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Al menos cuatro gerentes y directivos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) figuran en la lista de detenidos en los allanamientos de este lunes, por aparentes actos de corrupción relacionados con obras públicas.
A ellos se suman otros cinco funcionarios de departamentos financieros y de ejecución presupuestaria, dos ingenieros y un exgerente del Consejo.
Se trata de Carmen Madrigal Rímola, gerente de Proveeduría Institucional; José Rojas Monge, director financiero; Edgar May Cantillano, gerente de Conservación de Vías y Puentes; y Sergio Lobo Bejarano, jefe de Tesorería del Consejo.
Entre los detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también aparecen Hugo Zúñiga Fallas y Harold Mora Obando, funcionarios de la Gerencia de Conservación Vías y Puentes y de la Dirección de Costos de Vías y Puentes, respectivamente.
Igualmente, figuran Laura Chaves Mora, de la Unidad Ejecutora del Puente Binacional sobre el río Sixaola; Marcela Monge Hernández, de la Gerencia de Adquisición y Finanzas, así como un ingeniero identificado como Abraham Sánchez Castro, detenido en San Carlos.
La lista también incluye a dos funcionarios del departamento de Ejecución Presupuestaria identificados como Eliécer Rivera Campos y Mauricio Ortiz Vega.
Se confirmó además la captura de Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del Conavi.
En las acciones judiciales realizadas también en Casa Presidencial, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), empresas constructoras y supervisoras, y casas de habitación, se concretaron en total 29 aprehensiones de 33 que se pretendían.
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Aparte de estos funcionarios públicos, están detenidos los empresarios Mélida Solís Vargas y Carlos Cerdas Araya, de las constructoras H. Solís y Meco, respectivamente; así como varios ingenieros de proyectos y representantes legales de las empresas.
El director del OIJ, Walter Espinoza informó de que las irregularidades que se investigan estarían relacionadas con obras de infraestructura vial en las que se logró determinar que hubo “una malversación de fondos”.
Esa acción, según dijo, “estuvo dirigida a alimentar de manera irregular proyectos relacionados con adjudicaciones de obra pública, tomando dinero de otros proyectos o de otras partidas y que tenían una previsión y un destino diferente y ya establecido”.
De acuerdo con Espinoza, la investigación indica que podría haber personas que se aprovecharon de sus condiciones laborales para obtener sobornos y favorecer a empresas constructoras.
Presuntamente, del dinero destinado para los proyectos de la ruta 32 (San José- Limón) y Sifón-La Abundancia, se sacó un monto no determinado para inyectarlo a los trabajos que se realizaban en el puente binacional de Sixaola, el paso a desnivel de Garantías Sociales y las obras de Circunvalación Norte, así como para los contratos de conservación vial en todo el país, estos últimos a cargo de Meco.
Colaboró: Natasha Cambronero
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