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El plan para llevar adelante la ampliación que la congestionada ruta 27 urge desde el 2014, lleva más de 10 meses varado y su futuro es incierto.
Desde el inicio del actual Gobierno, en mayo del 2022, las negociaciones que se venían dando con la concesionaria se han mantenido detenidas. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo no ha dado a conocer cuál será el proceso que se seguirá para resolver el colapso de la carretera que lleva hacia Puntarenas y Guanacaste, por la cual circulan a diario hasta 100.000 vehículos (solo en el tramo del peaje de Escazú).
Por el contrario, el ministro de Obras Públicas, Luis Amador Jiménez, aseguró que la ruta 1 (Interamericana norte, que pasa por San Ramón y la cuesta de Cambronero) se convertirá en la principal salida hacia el Pacífico y Guanacaste, anticipando que la 27 no recibiría inversión por parte de la Administración.
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“En la 27 ya ustedes saben en qué situación estamos. Estamos en un zapato bastante complicado. Entonces, si no podemos meter recursos a la 27 para expansión, diay, metámosle recursos a la 1 para que la 1 esté bien chaineada y sea la ruta que nos responda a los intereses del Estado y de la gente”, sostuvo Amador ante los diputados de la comisión de Alajuela, el jueves 2 de marzo.
Ese mismo día, pero horas antes, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el presidente Rodrigo Chaves anunció que se había reunido “con el máximo jefe de Globavia en el mundo” (la empresa concesionaria opera en el país con el nombre de Ruta 27).
Lejos de brindar detalles sobre el posible plan que se seguiría para lograr la ampliación, el mandatario lanzó advertencias a la concesionaria y dejó claro que la eventual intervención de la ruta deberá primero superar un entrabado proceso de análisis.
“Le dije que nosotros estamos evaluando esa concesión. Esa evaluación tiene que hacerse muy delicadamente, para no meter a Costa Rica, en caso de ciertas acciones potenciales, en un embrollo de litigio internacional. Pero ellos están advertidos que estamos siendo muy vigilantes (...)
“Si ellos contaron mal los carros para extender el tiempo (de la concesión) y puñalearse una plata, que hay unos reportes que indican eso, esos son los temas que estamos evaluando. Estamos evaluando la responsabilidad del hundimiento (en km 44). Ellos dicen que era un evento que no se podía predecir. El ministro les dice que eso estaba dentro de los riesgos generales que ustedes asumieron. Tengo un abogado casi a tiempo completo en el despacho viendo eso”, afirmó el presidente.
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El tema de la extensión del contrato con la concesionaria ha generado inconformidades en el Ejecutivo, incluso antes de la toma de posesión, pues el vicepresidente Stephan Brunner aseguró días antes del 8 de mayo que la empresa debía encargarse de la ampliación sin necesidad de que se aumentara el plazo de la concesión.
Posteriormente, en junio, tanto Amador como Chaves insistieron en que también se valoraba la posibilidad de terminar el contrato con Ruta 27 y sacar a licitación la carretera. En noviembre, nuevamente en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno, el presidente y el ministro insistieron en la posibilidad de “empezar de cero” y “quitar de encima” a la empresa.
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No obstante, el anterior secretario del Consejo de Concesiones, Eduardo Chamberlain, quien estuvo a cargo de ese Consejo entre mayo y setiembre del año pasado, dejó claro en su informe final de gestión, que poner fin a la concesión de manera anticipada implicaría una indemnización de $350 millones a $700 millones.
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En ese documento se indicó que en caso de romper con la empresa habría que pagarle los estudios preliminares hechos como parte del anteproyecto de ampliación. Según el exsecretario técnico, “muy posiblemente” la disputa llevaría al país a un arbitraje internacional.
De acuerdo con el informe, además del altísimo costo de la indemnización, la ruptura de la concesión implicaría que los usuarios tengan que esperar varios años más con la ruta colapsada, pues no se podría negociar una nueva concesión hasta finalizar el proceso del finiquito con el operador actual.
Debido a esos escenarios, en Concesiones se había acordado llevar un documento a la Contraloría General de la República, para pedir una “autorización preliminar” e identificar si se debe realizar un “convenio complementario” o una “adenda” al contrato. Sin embargo, luego de la salida de Chamberlain, el Gobierno no brindó ninguna información respecto a esas intenciones.
Decisión política
La actual secretaria de Concesiones, Dahianna Marín Chacón , aseguró a La Nación que será hasta que Presidencia tome la “decisión política” sobre el futuro de la vía que ese Consejo avanzaría en la estructuración del proyecto y retomaría las negociaciones con la concesionaria.
“Actualmente estamos nada más haciendo revisiones y análisis previos de cláusulas, de los procesos de peajes. De la ampliación, tenemos una propuesta del secretario trasanterior donde se hizo una propuesta de las especificaciones técnicas, pero como lo ha establecido el presidente, se está haciendo un análisis previo desde Casa Presidencial.
“En el momento que ese análisis legal esté listo y revista un interés público y de conveniencia y sea analizado, nosotros entraremos en los procesos ejecutorios posteriores a esta etapa que corresponde a un proceso de negociación controlado”, explicó.
Marín dijo desconocer los cronogramas que Casa Presidencial maneja para avanzar en las siguientes fases del proyecto.
Con respecto al anteproyecto y las negociaciones que el anterior Gobierno anunció haber dejado con un 80% de avance, la jerarca indicó que eso está en revisión.
La propuesta planteada por Ruta 27 contempla realizar la ampliación por etapas e ir incrementando las tarifas de peaje conforme se ponen en servicio los tramos. El plazo de ejecución es de cinco años y se tenía previsto que la construcción empezara este año.
En el informe elaborado por el exsecretario técnico se establece que luego de varios ajustes al proyecto, se logró bajar el costo de la ampliación a $515 millones.
Inicialmente, la empresa había estimado que se requerían $650 millones para completar la obra. Para hacer frente a esa inversión, también se acordó que los peajes deberían aumentar entre un 25% y 40%.
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Según un documento generado por la supervisora Getinsa Gabinete S. A., desde la entrada en servicio de la carretera, la empresa ha recaudado en peajes $778,7 millones, lo que representa más del doble del costo inicial de la ruta.
Sin embargo, al traer a valores presentes, se determinó que el país ya amortizó un 75% de la deuda. Es decir, pese al monto bruto recaudado, lo amortizado a la fecha es de $226,9 millones.
Las estimaciones del anteproyecto presentado en la Administración pasada, indicaban que la ampliación de la ruta implicaría extender la concesión al menos 15 años.
