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Tres hechos puntuales son los que ponen el nombre de Mario Rodríguez Vargas, ahora exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en el expediente judicial del denominado “Caso Cochinilla”.
Estos se relacionan con supuestas gestiones para conseguirle empleo a un conocido en obras realizadas por la constructora MECO, la recepción de un regalo y el cobro de dietas de la Fundación Costa Rica Canadá, pese a que tenía dedicación exclusiva en el Consejo, y por eso recibía un plus.
La primera de estas actuaciones, según el expediente de la causa judicial, se desprende de una llamada telefónica realizada por la asistente de Rodríguez, de apellido Borbón, al gerente de operaciones de MECO, Abel González.
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“Seguidamente, la femenina le dijo a Abel (González) que don Mario le había dicho que ellos (Abel y Mario) habían conversado sobre la posibilidad de ofrecerle un trabajo a un señor en el puente de Sixaola, y además le indicó que ella ya había hablado con el señor y este había mostrado mucho interés, entonces le consultó a Abel que si entonces ocupaba que le diera el contacto del señor o si había que coordinar con alguien, siendo que Abel le dijo que le diera el teléfono y el nombre y él lo llamaba, seguidamente la otra interlocutora le brindó el nombre y el número de esa persona”, indica el legajo.
De acuerdo con el documento de la investigación, la persona citada tiene expediente criminal y ha sido presentado ante el Ministerio Público por robo agravado, robo de vehículos y resistencia.
También de las escuchas telefónicas entre Tobías Arce Alpízar y Abel González Carballo (ambos empleados de MECO), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró acreditar que el director del Conavi habría recibido en diciembre del 2019 una regalía que describen como una “cajita bonita” que le sería entregada en su casa de habitación.
“Una vez más, se logra observar lo que también la Policía Judicial ha querido dejar patente y es que los destinatarios de las dádivas o de los indebidos beneplácitos no son funcionarios de baja categoría, sino que buscan posiciones directivas, administrativas de alto nivel institucional, con el poder decisivo de inclinar la balanza económica en favor de sus benefactores”, indica el expediente de la Fiscalía, 19-0000 25-1218-PE.
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El nombre de Rodríguez, además, aparece en varias ocasiones en el documento de 574 páginas, cuando se mencionan conversaciones telefónicas entre empresarios y funcionarios del Conavi.
En esos intercambios, los primeros pedían intervenir ante Rodríguez en favor de procesos o para consultar sobre el avance de trámites, valiéndose de la cercanía que podían tener algunos de estos empleados con el jerarca.
Pago de dietas
De acuerdo con el expediente, el ahora exdirector ejecutivo del Conavi también habría recibido dietas por su cargo como presidente de la Fundación Costa Rica Canadá.
Esos pagos supuestamente se daban a pesar de que él tenía dedicación exclusiva por su puesto en el Consejo.
Así se revela en una comunicación entre dos de los encausados, según la cual el director ejecutivo le había dicho a un abogado, cuya identidad no se determinó, que “no lo quería en el Conavi”, a lo que dicho abogado respondió con una amenaza indicándole que “se lo podía echar al pico” pues tenía en su poder todos los comprobantes mediante los cuales Mario Rodríguez había firmado un contrato de exclusividad y a pesar de eso recibía dineros en la Junta Directiva de la Fundación Costa Rica-Canadá.
El Ministerio Público corroboró la condición de presidente de Rodríguez en esa organización.
“En ese sentido se tiene que al menos, existe fundamento probatorio que permite sostener que el encartado mantiene ambas situaciones, coincidiendo en esos términos con el contenido de la llamada citada y así, justificando la sospecha de estar frente a un posible delito de enriquecimiento ilícito como lo ha estimado la Fiscalía, partiendo de lo cual resulta indispensable acceder a la petición fiscal con el fin de obtener insumos que adviertan de su existencia o permitan descartar la posible delincuencia cometida por este”, cita el expediente judicial.
Rodríguez dejó su cargo el jueves, argumentando que era necesario separarse del mismo para no interferir en los procesos de investigación interna que se llevarían a cabo.
En su lugar, este viernes se anunció el nombramiento del viceministro Tomás Figueroa Malavassi como director ejecutivo interino.
La investigación cuyos primeros resultados trascendieron el lunes tras una serie de allanamientos en el Conavi y empresas constructoras dejó como saldo la detención de 30 personas; 14 de ellas son funcionarios públicos.
La Fiscalía pidió el jueves prisión preventiva para 14 de los detenidos, entre ellos cuatro funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y un exgerente financiero de esa entidad.
También, están ocho personas que laboran con las constructoras u otras compañías, entre ellas, el gerente general de MECO, Abel González.
Para el resto se solicitaron medidas alternativas.
La audiencia continuaba este viernes con la presentación de descargos por parte de los abogados de los encausados.
