Los ¢15.000 millones que se habían reservado para pagar las prestaciones de 900 trabajadores de Japdeva, se gastaron en dos grúas pórticas que actualmente están casi en desuso.

Esa compra se realizó ante la “necesidad de modernizar” los muelles estatales, según la justificación que hizo la expresidenta ejecutiva de la institución Ann Mckinley, durante su comparecencia, este martes, en la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración.

La decisión tomada en la administración anterior provocó que la entidad portuaria se quedara sin los fondos que el gobierno de Laura Chinchilla había reservado precisamente para liquidar a los empleados que la entidad portuaria no iba a necesitar una vez que entrara en operaciones la Terminal de Contenedores de Moín (TCM). Ese hecho se concretó en octubre anterior.

Ahora, el Estado deberá endeudarse para cumplir las obligaciones patronales de los empleados que serían liquidados, mientras que las grúas pórticas se encuentran subutilizadas en el muelle público por la falta de carga qué atender.

"No empleamos esos recursos para liquidar a los empleados por tres motivos: Nuestra apuesta por aumentar el perfil competitivo en un marco complementario con la TCM; nuestras proyecciones financieras no incluían una disminución extrema del volumen de la carga; y porque todo el personal era necesario para las actividades en desarrollo.

“Cualquier disminución de personal debía realizarse una vez entrara en operaciones la TCM, cosa que no ocurrió en mi administración”, dijo Mckinley.

Para ella, la compra modernizó los muelles estatales, y modernizar fue la instrucción que recibió del entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Así lo manifestó ante las preguntas de la diputada Marulin Azofeifa, del bloque Nueva República.

"Las instrucciones eran cumplir con las metas que estaban programadas", afirmó Mckinley.

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Durante su comparecencia, sin embargo, Mckinley se contradijo.

Primero, dijo que los fondos no se guardaron para liquidar empleados porque las proyecciones de la institución no prevían una afectación grave por la entrada en operaciones del megapuerto. Luego, cambió su versión ante los cuestionamientos de Aracelly Salas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a la que dijo que faltaron estudios para prever la afectación.

"Sí se hizo un estudio. En un primer momento la proyección era de 60% (de pérdida de carga), en un segundo momento la estimación pasó a 70% en 2017. Ese cambio que se da es precisamente por un fenómeno ante el cambio tan rápido en la modalidad de buques de mayor capacidad", afirmó.

Alto volumen de trabajo

La exjerarca también justificó que no se hubieran diversificado los negocios de la entidad portuaria, ante la entrada en operaciones del megapuerto.

Mckinley afirmó que la entidad portuaria no podía comprometerse a atender nuevos clientes comerciales porque los muelles estaban “saturados”. También responsabilizó a APM Terminals, concesionaria de la TCM, por “no informar” la fecha en la que entraría a operar, para saber cómo actuar.

“Nosotros identificamos una hoja de ruta de proyectos que se podían desarrollar que no pudimos desarrollar porque las dos terminales estaban saturadas. Tuvimos reuniones con empresarios, pero se tenía que esperar hasta que se tuviera una fecha cierta del inicio de operaciones de la TCM. No logramos durante los cuatro años que APM nos pudiera definir cuándo iniciaría operaciones”, reclamó la expresidenta ejecutiva.

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Para emitir criterio sobre la situación actual de la institución portuaria, añadió la expresidenta, también se debe tomar en cuenta lo que no hicieron otras administraciones precedentes a la suya.

La Contraloría General de la República, señaló que la entidad portuaria enfrenta una crisis financiera debido a la inacción de las administraciones y gobiernos anteriores. También recalcó que Japdeva no midió el impacto real que sufrirían las finanzas de la institución por la pérdida de carga.

Los legisladores discuten un proyecto de ley para recortar hasta el 80% del personal, que actualmente consta de 1.200 funcionarios.