Dueño de Grupo Orosi afirma que H Solís y MECO lo invitaron a ‘repartirse el pastel’ de obras viales

Araya compareció ante la comisión legislativa que investiga irregularidades en proyectos de infraestructura pública. Allí detalló que el ofrecimiento se dio en una reunión en la que participaron los dueños de esas firmas, Mélida Solís y Carlos Cerdas, así como Alejandro Bolaños, gerente de MECO, en la sala de juntas de esta última empresa.

Sostuvo que durante el encuentro los empresarios le ofrecieron que Orosi ganaría otros proyectos que venían, como por ejemplo la ampliación de la Interamericana Norte o el asfaltado entre Guacimal y Santa Elena (que, según, dijo para entonces ya estaba ganando).

“¿Quiénes eran ellos para ofrecerme posibilidades reales de contratos a futuro?”, les consultó el dueño de Grupo Orosi. Araya sostuvo que, al hacerles esa pregunta, la respuesta que obtuvo de parte de los empresarios fue que “ellos manejaban todo adentro del Conavi (Consejo Nacional de Vialidad)”.

Antes de ese encuentro, dijo, también recibió advertencias de parte del esposo de Mélida Solís, Roberto Acosta, quien lo citó en la víspera de la apertura de una licitación para la atención de rutas en Turrialba, Cartago y la zona de los Santos, para persuadirlo de que no participara en la misma. Esos hechos también son detallados en el expediente judicial.

Según relató, el 21 de octubre del 2015, Acosta le comentó que venía de presentar sus garantías y ofertas para la licitación que se habilitaría al día siguiente y le indicó que H Solís tenía la capacidad técnica y financiera para ejecutar la conservación de todas las rutas del país.

“Quería persuadirme de que no presentáramos la oferta el día siguiente; dijo que ellos a lo interno del Conavi manejaban todo (...). Yo no lo podía creer, me dio de plazo para las 10 de la noche para que le diera los precios del asfalto y los agregados que nos iban a comprar con tal de que no presentáramos la oferta.

“Le dije que se conformara con un plazo indefinido porque no íbamos hacerle ninguna propuesta, porque nosotros íbamos a presentar la oferta que ya la teníamos lista (...). Entonces, ante eso, el ingeniero Acosta me dijo que si no había acuerdo, que si decidíamos presentar la oferta nos iba a echar toda la maquinaria del Conavi encima y que de ninguna manera íbamos a ganar”, relató.

Hicieron ‘lo imposible’ por sacarlo

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El dueño de Grupo Orosi también afirmó este jueves en el Congreso que en el Conavi hicieron “lo imposible” para dejarlo fuera de una contratación para el mantenimiento de rutas en Cartago, Turrialba y la zona de los Santos.

Araya figura como uno de los denunciantes que dio origen al denominado Caso Cochinilla, en el cual se investiga la aparente participación de funcionarios del Conavi y empresarios del sector construcción en una red de corrupción que ofrecía sobornos a cambio de supuestos favores relacionados con contratación de obra pública.

El empresario sostuvo que su compañía ha sido la última en un ataque que ha arrastrado por años a muchas firmas pequeñas a causa de la concentración de carteles, amaño y tráfico de influencias para consolidar duopolios, haciendo referencia a los contratos que en su mayoría manejaban MECO y H Solís.

Según indicó, lo que vino después confirmó la advertencia hecha por el representante de H Solís, pues desde la Gerencia de Contratación de Vías del Conavi se hizo “lo imposible” por declararlos inelegibles y excluirlos de la contratación. Además, sostuvo que en la Contraloría General de la República también “hicieron lo propio” con los recursos de apelación que se presentaron.

Al final, esa contratación fue adjudicada por ¢17.000 millones a H Solís. “Nadie prestó atención, dejaron en el cajón de la basura los recursos. Se ampararon en leguleyadas para rechazarlos”, manifestó.

Con respecto a los ofrecimientos de parte de H Solís, el propietario de Grupo Orosi indicó que posteriormente, en la fase de apelaciones de esa misma contratación, la empresaria Mélida Solís le ofreció ¢500 millones para que no continuara presentando recursos ante la Contraloría.

Según Araya, durante todo el periodo de la contratación (2016-2021) se mantuvieron vigilantes sobre lo que estaba ocurriendo y fue así como detectaron una “enorme cantidad de irregularidades” que vinieron tras la orden de inicio.

Por esa razón, afirmó, acudieron inicialmente al Consejo de Administración del Conavi para señalar que los contratos no habían sido legalizados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y que carecían de requisitos básicos como las bitácoras. No obstante, sostuvo que “simplemente no pasó nada”.

Alega ‘venganza’

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El diputado Pablo Heriberto Abarca, le consultó a Araya sobre la inhabilitación a su empresa, la cual posteriormente fue anulada por el Tribunal Contencioso. El empresario calificó esa sanción como una “venganza” producto de las demandas que presentó en contra de la Administración.

Además, señaló que la inhabilitación formó parte de un boicot, pues las dos licitaciones importantes que ganaron (la ampliación del aeropuerto de Quepos y el asfaltado de la vía a Monteverde) carecían de viabilidad ambiental y de otros requisitos técnicos, razones que hicieron que la empresa no las concluyera.

Los diputados también pidieron a Araya especificar quiénes son, a su criterio, los funcionarios del Conavi a quienes se referían los contratistas, a lo que indicó que queda claro que había personal coludido en los departamentos de conservación, contratación, finanzas y hasta el área legal del Consejo.

De manera directa, el empresario de 68 años señaló al exgerente de contrataciones Jhonny Barth Ramírez, quien según dijo en una ocasión incluso acudió al Conavi cuando se encontraba de permiso sin goce de salario, para salvarle una oferta a H Solís que iba a ser anulada por la Contraloría por incumplir un requisito.

La legisladora liberacionista Franggi Nicolás preguntó por el tipo de sobornos que habrían recibido los empleados del Conavi. Según Araya, estos ofrecimientos eran vox populi, tanto a lo interno del Consejo como en el gremio de la construcción y se trataban desde viajes al Caribe sur y Golfito, así como almuerzos, licores y otros detallados en el expediente del Caso Cochinilla.

Los legisladores interpelaron a Araya, para que indicara si el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, sería responsable de los supuestos hechos de corrupción ocurridos en el Conavi en los últimos años. El empresario consideró que el jerarca debía tener conocimiento de lo que estaba pasando, aunque reconoció que nunca acudió personalmente donde el funcionario para presentarle denuncias, pues para cuando Méndez asumió el cargo ya él había acudido al Ministerio Público.