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La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) urgió al Gobierno esta semana a apurar una modernización general del puerto de Caldera al señalar que su colapso en medio de la pandemia obliga a buscar más rutas a Asia.
En carta del 22 de julio pasado, los exportadores solicitaron al presidente Carlos Alvarado Quesada apurar nuevas obras cuanto antes y bajo la premisa de mantener una tarifa competitiva.
Actualmente, expresa el documento, los exportadores pagan hasta 30% más en el envío de carga a Asia porque la dimensión de los buques que hoy atracan en Puerto Caldera es de menor tamaño a los requerimos para fijar una ruta directa a ese destino.
Laura Bonilla, presidenta de la agrupación explicó que eso obliga a que exportaciones ticas desde Caldera deban hacer escala en el puerto de Manzanillo en México, a falta de ruta directa a países como China, Corea del Sur y Japón que, agrega, representan una gran oportunidad para productos locales de lograrse una operación con navíos más grandes atendidos en Puerto Caldera.
“Al estar tan maltratados dos de nuestros principales mercados de exportación, EE. UU. y la Unión Europea, por la pandemia, Asia se convierte en un destino prometedor para exportaciones del que obtendríamos más provecho, por lo que Puerto Caldera reviste una especial importancia estratégica no sin antes invertir en una prioritaria renovación de su infraestructura”, agregó Bonilla.
En setiembre pasado, la naviera del gobierno chino, Cosco (China Ocean Shipping Company), abrió un servicio marítimo entre Limón y Shanghái (China) que reducía el tiempo de tránsito de entre 34 a 40 días a entre 22 o 23 días.
Ese servicio de transporte se prestó en los meses de setiembre y octubre a manera de prueba pero luego se suspendió mientras se preparan mayores volúmenes de carga, confirmó en noviembre la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez.
Los exportadores también se mostraron preocupados por el tiempo que pudiera tomar un posible cambio de concesionario, por los atrasos en las obras que esto podría provocar.
En negociaciones
Juan Ramón Rivera, presidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), aseguró que Cadexco “tiene toda la razón” al reconocer que el puerto en Puntarenas llegó al final de su vida útil desde el 2016.
El funcionario recordó que un estudio que contrató el Gobierno cuantificó en $251 millones el monto necesario para modernizar el puerto de Caldera y resolver ese colapso en la atención de carga y descarga de barcos.
El llamado Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, elaborado por las empresas Camacho y Mora, Arcadis y Port Consultant Rotterdam, advierte, también, de que el impacto de “no hacer nada” tiene consecuencias graves para los costarricenses, sobre todo, en impuestos y precios.
“Ese plan maestro recomienda como primera opción renegociar con el actual concesionario y eso venimos intentando hacer desde hace casi un año. El caso es que al Estado le cuesta $100 millones al año si no hace algo en el puerto”, explicó Rivera.
A finales de junio, el Incop desestimó el recurso de revocatoria de la empresa filipina International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) a quienes primero se les rechazó su propuesta de iniciativa privada para modernizar dicho puerto.
Rivera explicó que la propuesta no llenaba las necesidades de la terminal en aspectos operativos, económicos, tarifarios y legales.
El funcionario agregó que desde inicios de mes se retomaron negociaciones con el concesionario actual, la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) y la Sociedad Portuaria Granelera de Caldera de Puerto Caldera (SPGC), para un acuerdo de entendimiento y luego solicitarle a la Contraloría General de la República (CGR) su autorización para modificar el contrato actual para avanzar hacia esa modernización portuaria.
La propuesta técnica, financiera, tarifaria y legal que surja de dichas negociaciones se tiene que elevar a la CGR para el debido escrutinio y que se evalúe una posible luz verde para la modificación de dichos contratos.
Sin embargo, primero se requiere lograr un acuerdo técnico donde se indiquen con precisión las obras a realizar, sus costos estimados, obras iniciales y complementarias, las proyecciones de carga acordes a la realidad actual.
Luego, explicó Rivera, se requiere un acuerdo financiero entre las partes para calcular costo de esas obras, tiempos de inversión e impacto tarifario ya que, posteriormente, habrá de modificarse la actual estructura de tarifas que regiría para el contrato y que, además, debe someterse a la aprobación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
“Estamos a toda máquina avanzando en solicitar a la Contraloría esa autorización para renegociar el contrato y luego elevar una propuesta a la propia Contraloría en busca de un refrendo que nos pemita avanzar, nuestro estimado es que eso nos tome de seis a ocho meses”, agregó.
