción.
En ese documento, se indicó que una alta rigidez en los materiales que componían las bases del pavimento podría ocasionar un aumento en la fragilidad, lo cual afectaría el desempeño general de la estructura ante el fenómeno de “agrietamiento por fatiga”.
Durante la intervención del lunes, el presidente de la Asociación pro Carretera aseguró que esa situación ya es notoria en varios tramos del proyecto a pesar de que el tránsito que pasa por ahí es mínimo.
“En el momento que haya camiones pesados se va a despedazar. Se tienen que dar medidas correctivas, les hemos pedido al MOPT que nos enseñe si en el informe de IDOM (estudio de factibilidad entregado en setiembre) está contemplado el estudio del asfalto, porque sin eso no pueden sacar licitaciones porque no tienen cómo hacer el presupuesto, pero no nos han querido contestar”, aseveró Solís.
La preocupación de esa representación comunal es que esta situación implique un aumento en los costos del proyecto, que de por sí ya se ha encarecido debido a los años que lleva paralizado.
La estimación del Gobierno es que el proyecto completo, que incluye la punta sur, entre la ruta Bernardo Soto y el tramo central entre Sifón y La Abundancia, tendría un costo de $340 millones.
El presidente Rodrigo Chaves prometió a los sancarleños que la obra estaría lista antes de terminar su gestión, sin embargo, a la fecha no se ha avanzado en procesos claves, como la precalificación de empresas y hay pendientes más de un centenar de expropiaciones.
La noche del lunes, el ministro de Obras Públicas, Luis Amador, y miembros de la Unidad Ejecutora estaban convocados a la Comisión de Infraestructura para rendir cuentas sobre los atrasos y demás señalamientos sobre el proyecto, pero no acudieron.
La Nación envió consultas a Amador en relación con los problemas del pavimento, así como la orden de inicio que se giró a la empresa sin contar con supervisión ni expropiaciones, además de las razones para no acudir a la convocatoria de los diputados, pero al cierre de esta información no se tuvo respuesta.
