EscucharLa Fiscalía General confirmó que tramita dos denuncias contra el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, relacionadas con sus actuaciones en el proceso para seleccionar al nuevo operador de la revisión técnica vehicular mediante la figura de permisionario, que finalmente fue otorgada a la firma alemana Dekra.
La primera de la gestiones se presentó para que se investigue la posible comisión del delito de abuso de autoridad y la segunda, para que se determine si incurrió en prevaricato, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
De acuerdo con la oficina de prensa del Ministerio Público, sobre la primera denuncia solo se indica que es de este año, en tanto la segunda fue recibida el 12 de agosto. Ambas están incluidas en el expediente 22-000059-0033-PE.
No obstante, como el caso está en una etapa privada, no fue posible conocer mayores detalles.
Documentos en poder de La Nación señalan que la gestión del 12 de agosto fue planteada por el abogado Miguel Jiménez Cerros, quien argumentó que “como profesional en derecho” estimaba “totalmente ilegales” los actos vinculados con el otorgamiento del permiso en precario para la inspección técnica vehicular, lo que “afecta directamente al público usuario”.
A continuación, el denunciante hizo una larga exposición de los hechos que fundamentan su queja.
El primero es que el ministro Luis Amador había sido advertido por la Procuraduría General de la República (PGR) de que el procedimiento para seleccionar al nuevo operador debía ser estructurado e impulsado por la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), órgano competente por ley. Sin embargo, señaló el abogado, se apartó de esa obligación.
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“Con fecha del 30 de junio del 2022, con pleno conocimiento de causa por haber sido ya informado de previo por la Procuraduría General de la República, el señor ministro Luis Amador Jiménez, de manera dolosa, publica en la página web del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), una invitación para la recepción de ofertas hasta el 15 de julio del 2022, de empresas interesadas en la obtención del permiso para la realización del servicio público de inspección técnica vehicular, actuación que precisamente comporta el delito tipificado como prevaricato conforme lo tipifica el artículo 357 del Código Penal, toda vez que dicho ministro no se apega a lo señalado por el órgano procurador e irrespeta flagrantemente el artículo 25 de la Ley de Tránsito, ya que no es facultad del ministro realizar dicho proceso, careciendo de legitimación para ese efecto”, afirmó.
El abogado también pidió investigar los hechos que mediaron en la publicación de los decretos para la desaplicación de la Ley de Tránsito, mediante la amnistía que se otorgó a los propietarios de los vehículos que les correspondía cumplir con la revisión técnica entre mayo y setiembre, debido a que el servicio se suspendió desde el 15 de julio.
La sesión del 3 de agosto
Jiménez Cerro, en su denuncia, hizo referencia a lo ocurrido en la sesión de la Junta Directiva del Cosevi del 3 de agosto, cuando, sin que estuvieran debidamente juramentados los miembros ni se hubieran publicado sus nombres en el diario oficial La Gaceta, el ministro “pretendió convalidar sus ilegales actuaciones, en relación con el proceso llevado a cabo por él con respecto a la inspección técnica vehicular”.
Sin embargo, agrega, “no le fue posible lograr dicho cometido, por cuanto algunos directores cuestionaron y se opusieron a sus pretensiones”.
De esta forma, el denunciando aludió a los hechos dados a conocer por Olman Vargas, entonces representante del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), quien presentó su renuncia a la Junta del Cosevi debido a la falta de información y las intenciones del jerarca de que se tomaran acuerdos sin los análisis técnicos y legales sobre el proceso.
Según la argumentación, en aquella sesión, Amador, en una “exposición de 02 minutos, sin agenda previa, sin informes técnicos, sin informes legales, sin derecho a debatir”, conmina a los directivos “para que adopten un acuerdo de convalidación de todo el proceso” llevado a cabo por él.
Por estas y otras acciones más, solicita que se examine su denuncia y ordene la investigación.
Este jueves, La Nación consultó al despacho del jerarca sobre las causas abiertas en su contra, pero su asesora informó de que este se encuentra fuera del país, por lo que las consultas serían atendidas a su regreso.
Las advertencias
Como expuso el abogado, desde el 28 de junio, la Procuraduría había advertido que la contratación de un nuevo operador de la revisión técnica vehicular debía hacerse mediante la figura de “autorización”, pues así lo ordena el artículo 25 de la Ley de Tránsito.
En el mismo escrito enviado al ministro Luis Amador Jiménez, se indicó que la entidad legalmente responsable de conceder “autorizaciones” para revisión técnica es el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), un órgano desconcentrado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Un día después de que ese pronunciamiento llegara al MOPT, el Gobierno anunció que para garantizar la continuidad del servicio, realizaría un concurso para contratar, a partir de setiembre y durante dos años, a un oferente mediante la figura de permiso de uso en precario. Así, el nuevo “permisionario” usaría las instalaciones que la empresa Riteve SyC donó al Estado al vencer, el 15 de julio, la concesión que tuvo por 20 años.
Posteriormente, la Procuraduría también se pronunció en relación con la figura de permisionario e indicó que “estos permisos son admisibles siempre que el uso que se le dé al bien sea compatible con su integridad y con el fin público al cual se encuentra afecto y destinado”.
“Lo relacionado a si puede servir como instrumento para contratar a una empresa que preste el servicio público de inspección vehicular en sustitución de la concesión, es un aspecto que le corresponde dilucidar también a la Contraloría General de la República debido a su competencia exclusiva y excluyente en materia de contratación administrativa”, expresó.
No obstante, la Contraloría desistió de resolver sobre la validez de esa figura, aunque sí indicó que es indispensable que dicho acto administrativo cumpla con todos los elementos que el ordenamiento jurídico dispone en cuanto al motivo, contenido y fin. Así lo señaló en al menos dos pronunciamientos.
En conferencia de prensa luego del Consejo de Gobierno del 20 de julio, Amador afirmó en la Casa Presidencial que la Procuraduría le había indicado que el mecanismo elegido por el MOPT era la opción “más viable”. Lo aseguró ante una pregunta del presidente de la República, Rodrigo Chaves. “Básicamente está indicando que esta era la vía viable, debido a la forma que tenemos ciertas restricciones, recuerden que la forma en que se está procediendo es temporal”, respondió el ministro.
Entretanto, a inicios de agosto, al ser cuestionado por la atribución de funciones que según la ley corresponden al Cosevi, el ministro Amador, aseguró que dicha situación sería solventada al pedir a los directivos del Cosevi que le dieran la potestad para hacer selección de la firma, en su doble función de jerarca del MOPT y presidente de la Junta de ese órgano desconcentrado.
Cuestionamientos a selección
El proceso de selección de la empresa finalizó con la escogencia de la firma alemana Dekra, la cual fue anunciado el pasado 24 de agosto; sin embargo dichas acciones también enfrentan cuestionamientos, pues la seleccionada ocupó el segundo lugar en la evaluación realizada por la comisión evaluadora que fue nombrada para tal fin.
La empresa que quedó en el primer lugar por ofrecer la tarifa más baja, la sueca Opus Group, presentó una apelación ante la Contraloría, que rechazó el reclamo por considerarlo inadmisible, pues no se trató de una licitación pública regulada por la Ley de Contratación Administrativa, sino de un permiso de uso en precario.
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Como admitió el mismo Cosevi, hay otras apelaciones presentadas ante el despacho del ministro, aunque él mismo intervino en la elección de Dekra.
