EscucharEn la Municipalidad de Golfito los rumores sobre corrupción y carteles a la medida dirigidos para que la constructora MECO se adjudicara la mayoría de obras cantonales, eran tan conocidos que los funcionarios hasta “vacilaban” al respecto.
Así lo confirmó la encargada de Proveeduría a los diputados de la comisión especial que inicialmente se creó para investigar los hechos abordados en el Caso Cochinilla y que actualmente se enfoca en la llamada Operación Diamante, que involucra a alcaldes y funcionarios de al menos seis ayuntamientos.
En el caso de Golfito, a pesar de ser uno de los municipios con menor presupuesto, la constructora se adjudicó obras por ¢3.143 millones en seis años, siendo además la mayor proveedora de servicios de esa municipalidad.
Durante la comparecencia de este martes, Karen Moya Díaz dijo a los legisladores que en varias ocasiones se cuestionó a la asesora legal, en relación con los requisitos que era evidente iban dirigidos para que solo esta empresa pudiera ganar, como por ejemplo una especificación sobre la localización de la planta de asfalto.
“A veces hasta vacilábamos y decíamos en ese caso pásele el contrato para que lo firmen de una vez, porque era muy dirigido (...). Había contratos que eran muy repetitivos a favor de la empresa MECO”, manifestó Moya.
Según dijo, el responsable de establecer dichos requerimientos era el encargado de la unidad técnica, un funcionario de apellido Suárez, que actualmente figura en la causa judicial como sospechoso de favorecer en las licitaciones a MECO .
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Moya dijo que incluso desde el 2018 presentó una denuncia ante el Ministerio Público, pidiendo que se intervinieran llamadas, debido a los rumores sobre las dádivas que recibían regidores, en los cuales incluso la habían involucrado. Por esta razón, pidió la intervención de la Fiscalía, pero posterior a entregar los expedientes de contratación y otras pruebas solicitadas por las autoridades judiciales no supo qué ocurrió con su denuncia.
Por su parte, el auditor Marvin Urbina expresó que el municipio estuvo sin auditoría durante tres años y que cuando llegó el volumen de trabajo no le permitió atender los hechos relacionados con irregularidades en la parte vial. Incluso desde su llegada en noviembre del 2019 a la fecha solo se hizo una auditoría relacionada con un proyecto vial.
Urbina fue cuestionado por la liberacionista Paola Valladares, por no atender esos temas a pesar de que incluso existían denuncias ante el Ministerio Público desde el 2018. Sin embargo, el auditor insistió en el faltante de recursos y el trabajo acumulado luego de asumir tras tres años sin una persona a cargo de esa función.
De acuerdo con Urbina, pese a los cuestionamientos y al alto presupuesto destinado a la parte vial, se abocó a atender las denuncias de la Contraloría General de la República (CGR) que estaban “haciendo fila”.
Al ser consultado si sintió el apoyo de la alcaldía en el tiempo que ha estado al frente de la Auditoría, el funcionario municipal dijo que en ese ayuntamiento más bien existe una desidia y les molesta la fiscalización.
“Se siente la desidia, el desinterés, es una municipalidad no acostumbrada a tener auditor interno, a la fiscalizacion, al control interno, no acostumbrada a la revision, no les gusta ser advertidos, uno no siente que la municipalidad preste atención a los informes de control interno, se hacen y se atienden denuncias, pero no se ve ese compromiso del jerarca al control interno”, confesó.
Los congresistas también consultaron por un regidor de apellido Mayorga, quien figura por presuntamente interceder en favor de MECO para la adjudicación de proyectos. Sobre esta persona la proveedora recordó haber sentido que la “agarró de tonta”, pues siempre le admiró el hecho de que conocía mucho sobre ingeniería y detalles técnicos y él le decía que esos conocimientos los adquiría porque leía mucho.
Incluso reconoció que ella lo llegó a felicitar por esa iniciativa y fue hasta que trascendieron los hechos de la Operación Diamante que entendió la verdadera razón de ese criterio.
“Ahí vi que era donde le estaban dando la información técnica con la que llegaba a darme criterio sobre los procesos, leí que el ingeniero de MECO le daba el detalle técnico”, agregó.
La comisión legislativa especial que fue creada en junio del año pasado, luego de los allanamientos que destaparon el Caso Cochinilla, continuará durante los próximos meses en la indagación de los hechos que trascendieron posteriormente, bajo la denominada Operación Diamante, donde se vieron involucrados los alcaldes Johnny Araya Monge, de San José; Mario Redondo Poveda, de Cartago; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú, y Alberto Cole De León, de Osa.
