EscucharLa Fiscalía inició de oficio una investigación en contra del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, por haber utilizado dinero de conservación de rutas nacionales, para pagar al gestor del aeropuerto Juan Santamaría, Aeris Holding, la suma ordenada en una sentencia judicial en la que resultó victorioso.
El Ministerio Público confirmó a La Nación que sigue la causa bajo el expediente 23-000002-0033-PE, por la posible comisión del delito de malversación de fondos.
En diciembre del año pasado, Amador logró que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) aprobara una moción para trasladar ¢3.209 millones de los fondos destinados al arreglo y mantenimiento de vías al pago de la millonaria condena impuesta contra el Estado, en un juicio planteado por Aeris contra el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac).
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Además, según dio a conocer Crhoy.com, también se desviaron ¢1.105 millones que tenían como fin la atención de las rutas afectadas por la tormenta tropical Julia, que azotó el país en octubre del año pasado. Dichos recursos habían sido fijados mediante un decreto de emergencia que Amador pidió modificar durante una sesión de Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el pasado 16 de noviembre.
Los fondos
En diciembre, Amador dijo a La Nación que los recursos del Conavi que serían trasladados correspondían a fondos no ejecutados, sin embargo, la legislación establece que todos los fondos que quedan sin ejecutar en los presupuestos del Gobierno Central, deben volver a la Caja Única de Hacienda.
La justificación que dio al jerarca es que de no cumplir con el compromiso judicial, todas las cuentas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus consejos podrían ser congeladas.
Amador aseguró a este medio, el 23 de diciembre del año pasado, que la condena contra el Estado rondaba los $8 millones, es decir cerca de ¢4.700 millones, los cuales quedarían depositados antes de terminar el año.
El proceso judicial que derivó en la condena fue accionado por Aeris en el 2011, para reclamar que, dos años antes, el Cetac lo obligó a pagar 26 multas por incumplimientos contractuales que estaban prescritas.
