Estado defiende intervención de humedal para construir vía a San Carlos

Representantes de diferentes instituciones estatales defendieron, este jueves, la posibilidad de intervenir un humedal localizado en la zona donde se construye la carretera a San Carlos.

Así lo hicieron ver durante la audiencia convocada por la Sala Constitucional para conocer los argumentos de las partes en una acción presentada por los ambientalistas Allan Astorga y Álvaro Sagot, en el 2016.

Los accionantes reclaman que se declaren inconstitucionales varios artículos del decreto ejecutivo 39838-MINAE, de junio de 2016, que autoriza la “intervención controlada” de humedales para permitir obras constructivas.

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En el caso de la vía a San Carlos, el trazado de la ruta atraviesa un humedal en el sector de La Culebra, en el distrito de Buena Vista.

De acuerdo con los accionantes, la decisión de Minae para dar espacio a la ejecución de la obra viola los artículos 7, 21, 50 y 189 de la Constitución Política.

Además, indicaron que la Convención Internacional Ramsar, de protección de los humedales, subraya que estos son vitales para la supervivencia humana, al ser fuente de diversidad biológica, de agua y de productividad primaria.

También, son reservorios de carbono y son muy importantes para el control de inundaciones.

Por su parte, en representación del Estado, la Procuraduría General de la República, enfatizó en que “no todos los humedales son áreas silvestres protegidas ni patrimonio natural del Estado”.

Citaron el voto 3855 del 2016 de la propia Sala Constitucional en el cual se excluyó del régimen de patrimonio nacional del Estado al sistema de humedales del sistema marino cuya profundidad sea de hasta 6 metros y que no tengan relación con ecosistemas boscosos.

La Procuraduría sugirió hacer extensiva la interpretación hecha en ese voto al caso de la vía de San Carlos, para excluir del patrimonio natural del Estado otros humedales que son meramente acuáticos y que no tengan relación con ecosistemas boscosos.

“Las disposiciones que se impugnan del decreto 39.838 no son inconstitucionales siempre y cuando se hagan diferentes consideraciones. La convención Ramsar, si bien es cierto establece una obligación general de proteger los ecosistemas de humedal, no establece una prohibición absoluta para realizar obras de infraestructura nacionales”, expresó Elizabeth León, representante de la Procuraduría.

Para ella, “el punto central de esta acción está en precisar que no todos los humedales son áreas silvestres protegidas ni patrimonio natural del Estado”.

“Son áreas silvestres protegidas aquellas que hayan sido declaradas como tal y son patrimonio natural del Estado aquellos humedales que se ubiquen en bienes demaniales que sean propiedad del Estado o sus instituciones y que contengan ecosistemas boscosos”, manifestó León.

Sin prohibición

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La Procuraduría añadió que el régimen legal del Estado tampoco prevé una prohibición de desarrollar infraestructura en los humedales, sino la posibilidad de autorizar ciertas obras siempre que se lleven a cabo evaluaciones de impacto ambiental.

Agregó que el decreto 39.838 sí contiene instrumentos para mitigar los posibles impactos, como una aclaratoria de conveniencia nacional, un estudio de impacto ambiental y un estudio que debe de llevar a cabo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la aprobación que tiene que dar esta institución.

Además, explicaron, que, conforme con el manual 19 de la Convención Ramsar, el decreto contiene medidas de mitigación, restauración e incluso, en última instancia, de compensación.

Haydeé Rodríguez, ministra de Ambiente a.i., emitió un criterio similar. Según ella, la convención Ramsar no establece una prohibición para el desarrollo de infraestructura en los humedales ni habla de realizar un uso racional de los mismos.

“No llevan razón los accionantes al afirmar que todos los humedales son espacios con condición especial de administración. Existen humedales que no son áreas silvestres protegidas y que no forman parte del patrimonio natural del Estado”, declaró Rodríguez.

Explicó que existen humedales ubicados dentro de propiedades privadas y esta propiedad no pierde su carácter de privado por albergar este humedal.

Recalcó que el artículo 1 del decreto 39.838, qué se refiere específicamente a ecosistemas de humedal, no contraviene los artículos 7 y 50 de la Constitución siempre y cuando se entienda que la posibilidad de autorizar una intervención controlada está reservada únicamente a los ecosistemas de humedal, excluyendo a los que forman parte del patrimonio natural del Estado.

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A la audiencia también asistió el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata; y el viceministro de esa misma cartera, Tomás Figueroa.

“El decreto en discusión no es una autorización al MOPT para que intervenga humedales, en la construcción de infraestructura. No es una facultad del Ministerio para poder intervenir en áreas afectadas por un humedal, sino una facultad al Sinac para autorizar en norma extraordinaria, cuando se plantee una solicitud por parte del Ministerio, y si lo consideran, una intervención controlada a ecosistemas de humedal en aquellos casos en los que resulta indispensable la ejecución de proyecto declarados de conveniencia nacional”, manifestó Méndez.

Ecosistema en extinción

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Para Allan Astorga no hace falta impactar o dañar los humedales para nueva infraestructura. Explicó que se trata de un ecosistema en extinción y la responsabilidad de las autoridades es proteger los humedales existentes.

“Existen medidas tecnológicas para resolver el tema del desarrollo de infraestructura sin dañar los humedales.

“No es razonable establecer medidas de compensación como justificación para dañar los humedales. No puede ser que haya humedales de primera categoría y otros de segunda categoría. Las aves migratorias y la biodiversidad de los humedales, no conocen esa diferencia”, declaró Astorga.

La vía entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de San Carlos comenzó a construirse en 2005 y a la fecha sigue sin terminarse. La obra quedó varada en agosto del 2018 por rompimiento con la empresa constructora por los pocos avances.

Aparte del humedal, problemas geológicos y financieros han complicado el proyecto, que tiene unos 50 años en espera.