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Dos familias sufren congojas e incertidumbre cada día conforme avanzan las etapas previas a la construcción de la última fase del proyecto de Circunvalación norte.
Los dos casos fueron expuestos por la abogada Hazel Cortés López, quien lleva ambos procesos ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Según relató la abogada, la primera de las afectadas sufrió el pasado la demolición de su casa, lo que la obligó a refugiarse con su hijo donde una hermana, pues no ha recibido el dinero correspondiente al avalúo de su casa.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) advirtió que la ley actual les faculta a entrar en posesión de los inmuebles antes de que el juez resuelva el caso, lo cual según dijeron ante la consulta de este diario, fue lo que ocurrió en esta situación.
La otra familia la componen Ivette Benavidez Umaña y su papá, un adulto mayor de 84 años.
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Según la abogada, ellos recibieron la notificación de que su casa sería expropiada en su totalidad. Sin embargo, en el MOPT afirman que esta propiedad no es requerida para la obra.
La familia alega que, ahora, debe lidiar a diario con las plagas, filtraciones y escombros, pues la vivienda quedó en medio de la zona donde ya se demolió el resto de inmuebles.
De acuerdo con Cortés, en diciembre el MOPT les indicó que no tenían presupuesto, por lo que no se les podía pagar por su vivienda.
“Producto de las demoliciones vecinas, el terreno está falseado y los escombros le cayeron en el techo, sin contar que llegan camiones a tirar basura al frente de su casa.
“Y es que ella quedó en una isla. Ayer (martes 29 de junio) tuvimos que llamar a la Fuerza Pública porque se le intentaron meter. También, llega un montón de gente a botar basura”, relató la abogada quien dice no entender en qué momento se cambió la decisión de no expropiarla.
En el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI) del MOPT, aseguraron que conocen el planteamiento de parte de los dueños de esa propiedad quienes tienen interés de que se les expropie debido a la cercanía del proyecto “y otros temas de la condición de las personas que habitan el inmueble”, por lo que trasladaron los documentos a la unidad ejecutora.
“Sin embargo, en los registros del Departamento de Adquisición de Bienes inmuebles, no ha existido solicitud alguna por parte del ejecutor de obra para expropiar el citado inmueble, pues el mismo no es afectado directamente por el proyecto, por lo que se considera que a la fecha no ha estado en los planes de necesidades del proyecto, y como puede corroborarse en consulta al registro nacional, el inmueble no soporta anotaciones por declaratoria de interés público”, explicaron.
De acuerdo con ese departamento del MOPT, le corresponde al ejecutor definir si esta propiedad requeriría ser expropiada más adelante.
Además se desligaron de los daños que según los vecinos sufren a causa de las demoliciones de los inmuebles vecinos, pues aseguraron que no son achacables a las gestiones realizadas por el MOPT.
La abogada explicó que los escombros no son naturales de una demolición, sino que llegan carros a desechar basura tradicional y no tradicional, aprovechando los movimientos que se están realizando ahí.
Incluso dijo, debieron presentar una denuncia ante el Ministerio de Salud ya que a causa de esto sufren plagas de ratas, lo cual complica la situación de salud de su papá quien tiene padecimientos crónicas.
“Ella trabaja. Viven en la incertidumbre en qué momento llegan y ya no encuentran la casa, como hicieron ayer que intentaron meterse a la casa de ella, que de hecho también tenemos el parte policial y todo está totalmente documentado”, añadió la abogada
Cortés dijo que los mismos ingenieros de la unidad ejecutora se han sorprendido de que la casa quedara en el lugar como si fuera una isla y le confirmaron que había cartas de hasta el 2004 donde le advertían que iba a ser expropiada, por lo que no sabe lo que ocurrió.
La abogada aseguró que este caso ya está en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Madre espera pago de casa que fue demolida
Carol Segura Benavides, vecina de Calle Blancos de Goicoechea, San José, lleva tres años y cuatro meses esperando el dinero que le deben por la expropiación de su vivienda.
El pasado 7 de junio, su casa fue demolida por un backhoe.
A Segura no le han pagado. El Tribunal Contencioso Administrativo no ha resuelto el trámite, pues la propiedad tiene una anotación en el Registro Nacional por una deuda de ¢350.000 con un tercero.
“Ella tiene una deuda de ¢350.000 con Scotiabank por una tarjeta, que mediante un practicado le embargó la casa, y debido a eso el trámite de expropiación se hizo diferente, elevado al Contencioso Administrativo.
“Ya hemos entregado todos los documentos respectivos y ahora la jueza solo tiene que dirigir una parte del dinero de la expropiación al banco para saldar la deuda y el resto a doña Carol, pero no ha querido”, explicó.
Cortés denuncia que la jueza que lleva el caso revisa los documentos mucho tiempo después de que son entregados, por lo que siempre pide actualizaciones de los mismos y nunca se concreta nada.
En el MOPT explicaron que, en este caso, la jueza a cargo del caso dictó la entrada en posesión del inmueble el 29 de marzo del 2019, “lo que faculta a la administración a disponer del área expropiada para el fin correspondiente al proceso”.
Ese departamento añadió que no existen otro tipo de procedimientos o ayudas que puedan darle a los afectados para resolver su situación de vivienda de manera temporal.
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La abogada, por su parte, insistió en que es falso que se haya dictado la entrada en posesión.
“Yo llevo el expediente desde el principio y la jueza no ha dictado que ya pueden hacer posesión. Es falso lo que dice el DABI. La ley de expropiaciones dice que todos los propietarios del terreno tienen que estar cancelados para dar la orden de que entre en posesión el Estado, pero a Carol no le han pagado”, aseveró.
Las demoliciones para iniciar la construcción del último tramo de la Circunvalación norte comenzaron la primera semana de junio.
En total, esa sección unirá la intersección que se levanta en la ruta 32 con Calle Blancos.
La obra que abarcará 1,5 km, comienza cerca de la empresa Amazon y continúa en un tramo elevado de 600 metros, con marginales a nivel.
Posteriormente, se deprime en un túnel de 900 metros (sobre el cual también pasarán vías marginales) hasta llegar al punto donde se construirá una intersección a dos niveles, cerca de la empresa Coca Cola.
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) confirmó el mes anterior que aún estaban pendientes unos 15 terrenos de expropiar en ese trayecto.
La parte inferior de ese paso corresponderá a la ruta de Circunvalación y la rotonda en el segundo nivel permitirá los desvíos hacia los cuatro puntos.
Esta sección tiene un costo de $59,9 millones y será construida por el consorcio La Estrella- H. Solís, grupo que avanza actualmente en las otras cuatro fases del tramo norte de Circunvalación.
