EscucharFuncionarios de la Dirección de Educación Vial estarían involucrados en la venta de citas de pruebas de manejo teóricas y prácticas necesarias para obtener la licencia de conducir.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) interpuso una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a fin de que se indague a quién pertenecen las direcciones IP desde las cuales, como se ha detectado, se acaparan decenas de cupos para realizar esos exámenes.
La viceministra de Transportes, Laura Ulloa Albertazzi, reveló este martes que altiempo que acudieron a la Policí a Judicial para informar de las anomalías, solicitaron un análisis para determinar la vulnerabilidad del sistema, pues detectaron que un solo robot puede sacar un gran número de espacios.
Ulloa declinó referirse al número de funcionarios que están siendo investigados. Dijo que aunque de momento no hay empleados suspendidos, sí hay varios procesos administrativos abiertos.
La investigación judicial permitirá revelar si hay personas externas involucradas.
Adicional a la denuncia penal, el MOPT contrataría la próxima semana una auditoría forense que también les brinde información suficientes para establecer responsables a lo interno de la institución.
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“Se ha detectado que una misma dirección concentra un número de citas, son varias direcciones IP, está es una investigación para ver si es externo o interno, podemos decir que en un minuto pueden acaparar más de 100 citas. Se va a hacer la auditoría para ver la vulnerabilidad interna en el sistema”, explicó Ulloa.
Harley Davidson varadas
La viceministra informó además de que pidieron a la Auditoría del MOPT iniciar dos procesos de investigación relacionados con insumos embodegados, así como 60 motocicletas Harley Davidson de la Policía de Tránsito que están varadas.
En el caso de las motos fueron compradas en el 2016 y están valoradas en $1,5 millones. Algunas, dijo la jerarca, no tienen todas sus partes, por lo que se busca determinar la razón del desuso.
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En relación con los insumos, se incluyen desde cartuchos para impresoras hasta botas para los oficiales de tránsito y aceites de motor, muchos ya vencidos y que están embodegados desde el 2018, cuyo valor supera los ¢70 millones.
Ulloa dijo que la intención no es solo determinar las razones de esas supuestas irregularidades sino poner en funcionamiento los equipos e insumos que se puedan usar.
