Fiscalía investiga a ministro y exministro del MOPT por pifia en carretera a megapuerto de Moín

Ese error encareció la obra en al menos $5,6 millones.

A ambos se les atribuye la posible comisión del delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, "sin perjuicio de que, conforme avance la investigación, la causa penal pueda ser recalificada", informó la oficina de prensa de la Fiscalía.

A Valverde se le imputan por actuaciones cuando se desempeñaba como director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Sin embargo, por ocupar ahora el cargo de ministro su causa se tramita bajo el expediente 17-000003-033-PE, abierto desde el año pasado y a cargo de la Fiscalía General.

Entre tanto, el caso de Villalta se abrió el 8 de febrero con el número 18-000009-1218-PE. El ingeniero estuvo al frente del MOPT entre febrero de 2016 y junio de 2017.

El delito que se les imputa está regulado en el artículo 50 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y se sanciona con prisión de dos a ocho años de prisión.

Según esa norma, incurre en esa conducta "el funcionario público, el consultor o alguno de los servidores de este, contratados por la respectiva entidad pública, que incurran en falsedad o en manipulación de la información acerca de la ejecución o construcción de una obra pública, o sobre la existencia, cantidad, calidad o naturaleza de los bienes y servicios contratados o de las obras entregadas en concesión, con el propósito de dar por recibido a satisfacción el servicio o la obra".

Hasta la tarde de este ninguno de los dos había sido informado por parte del Ministerio Público. Así lo confirmó Villalta lo mismo que la oficina de prensa del MOPT.

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Error de 80 metros

La llamada pifia consistió en un desfase de 80 metros en el diseño de la ruta provisional que conecta la carretera a Limón (ruta 32) con la terminal de contenedores que está en construcción, en Moín.

Dicho desfase se mantuvo al momento de hacer el trazo definitivo del camino de 2,8 kilómetros, el cual constituye un compromiso del Estado con la empresa APM Terminals, concesionaria del megapuerto.

Enmendar el error significó un aumento en el valor total de la obra, la cual costará $86 millones, un monto superior al pactado con el Consorcio del Atlántico, a cargo de ese proyecto vial.

Carlos Villalta, sin embargo, rechazó ante una comisión legislativa, que se tratara de una pifia pues ellos conocían que el proyecto licitado (camino definitivo) no llegaba al punto requerido.

Su admisión provocó críticas de diputados y representantes del sector construcción.

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"Mi participación en el proyecto se dio como presidente del Consejo de Administración del Conavi (Consejo Nacional de Vialidad). Se tomaron decisiones colegiadas, en el sentido de que los miembros de la Junta Directiva son siete, no hubo ninguna decisión de parte mía que fuera arbitraria. Todo obedeció a la modificación contractual", manifestó.

"Cuando uno va a la Asamblea, hay que poner el pecho a las balas, las interrogantes son de orden político. Desde el punto de vista contractual, aunque soy ingeniero, no tomé ninguna decisión unilateral, sino sustentado en criterios técnicos y decisiones colegiadas", insistió.

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El exjerarca dijo que cuando estaba en el cargo le solicitó al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que investigara los elementos que introdujeron el "posible error en esta carretera". Según él, la pesquisa derivó en una serie de conclusiones, sin que haya una indicación "tácita de funcionarios responsables".

Villalta confirmó que en el MOPT nunca se abrieron investigaciones administrativas por este caso.

Nota actualizada a las 6:09 p. m.