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El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, confirmó este miércoles la intención del gobierno de finiquitar el contrato del Fideicomiso Ruta Uno para ampliar el corredor vial entre San José y San Ramón, así como la conformación de una comisión en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para iniciar el proceso.
Amador justificó la decisión debido a que, según aseguró, el Fideicomiso Ruta Uno aspiraba a cobrar $10,5 millones por mantener una estructuración financiera nueva que calificó de “absurda”. Por ejemplo, aseguró que los funcionarios de la unidad ejecutora del proyecto ganan de entre ¢1 millón y casi ¢11 millones.
El jerarca detalló que, si bien el Banco de Costa Rica (BCR) percibía un pago de honorarios como fiduciario por $75.000 mensuales, se hizo una adenda al contrato que le permitió percibir $38.000 adicionales por ese concepto, así como otros $150.000 por constituirse en Unidad Administradora de proyecto.
“Ahora, el finiquito requiere que sea de mutuo acuerdo porque así lo pusieron en la adenda. Qué ventajosa es la adenda”, comentó el ministro en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno.
De inmediato, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, tomó la palabra para recordar que el BCR es propiedad del Estado y que, en calidad de ciudadano presidente, instaba a la entidad a que “haga lo correcto por el país”.
Indicó que ahora la comisión definirá los pasos a seguir para finiquitar este contrato, mediante el cual el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Conavi cedieron al Banco de Costa Rica la gestión y administración de las mejoras viales a lo largo de 60 kilómetros de la carretera y sus radiales por 30 años.
Sorpresa y rechazo
Dicho anuncio causó sorpresa, rechazo, preocupación y llamados a la mesura por parte de los representantes ciudadanos en el Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia del Fideicomiso el cual integran representantes de los Fideicomitentes, del Fiduciario y dos personas nombradas por la Defensoría de los Habitantes.
“Estamos consternados, estamos asombrados y no sabemos qué se quiere. Creemos que si hay problemas se pueden subsanar, pero usted no cierra una institución porque le descubre un problema; usted soluciona el problema y sigue. Creemos que es necesaria más prudencia, esto nos afecta a todos”, indicó el economista Alexander Rodríguez , uno de los representantes ciudadanos en el Comité.
Para Rodríguez, más bien ha faltado diálogo, análisis y mesura por parte de Amador para tomar esta decisión.
“Creemos que el señor ministro podría tener dudas pero susceptibles de ser aclaradas e introducir mejoras; pero este anuncio es hijo de una decisión intempestiva. No creo que las irregularidades sean tales como para detener el proyecto. Espero que haya espacios de conversación. Hay que sopesar las consecuencias, esto viene avanzando y hay procesos que no pueden ser detenidos así”, agregó.
Indicó que hay acuerdos en firme, obras en ejecución y cláusulas contractuales que, según señaló, merecen una revisión pausada porque sus implicaciones serían demandas millonarias aparte de dos a tres años de parálisis de las obras.
José Vásquez, otro de los representantes ciudadanos, también expresó su total desacuerdo con la intención del gobierno. “Nos preocupa que el ministro no se haya reunido con las instancias correspondientes. Se detendría todo un proceso que sí viene trabajando”, aseveró.
Para él, esta decisión es un retroceso porque habría que devolverse a la figura de concesión para terminar los trabajos.
“Vea la ruta 27: siempre hay arreglos que nunca cesan y pasan los años y se siguen cobrando millonadas por encima de las inversiones iniciales. Como ciudadanos, consideramos que esto así no se tiene que dar porque es un retroceso”, concluyó.
Las obras
La decisión del Gobieno para buscar un finiquito ocurre en momentos en que el Fideicomiso Ruta Uno desarrolla una serie de Obras Impostergables (OBIS) como parte de la ampliación de la carretera entre San José y San Ramón.
Dichas obras incluyen la ampliación a más carriles de varios puentes, la construcción de intercambios viales y hasta nuevas casetas de peajes en trabajos valorados en $110 millones, los cuales serán considerados en un futuro como un aporte estatal al proyecto para abaratar el costo de los futuros peajes.
El Fideicomiso Ruta Uno informó, la mañana de este miércoles, que desde el año pasado los usuarios ya aprovechan varias de esas OBIS, como la ampliación a tres carriles por sentido de circulación de los puentes sobre río Ciruelas y río Alajuela y, este año, el nuevo puente sobre río Segundo inició operaciones a cuatro carriles por sentido, como parte del primer lote de
Las obras en el Conector Barreal – Castella también entraron en servicio este año mientras se construían las aceras, las cuales fueron completadas la semana anterior.
En el caso del paso a desnivel cerca de la empresa Firestone, este se encuentra en su etapa final de construcción. El Fideicomiso indicó que, en meses anteriores se puso en operación los ocho carriles sobre la Ruta N. ° 1, mientras el Instituto Costarricense de Electricidad trasladaba redes de servicios públicos instaladas en la Ruta N. ° 129 (bajo el paso a desnivel).
Para el caso del segundo lote de obras (crucen en Monumento al Agua y puente sobre Río Torres), el arranque del proyecto para ampliar a 10 carriles el intercambio entre la carretera de Circunvalación y la autopista General Cañas sigue varado a 16 meses de la orden de inicio, debido a problemas asociados con la disponibilidad de los terrenos necesarios y los diseños.
Respecto al lote 3 de OBIS, un nuevo intercambio vial a la altura de El Coyol de Alajuela, se evalúan tres ofertas para la adjudicación del contrato como parte del concurso realizado por el Fideicomitente (Mopt) para el diseño y construcción de esos trabajos previstos para inicio en próximas semanas.
