El gerente de conservación de vías y puentes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Edgar Meléndez, señaló ante los diputados, de la comisión especial creada para investigar supuestos hechos de corrupción en obras viales, que cuando denunció irregularidades en el proyecto de Sifón- La Abundancia, fue objeto de represalias por parte de las autoridades del MOPT y Conavi y que lo excluyeron de reuniones y chats.
Meléndez, quien figura actualmente entre los indagados dentro del Caso Cochinilla, negó haber recibido presiones por parte de las empresas para autorizar gastos en obras y, además, subrayó que aparte de dos informes elaborados por su departamento en relación a la carretera a San Carlos, no conoció de anomalías en otras zonas del país.
Los legisladores cuestionaron al funcionario sobre ese punto, debido a que él mismo aseguró que la gerencia que representa, corresponde a la mayor parte de la función del Conavi.
Durante la interpelación, Meléndez principalmente se quejó de las “represalias” experimentadas luego de que presentara los informes en que señalaba pagos indebidos y otras acciones que se ejecutaron en la zona norte.
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Según declaró, quien le alertó de esos hechos fue precisamente el exgerente de adquisiciones y finanzas, Carlos Solís -quien también está incluido en la causa judicial-.
Meléndez sostuvo que Solís le llamó la atención de que en esa zona se estaba gastando dinero de más y se pagaban obras de conservación en la ruta que para entonces no se encontraba dentro de la red vial, por no estar terminada.
El funcionario de 85 años, afirmó que tras la pesquisa presentó un primer informe al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, y que este “se enojó”.
Además, aseveró que también llevó sus hallazgos a la dirección ejecutiva y al consejo de administración del Conavi, pero nunca tuvo noticias.
El diputado Pablo Heriberto Abarca cuestionó a Meléndez sobre las declaraciones hechas semanas atrás, por el auditor del Conavi Reynaldo Vargas, quien lo acusó de obstruir el flujo de información para llevar a cabo las investigaciones internas.
Sin embargo, el gerente de conservación también achacó eso al supuesto “acoso” que ha recibido desde que presentó los informes.
“Lo cierto es que el informe de Sifón- La Abundancia no cayó bien en las altas esferas (...). Después de que presenté ese informe empezó una campaña para que yo dejara la gerencia de conservación”, apuntó.
Según explicó, como parte de esas “represalias” lo sacaron de chats de WhatsApp y comenzaron a restarle competencias.
“A mí me aislaron, me separaron de giras, reuniones a nivel ministerial”, afirmó al tiempo que acusó al auditor del Consejo a estar confabulado con “los demás” para solicitar investigaciones por acciones suyas.
Incluso, recalcó que el ministro le ofreció un puesto en una unidad ejecutora dentro del MOPT, debido a un “eterno pleito” que mantenía con el director ejecutivo del Conavi, Mario Rodríguez, propuesta a la que, según expresó, respondió que no tenía interés.
Los parlamentarios también preguntaron a Meléndez sobre su relación con Tobías Arce, quien según el expediente judicial era el encargado de gestionar las dádivas para funcionarios del Conavi que favorecieran los intereses de las constructoras.
Sin embargo, apuntó que nunca lo recibió en su oficina y que solo lo veía andar por el tercer piso (donde se ubica la gerencia de Conservación).
-”¿A qué entró 3.000 veces con indicación a su oficina”, le consultó Abarca.
-“Yo eso no lo puedo avalar de ninguna manera, entiendo que él llegaba al tercer piso de la gerencia pero nunca ingresó a las oficinas de nosotros, andaba por todo el edificio”, indicó el funcionario.
Asimismo, arguyó que en el caso de Mélida Solís, quien según los registros de los diputados aparecía con 46 ingresos dirigidos a ese departamento, solo llegó dos veces a su despacho.
El legislador oficialista, Enrique Sánchez, por su parte, consultó si los informes mencionados tienen relación con los que recientemente el Conavi llevó al Ministerio Público, vinculados con sobrepagos en el proyecto de San Carlos, pero Meléndez alegó que creía que no.
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El funcionario confirmó que la Contraloría le abrió un órgano decisor relacionado con ese mismo caso, pero no especificó las razones por las cuales sería investigado a pesar de que según él, fue quien denunció en primera instancia.
Además cuando se le cuestionó si asistía a almuerzos con representantes de las empresas, Meléndez apuntó que él salía con sus compañeros, porque por su edad no llevaba alimentos de la casa y que ahí se sumaban otras personas, pero que cada uno pagaba su cuenta.
También confirmó que él propuso eliminar inspectores de las plantas de asfalto de las empresas, pues estas contaban con tecnología de punta que realizaba todas las mediciones, por lo que el personal no era necesario.
Sin embargo, esa práctica también ha sido criticada por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) debido a que no se certifica la calidad del material que se coloca.